Lideresa comunal fue asesinada a balazos en Cauca por hombres que invadieron su casa: Pacto Histórico pide justicia
La noche del lunes 12 de octubre, Luz Deisy Peñafiel fue asesinada a tiros en el municipio de Santa Rosa, Cauca. La víctima era una lideresa comunal de la vereda Verdeyaco y se había desempeñado hasta hace pocos meses como presidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC) de esa zona rural.
Según la información divulgada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), dos hombres que se desplazaban en motocicleta llegaron hasta la residencia de Peñafiel hacia las 8:30 p. m. Allí le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte.
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Las autoridades no han informado públicamente sobre capturas ni sobre una hipótesis definitiva acerca de los responsables. La investigación busca establecer las circunstancias del homicidio, identificar a los atacantes y determinar si el hecho tuvo relación con el trabajo comunitario que desarrollaba la lideresa en Verdeyaco, una vereda del municipio de Santa Rosa.
Peñafiel participó en procesos organizativos de su comunidad y encabezó la JAC, por lo que Indepaz registró el caso dentro de los asesinatos de defensores de derechos humanos ocurridos durante 2026.
El expresidente Gustavo Petro se pronunció en X tras el asesinato de Luz Deisy Peñafiel y expresó su solidaridad con la familia de la lideresa. En su publicación, pidió que las tres hijas de la víctima reciban acompañamiento institucional y solicitó a Astrid Cáceres, exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), hacer seguimiento a esa atención.
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El líder de izquierda también se dirigió a la Corte Penal Internacional (CPI) y afirmó que había presentado una denuncia ante ese tribunal por una presunta persecución contra integrantes del progresismo colombiano. Petro pidió a abogados y organizaciones de derechos humanos remitir listados de personas asesinadas que, según sostuvo, pertenecían al Pacto Histórico.
“Acuso a Abelardo por ser el actual responsable de la campaña de asesinatos sistemáticos de militantes del Pacto Histórico que debe ser respondida con la organización y movilización inmediata del electorado progresista de Colombia y por la justicia nacional, hoy postrada, y por la justicia humana internacional”, expresó en sus redes sociales.
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Por su parte, el congresista caucano Jorge Bastidas, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, afirmó en sus redes sociales que Peñafiel había liderado en su territorio actividades políticas durante la campaña electoral: “Fue asesinada cruelmente, deja tres niñas”, escribió el legislador, que expresó solidaridad con la familia de la víctima y con la comunidad.
El representante pidió a la Fiscalía General de la Nación destinar recursos para llevar a los responsables ante la justicia. Además, solicitó a la Policía Nacional y al Ejército fortalecer las acciones de protección para las comunidades del departamento, en particular en zonas rurales afectadas por la presencia de estructuras armadas.
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Del mismo modo mencionó a su esposo, Hernando Insuasty, al enviar un mensaje de acompañamiento a sus familiares. Hasta el momento, no se han divulgado detalles sobre amenazas previas contra Peñafiel ni sobre denuncias que hubiera presentado ante las autoridades.
La Fiscalía y los organismos de seguridad tendrán que definir los móviles del crimen y establecer si el asesinato estuvo vinculado con su trayectoria al frente de la Junta de Acción Comunal o con otros hechos que hagan parte del contexto de violencia en Santa Rosa.
Con el homicidio de Peñafiel, 125 líderes, lideresas sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia durante 2026, de acuerdo con el conteo difundido por la entidad que incluyó el caso en sus alertas sobre la violencia contra personas que ejercen labores de representación comunitaria y defensa de derechos en distintas regiones del país.
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La organización señaló que la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 019 de 2023, dirigida a advertir los riesgos que enfrentan quienes lideran procesos sociales o defienden derechos humanos de forma individual y colectiva. El documento advierte sobre la imposición de reglas y mecanismos de control por parte de grupos armados, factores que pueden derivar en vulneraciones contra la población civil.
En el área donde ocurrió el asesinato, Indepaz indicó que hay presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de bandas de carácter local.
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