Contraloría revisó posible doble pago en contrato de $75 millones del Concejo de Bogotá por limpieza de camionetas
La revisión de un contrato del Concejo de Bogotá abrió una nueva actuación de la Contraloría Distrital, que busca establecer si algunos servicios incluidos en el acuerdo pudieron generar un uso indebido o duplicado de recursos públicos. La entidad puso el foco en el mantenimiento de vehículos y, particularmente, en el rubro destinado a limpieza.
La orden fue impartida por el contralor de Bogotá, Juan Camilo Zuluaga Morillo, a la Dirección de Reacción Inmediata. El organismo deberá evaluar si existen elementos para abrir una indagación preliminar sobre el Contrato de Prestación de Servicios No. 260512 de 2026.
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El acuerdo fue celebrado entre la Secretaría Distrital de Hacienda, con cargo al Fondo Cuenta del Concejo de Bogotá, y V-CARS S.A.S. Se firmó el 22 de abril, tiene una vigencia de nueve meses, hasta el 31 de diciembre de 2026, y contempla un valor de hasta $75.645.000.
El objeto contractual comprende mantenimiento preventivo y correctivo, revisiones técnico-mecánicas y controles de gases contaminantes para los siete vehículos que integran la flota propia de la corporación.
La actuación fiscal surgió después de publicaciones periodísticas del 6 de octubre que llamaron la atención sobre una de las obligaciones del contrato: la limpieza general de vehículos. El documento contempla el lavado de hasta dos veces al mes de camionetas blindadas utilizadas por concejales y asignadas por la Unidad Nacional de Protección (UNP) debido a sus niveles de riesgo extraordinario o extremo.
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La Contraloría busca determinar, en primer lugar, si prestar el servicio de aseo a vehículos que no pertenecen al parque automotor del Concejo se ajusta al objeto contractual y a los estudios previos del proceso. Otro punto será establecer si ese servicio ya está incluido dentro de los convenios correspondientes a los esquemas de seguridad de la UNP. La revisión pretende determinar si podría existir un doble pago con recursos públicos.
El organismo de control también verificará cuánto dinero se ha facturado y desembolsado efectivamente por este concepto y cuál es la actuación de la Dirección Administrativa del Concejo en la supervisión de esos pagos. Desde la corporación distrital se ha insistido en que el contrato tiene un alcance más amplio. La Presidencia del Concejo y la Dirección Administrativa señalaron que su propósito corresponde al mantenimiento integral de la flota oficial y que la limpieza es apenas uno de los servicios contemplados.
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Según esa explicación, dentro del contrato existe una bolsa agotable de hasta $10 millones para labores de limpieza. Durante los primeros cinco meses de ejecución se habrían utilizado cerca de $986.000. La entidad agregó que el servicio es opcional y se presta según las necesidades de los esquemas de protección.
La Dirección de Reacción Inmediata adelantará las verificaciones para establecer si los hechos pudieron representar una afectación o un riesgo patrimonial para las finanzas del Distrito. Por ahora, la actuación corresponde a una revisión preliminar y no establece responsabilidades.
La Contraloría explicó en redes sociales el resultado de una visita a las instalaciones del Concejo, realizada para constatar las condiciones del contrato. En esa publicación señaló:
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“Luego de visitar las instalaciones del Concejo de Bogotá, para constatar el contrato relacionado con el mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos asignados a dicha corporación, por un valor cercano a $75 millones, evidenciamos que existe un rubro de $10 millones destinado a la limpieza general del parque automotor. Cabe resaltar que dicho convenio suscrito no incluye el mantenimiento de las camionetas asignadas a los concejales por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP).”
Con esta revisión, el órgano de control deberá contrastar el contenido del contrato con los servicios efectivamente prestados y los pagos realizados. También tendrá que determinar si las camionetas blindadas de los concejales recibieron servicios que correspondían a otros acuerdos de protección.
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