Crispada sesión especial: Rabat insiste que se apegó a la ley y bancadas se increpan a gritos por rebaja de condenas

A las 15.00 horas, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, hizo ingreso a la Sala de la Cámara de Diputados para la sesión especial a la que fue convocado para dar explicaciones sobre el cambio de criterio aplicado por su cartera para la rebaja de penas de condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

El secretario de Estado llegó blindado por el ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, además de los subsecretarios de Justicia, Luis Silva, y de Derechos Humanos, Pablo Mira. Luego, se sumó el titular del Interior y Segegob, Claudio Alvarado.

La instancia fue solicitada por las bancadas de los partidos de la oposición, como parte de la ofensiva en contra del titular de Justicia. La razón concreta: la firma de 54 decretos que concedían rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores, además de otros dos en causas de DD.HH.

La determinación del Ministerio de Justicia, que utilizó un criterio distinto al de los gobiernos anteriores de Gabriel Boric y Sebastián Piñera, desató una de las mayores crisis del Ejecutivo desde el inicio de la administración el 11 de marzo.

Pese al terremoto político y a las recomendaciones de su entorno, el Presidente José Antonio Kast se aferró a la decisión de mantener a Rabat en el gabinete. Así, el ministro arribó a la sesión especial con el respaldo del Mandatario, quien le exigió reparar el error.

Además, el titular de Justicia se instaló en la testera para recibir las preguntas de los diputados, a sabiendas que aunque respondiera las consultas, una vez culminada la sesión especial de la Cámara las bancadas del PS, la DC, el PPD, el PC, el Partido Liberal y el Frente Amplio anunciarán la acusación constitucional en su contra.

Las primeras bancadas en intervenir fueron del PC y el FA, que exigieron a Rabat explicar: ¿Por qué se modificó el criterio que venía aplicándose? ¿Quién adoptó esas decisiones? ¿Qué antecedentes jurídicos se consideraron? y ¿Cómo se evaluaron sus consecuencias?.

El secretario de Estado pidió rápidamente la palabra y se apoyó en razones jurídicas para justificar la firma de los 56 decretos.

“Compartirá esta honorable incorporación con este abogado que no es posible olvidar, desechar y dejar de cumplir una sentencia de la excelentísima Corte Suprema que me ordena otorgar el beneficio de rebaja de condena”, dijo.

Y luego agregó: “Si eso es incumplir la ley, señores diputados, espero que me expliquen cómo puedo dejar de cumplir una sentencia de la excelentísima Corte Suprema sin infringir el juramento que efectué en este Congreso Pleno el 11 de marzo del año 2026″.

Recriminaciones cruzadas

Después de la primera alocución del titular de Justicia, la sesión especial derivó en duras recriminaciones cruzadas entre las bancadas de oposición y oficialismo.

El diputado Juan Santana (PS) acusó que “este es el gobierno de los delincuentes, el gobierno que avala abusadores sexuales y pedófilos, el gobierno que le da la espalda a los niños con dos abogados de Pinochet en el gabinete, pinochetistas de corazón, negacionistas e inhumanos. No tenemos otra alternativa que acusarlos constitucionalmente”.

El diputado Jaime Araya (PPD), en tanto, acusó que “el gobierno de Kast es el gobierno que liberó a violadores de niños, a pedófilos, abusadores sexuales infantiles, a violadores de derechos humanos y sin obligación legal”.

Desde el oficialismo, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli), cuestionó “¿en qué momento, entre un informe, un recurso judicial y un decreto, alguien se preocupó de las víctimas? En los últimos años se han conocido 332 rebajas de condena, algunos en esta sala quienes discutir cuántas corresponden a cada gobierno, pero otros no vamos a caer en la competencia de quién se equivocó menos, porque aquí falló la institucionalidad”.

Más duro contra sus oponentes políticos fue el diputado Benjamín Moreno (Republicanos), al recriminar que “la izquierda volvió a recuperar la voz”, y acusando que durante el gobierno anterior diputadas del FA reclamaron aprovechamiento político en el caso de Manuel Monsalve.

Mario Olavarría, diputado UDI, sostuvo que la postura de su bancada es “defender a las familias, la niñez y la adolescencia” y propuso una mirada distinta en una sesión -dijo- “tan llena de política y argumentos, de alguna forma, agresivos”.

Luego de las intervenciones, se votaron cinco solicitudes de acuerdos. Una de ellas para enviar un oficio al Presidente Kast pidiendo la renuncia de Rabat, la que fue aprobada por 68 votos a favor, 42 en contra y siete abstenciones.

Ya fuera de la Sala, una crítica que se extendió por parte de la oposición fue la salida anticipada de la sesión del ministro de Justicia y los demás representantes del gobierno, previo a la votación de las solicitudes.

Como se había adelantado previamente, además, inmediatamente después de la instancia de la Cámara, las bancadas progresistas confirmaron el libelo contra Rabat.