Gabriela Muñoz perdió batalla judicial contra Angie Rodríguez: Juez negó tutela por señalamientos sobre su presunta influencia en la Aerocivil

Gabriela Muñoz, creadora de contenido y cercana al Gobierno de Gustavo Petro, recibió una decisión desfavorable en el proceso judicial que promovió contra Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y del Fondo de Adaptación.

La controversia tuvo su origen en las declaraciones que Rodríguez realizó sobre la presunta participación de Muñoz en decisiones administrativas de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), donde la joven estuvo vinculada laboralmente. La accionante consideró que los señalamientos afectaban su reputación y, por esa razón, acudió a la acción de tutela para solicitar la protección de sus derechos fundamentales.

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Sin embargo, el Juzgado 34 Civil del Circuito de Bogotá determinó que no había lugar a conceder el amparo constitucional. En la parte resolutiva del fallo, la autoridad judicial estableció que no se acreditó una vulneración de los derechos invocados por Muñoz.

La acción judicial estuvo relacionada con las denuncias que Angie Rodríguez hizo públicas a finales de julio de 2026, cuando se refirió a presuntas irregularidades e influencias en el funcionamiento de la Aeronáutica Civil. En ese momento, Rodríguez señaló que Gabriela Muñoz habría tenido una incidencia en decisiones relacionadas con nombramientos y movimientos administrativos dentro de la entidad, pese a que su vinculación correspondía a un cargo de nivel asistencial.

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Durante uno de sus pronunciamientos, la entonces directora del Fondo de Adaptación mencionó directamente a la joven y afirmó: “No solamente es Juliana Guerrero, es, por ejemplo, una señora que se llama Gabriela, que ella en su momento manejó a su antojo la Aeronáutica Civil. Y perdónenme, ella se llama Gabriela Muñoz (...) Es el mismo modus operandi”.

Los cuestionamientos también estuvieron relacionados con la vinculación de familiares de la joven a la entidad. Según los registros administrativos conocidos durante la polémica, Gabriela Muñoz fue nombrada como Auxiliar 1 mediante la Resolución 01224 del 30 de mayo de 2025, mientras que su hermano, Santiago David Muñoz Olaya, fue designado como Auxiliar 5 a través de la Resolución 01225, expedida en la misma fecha.

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Las denuncias dieron lugar a pronunciamientos de la Aerocivil y actuaciones de organismos de control. El 31 de julio de 2026, la Procuraduría abrió una indagación previa para establecer si se habían presentado irregularidades en vinculaciones, contratación y posibles actuaciones relacionadas con tráfico de influencias.

En medio de la controversia, Muñoz rechazó las acusaciones y sostuvo que los señalamientos buscaban afectar su vida personal y profesional. A través de un video publicado en sus redes sociales, cuestionó que se pusiera en duda su trayectoria y relacionó las críticas con posibles formas de violencia política y de género.

“No necesito inventarme una historia para existir, no necesito colgarme del apellido de nadie, no necesito destruir a otras personas para tener una voz”, manifestó la joven, quien anunció en su momento que acudiría a instancias judiciales por las presuntas conductas de injuria y calumnia.

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En la providencia, el Juzgado 34 Civil del Circuito de Bogotá explicó que las declaraciones sobre funcionarios y personas vinculadas al sector público podían estar relacionadas con el ejercicio del control ciudadano y el debate sobre la gestión estatal.

Al sustentar su determinación, la autoridad judicial señaló que los servidores públicos estaban sometidos a diferentes mecanismos de control, entre ellos el político, que podía ser ejercido por cualquier ciudadano mediante cuestionamientos y críticas sobre sus actuaciones.

En ese sentido, el despacho indicó: “Para este momento, debe recordar la accionante, que los servidores públicos se encuentran sometidos a controles de diferentes índoles, dentro de los cuales, se encuentra un control politico, el cual, puede ejercer cualquier ciudadano y en ejercicio del mismo, pueden presentarse críticas contra las conductas de dichos. servidores, así judicialmente, se haya llegado a una decisión diferente, pero ello no conlleva ipso facto, la protección de los derechos acá invocados”.

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Posteriormente, el juzgado precisó que, de acuerdo con los elementos examinados, las actuaciones de Angie Rodríguez no habían transgredido los derechos fundamentales cuya protección solicitó Muñoz.

“Conforme lo expuesto en precedencia y por advertirse, que, con el proceder de la persona natural accionada, no han sido transgredidos los derechos al buen nombre, a la honra y a la rectificación en condiciones de equidad invocados por la activante constitucional, la decisión que se emita en esta oportunidad, no será diferente a la de negar el amparo constitucional”, indicó el fallo.

El juzgado ordenó notificar la decisión a las partes y estableció que, si el fallo no es impugnado dentro de los tres días siguientes a su notificación, el expediente debía remitirse a la Corte Constitucional para su eventual revisión.