Cuando el Estado no investiga bien la muerte de niños y adolescentes: los errores detrás del caso Alyson Ibáñez

El martes 4 de mayo de 2021 es un día que Gloria Vargas (44) no olvidará jamás. “Ese día fue eterno, no tenía respuestas de nada, nadie sabía nada”, recuerda Vargas, quien desde temprano había recibido el aviso, por parte de su hermana, que su hija Alyson Ibáñez de 15 años no estaba en su pieza y no aparecía.

Habían buscado por redes sociales, le preguntaron a los amigos de Alyson y nada. Su mamá y su hermana habían ido a la PDI a poner una denuncia. Los nervios abundaban y la preocupación crecía.

En ese proceso, Gloria recibió una pista: “Por ahí un chico me dijo que había sabido que la Aly se iba a encontrar con L.J.F.H. y yo no lo asimilaba porque nosotros no teníamos una relación directa con ellos. Él es hijo de un primo mío. La familia que vive atrás es familia de nosotros, pero en realidad no tenemos relación con ellos”.

Gloria vive con su familia en un pasaje en Recoleta que está en un terreno grande que comparte con otras casas. Por eso cuando le dijeron que su hija podía estar con L.J.F.H. -en ese entonces de 17 años- no le calzaba. No hay buenas relaciones con ellos y por lo tanto se preocupó de inmediato.

“Pasadas las 18.00 horas yo iba en la esquina del pasaje, ya estaba desesperada, iba a ir nuevamente a la PDI y en eso que llego a la esquina del pasaje, me llama mi hijo y me dice: ‘Mamá, devuélvete. Dijeron que la Aly está acá atrás. Está pálida, está fría, tiene sus labios morados’”, dice Gloria.

En ese momento partió el infierno. “Recuerdo que la Aly estaba tendida en el sillón, como que la dejaron ordenada en ese sillón. A simple vista no había nada en la mesa de centro, en los muebles, yo no vi nada. Ella no reaccionaba, yo la movía, con mi yerno la tomamos, él se consiguió un auto, la metimos y la llevamos al Hospital San José”, dice Gloria de forma pausada y con la voz quebrada.

Al hospital Alyson llegó sin oxigenar, sin signos vitales, con un paro cardiorrespiratorio de causa indeterminada y le hicieron reanimación. “Estuvieron unos minutos, no sé cuántos. Y después salió el doctor y me dije: ‘Despídete de tu hija’. Yo entré, me despedí de ella y ya después ya perdí noción del tiempo”, comenta Gloria.

Una investigación mal hecha

Lo que vino después es una cadena de errores por parte de las distintas instituciones del Estado encargadas de investigar los homicidios.

Por los hechos, se abrió una investigación que se radicó en la Fiscalía Centro Norte. Todo el inicio estuvo lleno de problemas. A la familia de Gloria se le acercaron abogados para tomar el caso, pero incluso esos mismos profesionales terminaron estafando a los familiares ya que algunos ni siquiera tenían el título correspondiente.

Así fue como se fue perdiendo tiempo valioso que provocó, que a la larga, la muerte de esta adolescente no pudiera ser dilucida a tiempo y así hacer valer las responsabilidades penales correspondientes.

Tras ser embaucada por abogados que no lo eran, a Gloria se le abrió una pequeña luz de esperanza con la Fundación Amparo y Justicia. “Yo ya estaba incrédula, pero decidí tirarnos a la piscina. No conocía a la fundación, pero apenas les dije que sí mandaron un Uber y me vinieron a buscar. Así empezó todo”, dice Gloria.

Cuando la fundación tomó el caso, el asunto adquirió un giro radical. Esto ya que por primera vez desde ocurridos los hechos, Gloria contó con un equipo multidisciplinario y con recursos para poder indagar realmente lo que había pasado.

Sin embargo, la representación de la fundación recién logró llegar en noviembre de 2023, dos años y medio después de los hechos. Solo en ese momento se pudo presentar una ampliación de la querella por el delito de violación con femicidio, la que fue declarada admisible el 4 de diciembre de 2023.

Con el paso del tiempo el equipo de la fundación ha podido ir identificando todos los errores cometidos por parte del equipo investigativo.

Una situación que no solo ocurre con el caso de Alyson, sino que con el tiempo esta fundación ha podido constatar que se trata de una falencia transversal al Estado. Tanto así que se ha podido identificar una cifra negra de fallecimientos de niños y adolescentes. De hecho, en ese trabajo han detectado que en tres años han muerto 276 niños por causas sin determinar. Una realidad que motivó a la fundación a impulsar una mesa de trabajo interinstitucional y proponer una serie de mejoras.

Las falencias identificadas por la fundación apuntaron a, por ejemplo, un sesgo investigativo. El caso partió con la hipótesis de una intoxicación autoinfligida, es decir suicidio. Este enfoque lo entregó el propio hospital al derivar el cuerpo al Servicio Médico Legal (SML).

Sin embargo, solo tres años después, al ampliar el informe de autopsia, el médico legista advirtió que los hallazgos no correspondían a un cuadro suicida, lo que recién entonces reencauzó la investigación hacia un delito sexual, que fue finalmente el desenlace de la indagatoria.

