Lilly Téllez acusa a la 4T de proteger a “narcopolíticos” y rechaza el encarcelamiento del exfiscal de Chihuahua
Lilly Téllez acusó a Morena de proteger a políticos que, según sostuvo, estarían vinculados con cárteles y de encarcelar al exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, por desmantelar un narcolaboratorio. La declaración ocurrió este 20 de octubre en el Senado, donde señaló que el partido mantiene un supuesto narcopacto.
Téllez sostuvo que un operativo antidrogas no constituye traición a la patria, incluso si se realizó sin autorización formal. Según su explicación, ese delito implica cometer actos contra la independencia, la soberanía o la integridad de México para someter al país a una persona, grupo o gobierno extranjero; el operativo podría representar una violación a la Ley de Seguridad Nacional o a reglas de coordinación con agencias extranjeras.
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La senadora Téllez acusó a Claudia Sheinbaum de proteger a Rubén Rocha Moya, Adán Augusto López y Enrique Inzunza, a quienes llamó “narcopolíticos”. También afirmó que la campaña de Sheinbaum recibió recursos del crimen organizado y que Alfonso Romo, exjefe de su oficina, ayudaba al Cártel de Sinaloa a importar precursores químicos de China para producir fentanilo.
La diputada Kenia López Rabadán, del PAN, presentó este martes 20 de octubre una iniciativa para castigar como traición a la patria a funcionarios y servidores públicos coludidos con el narcotráfico. La propuesta plantea modificar el artículo 123 del Código Penal Federal y deberá discutirse y aprobarse en el Congreso de la Unión antes de convertirse en ley.
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López Rabadán busca añadir una fracción 16 a ese artículo para sancionar a quienes proporcionen protección, información privilegiada o recursos públicos a grupos criminales con el propósito de someter las funciones de gobierno a sus decisiones.
El delito de traición a la patria contempla actualmente penas de cinco a 40 años de prisión. López Rabadán sostuvo que esa figura no debería limitarse a los casos de injerencia extranjera, sino incluir a quienes, desde el servicio público, mantengan vínculos con el crimen organizado.
“Una iniciativa para que se adicione la fracción 16 al artículo 123 del Código Penal Federal y se castigue a los servidores públicos que estén coludidos con el narcotráfico como traidores a la patria”, declaró la diputada ante medios de comunicación.
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López Rabadán cuestionó que integrantes del oficialismo llamen traidores a la patria a legisladores según el sentido de sus votaciones. “Eso es pura retórica, eso es puro discurso, eso es simple y sencillamente politiquería”, afirmó.
Para la panista, los funcionarios que entregan territorio mexicano o la seguridad de las familias a los cárteles por poder o dinero son quienes deben recibir esa denominación. También pidió a Morena, PT y Partido Verde respaldar el proyecto.
La diputada señaló que la responsabilidad debe alcanzar a cualquier persona que cobre recursos del erario y, en vez de cumplir sus obligaciones públicas, esté “coludido con el narcotráfico” o “amafiado con el narco”.
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Sus declaraciones ocurren en medio de los señalamientos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza, ambos militantes de Morena. López Rabadán cuestionó la falta de respuestas sobre esos casos.
También se producen después de la detención de César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, quien estaría acusado de ayudar a que agentes extranjeros operaran en territorio mexicano sin autorización federal.
Un juez de control decretó un receso en la audiencia inicial de César Jáuregui Moreno, exfiscal general de Chihuahua, a quien la FGR señala por presunta traición a la patria por un operativo contra un narcolaboratorio en El Pinal, municipio de Morelos, donde habrían intervenido agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA.
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Dicha diligencia se reanudará a las 21:00 horas de este martes 20 de octubre, a puerta cerrada por el posible conflicto diplomático que podría derivarse de la información expuesta.
La causa federal se desarrolla en los juzgados federales de Almoloya de Juárez, Estado de México, bajo la conducción del juez Ricardo Alfonso Santos Dorantes. La defensa solicitó 24 horas para revisar el expediente de la FGR, integrado por cuatro tomos con constancias y anexos, pero el juzgador autorizó la mitad del plazo.
José Ramón Flores y Arturo Medel Casquera, abogados del exfuncionario, argumentaron que requerían más tiempo para preparar una estrategia de defensa. Flores declaró al salir de los juzgados que, hasta entonces, la representación social no había formulado formalmente la imputación, por lo que desconocían los hechos específicos atribuidos a su cliente.
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El expediente se originó por el desmantelamiento de una red de laboratorios de drogas sintéticas en las comunidades de El Pinal, entre el 17 y el 19 de abril de 2026. La Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua realizó las acciones pese a que, de acuerdo con la acusación federal, los delitos con posibles vínculos con delincuencia organizada corresponden a la jurisdicción de la Federación.
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