Quiroz por requerimiento por OGUC. “No cualquier discrepancia en política pública debe ser llevada al TC”.

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El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, expuso en el Enade 2026. Y uno de los temas que abordó fue el reciente requerimiento que hicieron un grupo de parlamentarios de oposición, alcaldes y el gobernador de la Región Metropolitana que presentó un requerimiento de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional con el decreto Supremo número 68 de 2026 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).
“Respaldamos absolutamente la institución del Tribunal Constitucional (TC), entidad llamada a resolver las más altas controversias que de un Estado Derecho, pero no todo puede ser llevado al TC, porque si eso pasa tensionaremos esa institución”, dijo.
El secretario de Estado planteó que “la consecuencia de esta acción es que se retrasará la construcción de proyectos desde noviembre a diciembre. Esa es la consecuencia de esa acción”.

Para ahondar más en su argumentación sacó un papel donde tenía escrito su mensaje y leyó: “Primero que nada respaldamos absolutamente la institución del Tribunal Constitución, entidad llamada a resolver nuestras más altas controversias que conciernen al Estado de Derecho. Pero no cualquier discrepancia de política pública puede ser llevada a esta sede, porque si vamos a empezar llevar cualquier nueva decisión de política pública a la sede del Tribunal Constitucional lo que vamos a hacer es traumatizar nuestra vida pública y tensionar una institución que tiene un rol tremendamente importante que cumplir. El Tribunal Constitucional no es la sede para discusiones de mera legalidad, particularmente, decretos, en este caso que han sido tomados de razón después de un largo periodo de consulta”.
Añadió que “no es ese el lugar para la impugnación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Para eso están los tribunales ordinarios, las Cortes y la Contraloría”.
Asimismo aseveró que “respaldamos al Tribunal Constitucional al ciento por ciento, pensamos que es una excelente institución, respaldamos sus decisiones y las acataremos siempre por supuesto, pero está llamado en nuestro orden jurídico y económico a resolver las más altas controversias concernientes al Estado de Derecho y no a traumatizar la vida social impugnando cada decisión de política pública del gobierno”.
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