La anatomía del fraude electrónico con el que desviaron más de 650 millones de pesos de la nómina del Débora Arango de Envigado en menos de 10 minutos

Durante el proceso del pago de nómina a 58 funcionarios del Tecnológico de Artes se desvió dinero. Plata del BID se vio comprometida.

Sobre las 8 de la mañana del 15 de septiembre, 650 millones de pesos de la nómina del Tecnológico de Artes Débora Arango fueron desviados en cuestión de instantes hasta terminar en cuentas bancarias del Caribe colombiano.

EL TIEMPO conoció los pormenores de este episodio que, actualmente, es abordado como un caso de fraude electrónico, y la ruta de la millonaria suma de dinero desviada de las arcas de la institución. 

Ante el Concejo de Envigado y después de exponer un informe de gestión en el que presentó todos los avances administrativos y de rendimiento de la institución, Juan Carlos Giraldo, rector del Tecnológico de Artes Débora Arango, concluyó su intervención ante la corporación haciendo una grave denuncia pública. 

La institución pública de formación técnica y tecnológica en artes fue víctima de un episodio que primero aparentaba ser el robo de 657.135.558 millones de pesos, pero que aparentemente responde a un caso de fraude cibernético en el que existe una posibilidad de que el dinero sea recuperado. 

En entrevista con EL TIEMPO, el rector de la institución se remitió a los hechos ocurridos 21 días atrás. 

"Sucedió el día 15 de septiembre cuando la tesorera de la institución pone el archivo plano para el pago de la nómina. Entre las 8 y las 9 de la mañana ella alistó y preparó completamente en el archivo toda la información de la nómina; después, el archivo pasó a aprobación, revisión y posterior pago por parte del vicerrector Administrativo y Financiero", relató el rector. 

Mejía continuó con la narración: "Cuando se procedió con el pago, la tesorera vio que muchas personas la llamaron a preguntarle por la nómina. Esto le generó alerta. Como pagó en la mañana, entendía que la dispersión del pago sucedería en la tarde. Sin embargo, no llegaron algunas nóminas y transferencias internas propias del Tecnológico que tampoco se reflejaron". 

En cualquier caso, la tesorera de la institución esperó a que pasaran algunas horas, con el propósito de dar un margen en caso de que se hubiera presentado alguna eventualidad en el sistema bancario.

Sin embargo, llegó la noche y los pagos no se realizaron.

"A las 8:30 p.m. del 15 de septiembre la tesorera me informó de lo que ocurrido, yo alerté al jefe de informática y le pedí que se acercara a la institución para verificar una posible vulneración. Tras las pesquisas, no se detectó ningún tipo de brecha de seguridad", explicó Mejía. 

En la mañana del día siguiente de lo que hasta ese momento era el extravío de una importante suma de dinero, el rector convocó a una reunión urgente con todos los funcionarios involucrados en la cadena del proceso de pago: la jefa de control interno, la tesorera y el vicerrector, además de la asesora jurídica y el jefe de informática. Una vez en cónclave, Mejía les dijo: "Cuéntenme".

El rector se informó a profundidad de lo que había ocurrido. Y una vez tuvo a la mano todos los documentos que le permitieron entender la magnitud de la situación, ordenó que se bajaran los portales de la institución; además, llamó a los gerentes de los bancos BBVA y el Banco de Bogotá, además de una tercera entidad bancaria en la que no se reflejaron pagos correspondientes a unas obligaciones que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo con el Tecnológico de Artes.

Una vez los portales fueron deshabilitados, se dio inicio a una minuciosa investigación interna: "Se descubrió que los recursos se extraviaron. En el archivo plano donde se registran todos los datos con los que se relaciona a los funcionarios para el pago de nómina, se vieron modificados el número de cuenta destino y el número de documentos de 10 funcionarios".

El dirigente de la institución precisó que las cuentas y documentos, que se correspondían a los 10 trabajadores con mayores ingresos, fueron reemplazadas por un mismo dato en ambos rubros, es decir, la cuenta de una sola persona. 

De acuerdo con la información obtenida por medio de la auditoría, se vieron afectados poco más de 45 millones de pesos asociados a las nóminas y 611 millones de pesos en dos transferencias internas asociadas a los pagos del BID. 

Durante la auditoría también se descartó que se hubiera visto afectada la totalidad de la nómina, es decir, los 58 funcionarios que iban a recibir pagos ese día, y se ratificó que los únicos datos modificados fueron los de los 10 devengantes con mayores ingresos.

De haber sido completa la vulneración a la nómina de la institución, la afectación habría superado los 800 millones de pesos, según lo confirmó el rector.

En el proceso interno que se adelantó, también se llegó a una conclusión determinante: la modificación de los valores se registró en la plataforma transaccional de los pagos, a la cual solo las entidades bancarias tienen acceso.

