SLEP: La flexibilidad también es una condición para mejorar

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La reciente aprobación del proyecto que flexibiliza el traspaso de establecimientos municipales a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), constituye un ajuste necesario en la implementación de la Nueva Educación Pública. Esto, porque la experiencia acumulada demuestra que una reforma de esta magnitud debe considerar las capacidades institucionales y las condiciones efectivas de cada territorio.

Uno de los cuestionamientos a esta modificación es que podría debilitar el proceso de instalación de los SLEP. Sin embargo, este argumento supone que mantener los plazos originales garantiza una mejor implementación, lo que la evidencia real respecto de esta política no permite sostener. Es más, los procesos de instalación ya ejecutados han reflejado que sin las condiciones administrativas, financieras y operacionales adecuadas se generan dificultades que afectaron directamente el funcionamiento de los establecimientos.

También se ha planteado que flexibilizar los requisitos permitiría mantener municipios con resultados educativos insuficientes, pero esta interpretación desconoce que la gestión de un sostenedor depende de múltiples dimensiones. En este sentido, la modificación no elimina las exigencias de desempeño ni las condiciones financieras, sino que permite utilizar criterios pedagógicos alternativos para demostrar una buena gestión escolar.

Asimismo, es importante distinguir entre postergar una transferencia y abandonar una reforma porque la posibilidad de mantener temporalmente la administración municipal no modifica los objetivos de largo plazo de la Nueva Educación Pública. Por el contrario, permite disponer de tiempo adicional para fortalecer equipos, resolver dificultades operacionales y preparar adecuadamente la transición. Aquí lo relevante es que ese período esté acompañado de compromisos verificables y mecanismos de seguimiento.

Existe, además, una cuestión de fondo respecto de la evidencia y es que hasta ahora, no se ha demostrado de manera concluyente que el cambio de sostenedor produzca, por sí mismo, mejoras en los aprendizajes. Esto no significa que los SLEP carezcan de potencial, sino que sus resultados dependen de las capacidades que logren desarrollar y algunas de ellas de diversos factores externos. Por lo tanto, acelerar los traspasos no puede considerarse automáticamente una política de mejoramiento educativo.

En este sentido, la discusión debiera concentrarse en establecer condiciones objetivas para determinar cuándo un sostenedor está preparado para asumir nuevos establecimientos y cuando no lo está. La gestión presupuestaria, la administración de personal, el mantenimiento de infraestructura y el apoyo técnico-pedagógico son dimensiones que requieren evaluación previa antes de traspasar los establecimientos escolares.

Finalmente, la flexibilidad bien regulada, no debilita una reforma sino que permite corregir problemas de implementación antes de que afecten a las comunidades educativas. El desafío es utilizarla con criterios técnicos, transparencia y responsabilidad institucional. Al final del camino, el éxito de la Nueva Educación Pública no dependerá de cuántos establecimientos hayan sido traspasados, sino de si sus nuevos sostenedores logran ofrecer mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje.

Por Mauricio Bravo, vicedecano Facultad de Educación, Universidad del Desarrollo

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