Municipios se preparan para la entrada en vigencia de la exención de contribuciones y aguardan por directrices del SII

El 17 de octubre la megarreforma del gobierno fue publicada en el Diario Oficial, con lo que ya cumplió su último trámite y comenzó formalmente a regir.

Entre otras cosas, la Ley 21.850 para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social estuvo marcada por una tensa discusión por la exención de contribuciones a los adultos mayores, lo que provocó recelo en los alcaldes tanto por el fondo de la medida como por la forma y sus compensaciones. Pero una vez concluida la discusión, ahora los municipios se preparan para la entrada en vigencia de la eximición del pago del impuesto territorial a la vivienda a partir del 1 de enero de 2027. Las diversas comunas ya se encuentran trabajando al respecto.

Una de las primeras aristas que los alcaldes están resolviendo es el análisis del presupuesto y la disponibilidad de recursos para adaptarse a los tiempos de la Tesorería General de la República (TGR), la entidad que compensará el 100% de los $ 69.456 millones que los municipios dejarán de percibir por las contribuciones. El problema es que las comunas desconocen cuándo les llegarán esas platas, dado que estaban acostumbrados a pagos trimestrales. Ahora resta saber si dichos dineros comienzan a llegar de forma anual, lo que ameritaría que los municipios cambien su planificación presupuestaria.

En ese mismo sentido, las municipalidades están a la espera de conocer el monto definitivo de la compensación de cada caso particular.

Desde las municipalidades también se encuentran trabajando en catastros propios para analizar el universo de adultos mayores que se verán beneficiados y, eventualmente, contrastarlo con las cifras que les llegarán desde el Servicio de Impuestos Internos (SII).

El cruce de datos hoy no permite tener a ciencia cierta el total de beneficiados, ya que si bien está disponible la información respecto de quiénes son los adultos mayores dueños de inmuebles, finalmente dependerá de qué inmueble deciden esas personas designar como “primera vivienda”. Lo anterior, en el entendido de que solamente una de ellas estará acogida al beneficio y hay personas con propiedades en comunas diferentes.

Otro foco ha sido comenzar con la campaña de información a los adultos mayores sobre cómo tienen que postular y hacer el llenado de la declaración jurada que se habilitará desde el Ejecutivo. A ellos también se les está recalcando que para acogerse al beneficio deben estar al día con las contribuciones adeudadas, además del pago de los derechos de aseo. En eso los municipios han levantado programas de ayuda social para aquellos adultos mayores que tienen problemas en ponerse al día.

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN), dice que en su comuna quieren que sus adultos mayores “puedan acceder a este beneficio y, para eso, es importante que el Servicio de Impuestos Internos entregue pronto las instrucciones para su implementación. Con esa información podremos orientar a nuestros vecinos, ayudarlos a realizar el trámite y explicarles de manera sencilla los requisitos que deben cumplir, como estar al día en el pago de contribuciones y derechos de aseo”.

En esa línea añade que “también es muy importante para los municipios saber pronto cómo y cuándo el Estado compensará los recursos que dejaremos de recibir por esta exención. No es un tema menor, porque tenemos que planificar nuestros presupuestos y asegurar que los servicios que entregamos diariamente a nuestros vecinos sigan funcionando con normalidad”.

Mientras, el asesor técnico de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), Demetrio Benito, señala que las municipalidades además están en alerta por algunas características de la ley que no gustaron a los municipios.

“El problema es que la compensación quedó amarrada a la Ley de Presupuestos de cada año y no a una regla permanente. Si bien el reavalúo 2027 compensaría por sí solo gran parte, según las estimaciones de la Comisión de Contribuciones de AMUCH, no es una regla clara”, añade, en referencia a los riesgos que alertaron los alcaldes de que en la discusión año a año se promueva alterar los montos de la compensación.

Además, menciona el fallo del Tribunal Constitucional que si bien visó la ley, ya no obliga a los municipios a ciertas exigencias como acelerar permisos de inversiones o más transparencia, a cambio de la compensación. “Hay que observar que el Tribunal Constitucional eliminó los requisitos que condicionaban la compensación municipal de ingresos propios por la exención de contribuciones a mayores de 65 años; informar remuneraciones y reducir en un 30% los plazos de trámites. Con todo, creemos que el fallo no impide exigir eficiencia. La mayoría del TC aceptó imponer a las alcaldías obligaciones de información, plazos y responsabilidades”, cierra.