Desde un inicio la Fiscalía, sin notarlo, trabajó sobre la base de un sitio del suceso alterado. El primer funcionario en concurrir constató que el sitio ya había sido limpiado y ordenado, pese a que la muerte era reciente, y no pudo trabajarlo por no contar con la implementación necesaria. Esto impidió descartar formalmente la participación de terceros.

Junto con eso, los equipos de la fundación explican que la autopsia no logró determinar la data de muerte porque el cuerpo fue manipulado y refrigerado antes del examen. Casi cinco años después, tanto el informe de autopsia como su ampliación mantienen la causa de muerte como indeterminada en estudio.

Todo esto estuvo cruzado por demoras de años en los peritajes clave. La ampliación del informe de autopsia se realizó en mayo de 2024, el informe criminodinámico en febrero de 2025. Recién en diciembre de 2025 la Fiscalía formalizó al adolescente L.J.F.H., pero solo por el delito sexual, no homicidio y todo fue casi cinco años después de los hechos.

La lentitud de un proceso mal llevado llevó a estar ante un escenario de riesgo de prescripción por la demora. La extensión del proceso llevó a la defensa a anunciar que invocaría la prescripción o media prescripción de la acción penal, lo que hizo casi imposible que este caso pudiera llegar a juicio.

Además, al revisar el actuar de los investigadores, se detectaron diligencias cuestionadas. Por ejemplo, la primera declaración del imputado se tomó al día siguiente de los hechos sin lectura de derechos, y la muestra de ADN se obtuvo sin la presencia de un defensor especializado en responsabilidad penal adolescente, aunque con autorización judicial. Eso provocó que a lo largo del caso la defensa cuestionara la legalidad de ambas diligencias.

Y como si fuera poco, la familia tuvo que lidiar con la constante rotación de fiscales ya que el caso ha sido llevado por al menos tres fiscales distintos.

Sin embargo, pese a todos esos obstáculos, luego de un largo proceso en que Gloria tuvo todo en contra, la violación se pudo establecer por evidencia física recogida en la autopsia y los exámenes de laboratorio practicados en 2021.

Clave en todo esto fue que el examen de ADN que vinculó esa evidencia biológica al imputado. Así gracias a peritos externos que buscó la fundación, incluso fuera de Chile, se pudo constatar que la relación sexual de Alyson y el imputado fue sin consentimiento y el joven de entonces 17 años se aprovechó del estado de la víctima al momento de los hechos.

El problema central fue el tiempo. La evidencia se recogió de inmediato en 2021, pero su interpretación a través de expertos se determinó recién entre 2024 y 2025, y la formalización se realizó en diciembre de 2025, cuatro años y siete meses después de los hechos.

“Aquí el sitio del suceso ya estaba limpio cuando llegó la policía, la autopsia no logró establecer ni siquiera la data de la muerte y la primera hipótesis fue que se trataba de algo autoinfligido. Solo tres años después, un nuevo informe solicitado por la fundación reencauzó la investigación hacia un delito sexual. Ese tipo de fallas es justamente lo que buscamos evitar con protocolos estandarizados de primera respuesta e investigación especializada”, cuenta la directora Legal y de Intervención de Fundación Amparo y Justicia, María José Bowen.

La desesperanza

Uno de los puntos más difíciles de procesar para Gloria fue resignarse a que nunca iba a poder llegar a juicio oral. La condición de menor de edad del imputado, la jurisprudencia de la Corte Suprema que jugaba a su favor y el paso del tiempo hicieron que en términos penales fuera imposible lograr un juicio.

Por eso Gloria tuvo que aceptar que todo simplemente terminara de forma distinta. El 31 de marzo, ante una unidad especializada de responsabilidad penal adolescente, la Fiscalía cerró el caso con una suspensión condicional del procedimiento.

El imputado L.J.F.H. -menor de edad al momento de los hechos- quedó con prohibición de acercarse a Gloria, fijar domicilio y ofrecer disculpas públicas. Condiciones que se deben cumplir solo por el plazo de un año.

“Él fue formalizado por violación y para ellos, ¿qué es eso? ¿Es algo menor para no haberle dado una condena? Para mi esto fue como un premio que le dieron al tipo. Esas condiciones que le dieron no son una condena, su certificado de antecedentes quedará limpio. No haber llegado a juicio oral fue frustrante, una decepción del sistema. Me hace pensar que la justicia apoya a este delincuente“, se cuestiona Gloria.

El dolor para Gloria no se agota. Usa casi todos los días una chapita con el rostro de su hija. En su casa montó un memorial en su nombre y dice que seguirá luchando para evitar que otras personas pasen por esto.

“Yo sé que nada me devolverá a mi niña. Este dolor es tremendo y es aún más tremendo pensar que para el sistema este dolor prescribe. Para mí esto termina con un resultado decepcionante, pero de verdad espero, de todo corazón, que esto sirva para reaccionar y que ninguna otra madre, por errores como los que vivimos, tenga que pasar por esto”, concluye Gloria.