Magdalena Gómez: Claroscuros de una consulta y su desenlace impredecible

stá en curso una consulta sobre la propuesta de Ley General de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas elaborada bajo la coordinación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), sin la participación directa de los sujetos a quienes en teoría está dirigida. En su lugar, se convocó a un comité técnico asesor, así como al Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (creado desde ese espacio de gobierno y no reconocido por los pueblos involucrados) así como, de manera destacada, la Secretaría de Gobernación. La convocatoria a ese proceso, el pasado 29 de junio, fue avalada por la Presidenta de la República, quien integró a su consejera jurídica para acompañar al INPI . La propuesta que reglamentaría la reforma constitucional de septiembre de 2024 al artículo 2º, llega en falta, pues en un transitorio de la misma se señalaron 180 días para su reglamentación, cuestión que ha sido señalada de parte indígena pues en contraste la consulta actual dispone de tres meses y medio para participar y reaccionar a un proyecto de 453 artículos y 11 transitorios.

Como ya señalé , se definieron diversas etapas, la informativa, para las 16 mil 728 comunidades registradas en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (Canapia), para pasar a la deliberativa, donde las comunidades acordarán las opiniones y propuestas que llevarán a 82 foros regionales para proseguir con la etapa de implementación y seguimiento, donde desde el INPI se conjuntarán las opiniones y recomendaciones, para que la iniciativa sea presentada al Congreso de la Unión el 12 de octubre próximo ( La Jornada, 4/8/26). Podemos observar dos vertientes de reacción, las de un bloque de comunidades, académicos y organizaciones sociales que han analizado la propuesta y difundido valoraciones críticas, algunas han decidido presentar propuestas de modificación en los foros regionales. En contraste con el INPI, que proporciona datos sobre el número de asistentes a las asambleas, sus invitados, que a mano alzada le avalan además de otras irregularidades, por ejemplo con la representatividad de los sujetos de la consulta donde a invitación del INPI acudieron presidentes de comisariados ejidales, agentes rurales, jueces de paz y conciliación indígena. De parte crítica encontramos el monitoreo de la plataforma “Indígenas 3D” que ha documentado el rechazo de 184 mil personas –disidencia de al menos 112 comunidades– que se oponen a esa reforma por considerarla regresiva y limitativa. Además, el suplemento Ojarasca ha ofrecido un recuento de comunidades y organizaciones que rechazan el documento de propuesta. El cuestionamiento de fondo es que el proyecto restringe el ejercicio real de la libre determinación de los pueblos indígenas al trasladar al INPI decisiones que deberían corresponder a las comunidades. El amplio documento aborda 30 temas y destaca la ausencia del derecho al territorio y el intento de validar la propiedad comunal tradicional que no está reconocida en la legislación agraria.

La llamada consulta no debería reducirse a levantar actas, registrar asistentes o contabilizar votos. Su legitimidad depende de que las comunidades tengan condiciones reales para conocer las propuestas, analizarlas colectivamente, plantear modificaciones y expresar sus acuerdos o desacuerdos.

Las asambleas regionales de consulta están por concluir, lejos está el objetivo que señala la OIT de que las consultas sean para llegar a acuerdos u obtener el consentimiento, para el INPI será para recoger propuestas y sugerencias que aun no da a conocer.

El desenlace esperado por el INPI y sus incondicionales, algunos indígenas hay que aceptarlo, es la aprobación inmediata en el Congreso de la iniciativa que será presidencial y aún no sabemos cual será la cámara de origen. Sin embargo , aún hay imponderables como la agenda que desde ahí se sigue enviando en el contexto del ya declarado inicio del periodo electoral. Cómo se moverán las alianzas y sus acomodos no parece un escenario resuelto y cómo moverá sus prioridades la oposición. Todo ello sin descartar, nunca hay que perder la esperanza, que un análisis jurídico riguroso en comisiones podría identificar contradicciones con legislación vigente en materias incluidas como el caso del patrimonio para citar un ejemplo, o el propio convenio 169 de la OIT que la reforma constitucional de 2011 lo colocó en paralelo con la Constitución.

También debemos aceptar que el racismo sistémico, cuya eliminación señala la iniciativa para las comunidades afromexicanas, también sigue presente para los pueblos indígenas, en la sociedad de todos los signos políticos y partidos, sin excepción, por más que se destaque el compromiso en la retórica presidencial. Así que el desenlace también podría reconocer algo de razón a quienes con seriedad han analizado y cuestionado el proceso de consulta y los contenidos expresados en la aún propuesta de iniciativa referida.