A los iliberales de todos los partidos

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El séptimo aniversario del estallido de octubre de 2019 ha vuelto a suscitar, como en años anteriores, diversos análisis. Si sumamos el proceso constitucional de 2021-2022, una de sus principales consecuencias políticas, la discusión adquiere un interés adicional. La novedad de este año es el surgimiento de una suerte de revisionismo tanto respecto al estallido como a la propuesta constitucional sometida a plebiscito el 4 de septiembre de 2022. Esta lectura reivindica la tesis del malestar de la población con el sistema político y económico y presenta aquella propuesta como una respuesta adecuada a dicho descontento. Además, a propósito de la reforma constitucional impulsada por el actual gobierno —hoy descartada y ampliamente cuestionada por su carácter contrario a la democracia liberal—, algunos han sostenido que la propuesta de 2022, a diferencia de esta, no habría sido iliberal, sino compatible con los principios de la democracia liberal.

¿Es cierto lo anterior? Depende de lo que entendamos por “iliberal”. En su sentido más estricto, asociado a la noción de “democracia iliberal” de Fareed Zakaria, el término alude a gobiernos que llegan al poder mediante elecciones democráticas, pero luego socavan las instituciones, los contrapesos y las libertades propias de una democracia liberal. En ese sentido, la categoría no resulta directamente aplicable a la Convención Constitucional. Sin embargo, en un sentido ideológico más amplio, el iliberalismo puede también vincularse con lo que la filosofía política ha denominado “antiliberalismo”: el cuestionamiento de principios fundamentales del liberalismo, entre ellos la ciudadanía igualitaria, entendida como una condición común a todas las personas, con independencia de su pertenencia a grupos particulares.

Aclarado lo anterior, la propuesta de 2022 puede entenderse como contraria a la democracia liberal no por reconocer la diversidad cultural, sino porque algunas de sus disposiciones tensionaban el principio de ciudadanía igualitaria. Por ejemplo, entre otras disposiciones, el reconocimiento de una justicia indígena especial y de formas diferenciadas de representación política no lograba conciliar la diversidad de grupos e identidades con un marco común de derechos y garantías. Desde la perspectiva liberal, la pluralidad debe expresarse dentro de un orden institucional que reconozca a las personas como ciudadanos libres e iguales, sin derivar sus derechos de la pertenencia a una identidad colectiva.

El problema de la propuesta de 2022 —y lo que la hace iliberal en un sentido más amplio— es que una concepción orgánica y diferenciada de la ciudadanía restringe la democracia liberal como horizonte normativo abierto: un marco institucional que garantiza las condiciones para que ciudadanos libres e iguales puedan deliberar, procesar sus desacuerdos y decidir entre distintos proyectos políticos y formas de vida, sin que las posibilidades de la vida colectiva ni las formas de representación política queden predeterminadas por una concepción sustantiva previamente establecida.

Por Valentina Verbal, Horizontal

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