Hugo Aboites*: Examen de selección UNAM ¿es legal, ético?

s posible afirmar que en el reciente examen que puso a cargo de Territorium Life, la UNAM no respetó su propia normatividad, tampoco respetó un importante acuerdo del Consejo Universitario y, además, ni menciona ni considera los derechos humanos de los estudiantes. Para empezar, en el Reglamento General de Inscripciones (artículo 1) se establece sin ambigüedad alguna que ella es la encargada de escoger a sus propios alumnos: “la Universidad Autónoma de México selecciona a sus estudiantes”. Se trata esta de una función propia de la institución que por su decisiva importancia para su desarrollo y futuro inmediato no puede delegarse, a conveniencia, a una entidad no sólo ajena al ambiente universitario, sino abiertamente empresarial.

Hay, además, un segundo y más importante elemento: la historia. En los años 90, otra rectoría optó por utilizar los servicios de una agencia externa de evaluación (el Ceneval). Hubo protestas, pero no se les hizo caso. Pero al converger este tema con las movilizaciones en contra del aumento de las colegiaturas, se desató una larga huelga (nueve meses) y el rector De la Fuente reconoció entonces que “los planteamientos de peso que hicieron muchos universitarios, … nos obligan a que este asunto se analice y decida en el marco del congreso universitario”. Y poco después dio a conocer que aún antes de ese congreso en el Consejo se acordó que “se suspenderán las relaciones que la UNAM tiene con el Ceneval.” Y lo hacía por ser este último una entidad externa que asumía una tarea esencial de la institución. Y así se lo hizo saber la Secretaría General a esa agencia evaluadora y a la comunidad misma (Oficio SGEN/SP/009/00 del 17 de enero 2000).

El acuerdo de suspensión, por otro lado, estuvo respaldado por más de 100 mil estudiantes, académicos y otros trabajadores. Así, el 12 de mayo de 2000 la rectoría informó a la comunidad universitaria que el “plebiscito organizado el pasado 20 de enero en el cual votaron más de 180 mil universitarios, 160 mil de ellos se manifestaron a favor de la suspensión de relaciones con el Ceneval”, es decir, por dejar de utilizar a una entidad externa, privada –como ahora Territorium Life–, para evaluar a los aspirantes a la UNAM (ver el libro La medida de una nación: páginas 706-711 en el apartado de “Los exámenes del Ceneval y la huelga de la UNAM”. Existe versión digital Editorial Itaca). Lo anterior también significa que para decidir suspender (ni siquiera eliminar) un examen se necesitó una consulta con 180 mil participantes, pero para darle a Territorium Life el permiso para aplicar ese mismo examen basta con que lo autorice alguna persona (¿quién?).

Quien haya sido el responsable, la UNAM exhibe una severa crisis de discrecionalidad institucional. Todo puede ser imposible o posible al mismo tiempo o un poco después. Pero, además, pone en crisis a miles de jóvenes y a sus familias, pues son miles los afectados, cuando ya de por sí tienen en estos exámenes un obstáculo adicional a su esfuerzo escolar de varios años. Y en un examen para 200 mil, la preocupación es de fondo: es indispensable que ni la institución ni el proveedor cometan irregularidades que pongan en riesgo la posibilidad, muy endeble ya de por sí, de tener acceso al derecho a la educación en la UNAM.

Se conjugaron así dos elementos que pocas decisiones universitarias tienen: opiniones y razones reconocidas como de peso desde la comunidad y también desde las propias autoridades. Es muy claro entonces que quien o quienes tomaron la decisión de contratar a Territorium Life no conocen o no dieron importancia a la historia institucional y al sentido fortaleza institucional que tiene el respetar la voluntad clara de decenas de miles. El acceso de aspirantes a una universidad es –ahora más que nunca pues es un bien escaso– un elemento fundacional, y si no se le da la debida importancia puede incluso ser visto como una actividad que puede dejarse en manos de algún contratista que no ofrece más garantía que su promesa de ser muy eficiente, como ocurrió.

En ese contexto, resalta una tercera irregularidad en la que se ha incurrido en este caso: no se valora como importante el daño que toda esta irregularidad trae a las personas y en concreto a las y los aspirantes. Y esto es sobre todo importante porque la Ley General de la Educación Superior (LGES, artículo 68) obliga a las universidades privadas a estar muy atentas a que en el ingreso no se vulneren los derechos humanos de los aspirantes. Pero nada se dice de las públicas, ahí por tanto, es discrecional. Así, las instituciones privadas están obligadas a “fijar las disposiciones de admisión, permanencia y egreso de sus estudiantes, con pleno respeto a los derechos humanos…” (artículo 68), pero en el caso de las públicas, sólo se pide que deben “cumplir los requisitos” y punto (artículo 4). ¿Cuáles? Los que decidan los rectores (y son muy creativos y demandantes en sus exigencias). En ese vacío las autoridades pueden culpar a los estudiantes y no a las irregularidades generadas por ellas mismas. Así, hemos visto que hasta el rector afirma que en el fondo los culpables del desastre son los muy poco éticos jóvenes aspirantes.

Con la insistencia en no hacer evaluaciones integrales, sino exámenes de caricatura (opción múltiple, instrumento que tiene una capacidad muy limitada para identificar como futuro buen estudiante a la mitad de los que aprueba), la defensa de los derechos de los jóvenes se convierte en un tema legal y ético que afecta al sistema educativo completo. Pero ni la SEP, ni la Anuies, ni la CNDH o el Congreso y ni por supuesto la UNAM o la UAM consideran prioritario hacer algo. Y se mantiene el mejor trato a sólo los privados. El resto, que se las arregle y si tiene que copiar pues allá él. Acá todos somos puros.