Fiscalía imputó al hermano de Daniel Quintero por presunta corrupción en contratos de $17.600 millones: estos son los cargos

La Fiscalía General de la Nación imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, como presunto articulador de una red de corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Durante la misma diligencia judicial, que se realizó el 10 de septiembre de 2026, fueron procesados Álvaro Alonso Villada, exsubdirector de la entidad, junto a los contratistas Vanessa Álvarez Restrepo y Sebastián de Dios Ortega.

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En la audiencia, el organismo de control expuso el expediente que relaciona al abogado de 49 años con el direccionamiento irregular de seis convenios públicos entre 2020 y 2021.

De acuerdo con la acusación, los contratos tenían un valor superior a los $17.656 millones y estaban destinados formalmente a la compra de insumos de bioseguridad a través del Cuerpo de Bomberos de Itagüí.

La fiscal delegada para el caso detalló el mecanismo utilizado por la organización para exigir porcentajes del valor total de cada proceso de contratación antes de su adjudicación oficial.

“Existía un acuerdo destinado para obtener una contraprestación económica ilícita del 15% del valor total de los contratos, como requisito para que fuesen adjudicados al Cuerpo de Bomberos de Itagüí. Utilizaron la estructura administrativa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá para lograr este resultado”, sostuvo la fiscal durante la imputación de cargos.

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Según los elementos de prueba recolectados por los investigadores, Miguel Quintero Calle se habría reunido con Misael Cadavid, representante legal de la institución bomberil y hoy testigo principal de la Fiscalía, para acordar los cobros ilícitos.

La representante del Ministerio Público enfatizó que el procesado actuó sin tener vínculo formal ni competencia legal en la administración de los recursos del Estado: “Habría plantado la idea criminal en los altos funcionarios públicos y otros ya imputados, con el propósito de favorecer determinados contratistas y obtener una ganancia económica”.

Respecto al papel ejercido por los demás vinculados, la Fiscalía indicó que Álvaro Alonso Villada asumió la Subdirección de Gestión Administrativa y Financiera tras una recomendación directa de Quintero al entonces director del Área Metropolitana, Juan David Palacio.

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Una vez instalado en el cargo, el exfuncionario coordinó los movimientos de personal y la firma de los documentos contractuales requeridos.

“Orientó el esquema delictivo promovido por el señor Quintero Calle. Coordinó las decisiones para el manejo de la planta de personal de la entidad”, precisó la fiscal al explicar la distribución de funciones dentro del grupo investigado.

Entre los elementos probatorios destacados por la Fiscalía figuran conversaciones de WhatsApp registradas en 2025. En estos mensajes se observa a Miguel Andrés Quintero enviando hojas de vida para exigir la vinculación de personas cercanas en la entidad ambiental, entre ellas dos exsubsecretarias de la capital antioqueña.

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En el desarrollo de la sesión, el Juez 27 Penal Municipal de Garantías de Medellín ordenó interrumpir la transmisión pública de la audiencia virtual a petición de la defensa de Quintero Calle, bajo el argumento de la reserva del nombre e imagen del procesado; debido a esta determinación, la lectura correspondiente a los hechos del delito de peculado por apropiación se realizó a puerta cerrada.

Ninguno de los imputados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación y el proceso continuará en las instancias correspondientes para definir las solicitudes de medida de aseguramiento y el inicio del juicio penal.

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El caso contra Miguel Quintero comenzó con denuncias de concejales de oposición y de la veeduría Todos por Medellín. Entre 2020 y 2021, estos actores cuestionaron la presunta influencia del hermano del entonces alcalde en la contratación y en la designación de funcionarios durante la administración municipal.

Las alertas también fueron alimentadas por investigaciones periodísticas que revisaron contratos y registros del Secop. Esos trabajos señalaron posibles vínculos entre contratistas, funcionarios y personas cercanas al entorno de Miguel Quintero.

Con la acumulación de denuncias y documentación por parte del diario El Colombiano, el caso llegó a organismos de control como la Procuraduría y la Contraloría. Las autoridades comenzaron a revisar posibles irregularidades relacionadas con contratación pública y presunto tráfico de influencias.

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Según las investigaciones, su papel no habría consistido en firmar directamente los contratos, sino en intervenir presuntamente en la escogencia de personas y empresas que posteriormente recibían negocios con entidades públicas.