"Los archivos planos no se cambian en el proceso interno sino en el portal transaccional. Nosotros consultamos expertos y nos confirmaron que no tenemos ninguna potestad sobre esa plataforma", precisó Mejía.

De acuerdo con lo revelado por el dirigente, las modificaciones irregulares en la plataforma de pagos se realizaron en cuestión de minutos. Esto se confirmó por la priorización de los mayores saldos para la desviación de los recursos en lugar de una modificación de la información de todos los pagos de nómina. 

En ese sentido, el rector tomó la decisión de ordenar la confiscación y custodia de los computadores desde los cuales se realizaron los pagos para que la única entidad que tuviera acceso a ellos, eventualmente, fuera la Fiscalía General de la Nación. 

Juan Carlos Mejía se dirigió ese 16 de septiembre a la sede de la Fiscalía General de la Nación a presentar la denuncia por el presunto fraude informático del que fue víctima la institución. 

"Nosotros recogimos y le presentamos a la Fiscalía toda la información necesaria. Casi que hice de Fiscal sin serlo, recabando todas las pruebas para enviárselas a ellos", recordó el rector. 

Tras instaurar la denuncia ante la Fiscalía, el rector envió dos derechos de petición dirigidos a las entidades bancarias involucradas: el Banco de Bogotá y el BBVA.

En estas peticiones, la institución les reclamó a los bancos la información relativa al portal de pago.

"Les pedimos que nos informen dónde están los recursos de la institución. Además, en la semana del 21 de septiembre me dirigí a la Contraloría municipal, hice la denuncia verbal y en esa misma semana la dejé por escrito para que actúen como policía judicial para que puedan validar y verificar lo sucedido para efectos de que sirva como parte de la investigación en el momento en que la Fiscalía se haga presente", señaló el directivo.

EL TIEMPO conoció en exclusiva que, tras haber accionado a las entidades bancarias, el Banco de Bogotá llamó al rector del Tecnológico Débora Arango. En esa comunicación, le indicaron que necesitaban mirar los equipos desde los cuales se habían realizado los pagos para extraer una información asociada al caso.

La respuesta del rector fue contundente: "Nosotros nos negamos e indicamos que los equipos solo serán entregados a la Fiscalía. Nos pareció muy extraño porque desde entonces el Banco de Bogotá no se volvió a comunicar", reveló. 

EL TIEMPO también conoció que, como parte de las investigaciones adelantadas por la institución, pudieron rastrear la ubicación de las cuentas que habrían sido las destinatarias finales de los pagos de nómina.

Tras realizar una serie de verificaciones a través del portal de la ADRES, se estableció que los números de cuenta tienen como sede los municipios de Bosconia y Valledupar, en el departamento del Cesar. Además, gracias a la información modificada por los responsables del presunto fraude, la institución tendría plenamente identificados a los beneficiarios de este pago irregular. Toda esta información le fue aportada a la Fiscalía General de la Nación. 

El devenir de este caso está en manos de las autoridades, sin embargo, el rector fue enfático al señalar que ahora a la institución le corresponde seguir en tanto se surten las investigaciones correspondientes.

"Hay que continuar, este 5 de octubre hubo que pagar la nómina docente de más de 500 millones de pesos. Los bancos nos dicen que cuentan con dos meses para darnos respuesta a los derechos de petición. No podemos dar un freno en el camino y parar las obligaciones. Ese fraude involucra recursos propios y del BID. En este caso seguimos con los saldos de caja que recibimos por la prestación del servicio. A las 10 personas que afectaron ya les pagamos la nómina, no podíamos dejarlas 15 días más sin su salario", explicó el rector.

En exclusiva, Juan Carlos Mejía le aseguró a EL TIEMPO que, de acuerdo con la información que ha obtenido hasta ahora, habría una gran posibilidad de recuperar los recursos que fueron objeto de fraude: "De acuerdo con conversaciones previas, parece que hay una gran cantidad de recursos que fueron retenidos y no retirados. Por ahora no se puede afirmar que fue un robo, es un fraude informático".

Finalmente, el dirigente del Tecnológico de Artes Débora Arango señaló: "Le estamos diciendo a los bancos que son responsables de los recursos que tienen en su poder y tienen que responder por ellos. Son una cuenta por cobrar hasta que la Fiscalía o un juez falle que es que el banco tendría que entrar a reconocer como resultado de la investigación".

EL TIEMPO conoció que, en adelante, para continuar con los procesos administrativos y de obligaciones, la institución implementó una nueva dirección IP por recomendación de los expertos de informática; esta no será de uso interno, sino exclusiva para las operaciones relacionadas con las entidades bancarias.

Periodista de Nación, en Medellín. 

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