Miguel Quintero Calle irá a prisión domiciliaria por presuntas irregularidades en contratos del Área Metropolitana por más de $17.000 millones
El juez 27 penal municipal con función de control de garantías de Medellín impuso medida de aseguramiento de detención domiciliaria a Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, dentro del proceso por las presuntas irregularidades en seis contratos suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí durante la pandemia por covid-19.
La decisión se apartó de la solicitud presentada por la Fiscalía, la Procuraduría y el abogado del Área Metropolitana, en calidad de víctima, quienes habían pedido que Quintero Calle fuera enviado a un establecimiento carcelario. En la misma diligencia, el juez decidió no imponer una medida privativa de la libertad a Sebastián de Dios Ortega Urán, quien también fue imputado dentro de la investigación.
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El despacho judicial, además, rechazó la solicitud presentada por el abogado Santiago Trespalacios para que las pruebas aportadas por la Fiscalía fueran declaradas ilegales y, por esa vía, excluidas del proceso.
Aunque Miguel Quintero Calle se declaró inocente durante la imputación de cargos, el juez señaló que existe una inferencia razonable de responsabilidad frente a los hechos investigados.
Según la Fiscalía, Miguel Quintero Calle habría promovido desde 2019 la conformación de una estructura al interior del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. De acuerdo con la investigación, en ese momento habría recomendado a Juan David Palacio Cardona para ocupar el cargo de director de la entidad.
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Palacio Cardona también es señalado dentro del mismo proceso judicial. La Fiscalía sostiene que, posteriormente, Quintero Calle habría intervenido en la definición de los funcionarios que permanecían o salían de sus cargos con el propósito de facilitar la celebración de los contratos investigados.
El ente acusador sostiene que los seis contratos fueron suscritos con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí y que tuvieron un valor conjunto de $17.657 millones. La hipótesis de la Fiscalía apunta a que parte de esos recursos habría sido desviada mediante un esquema en el que Quintero Calle presuntamente habría recibido el 15%.
De acuerdo con las cifras expuestas por el ente investigador, ese porcentaje correspondería a $2.481 millones, de los cuales $1.654 millones habrían sido destinados a su propio beneficio y $827 millones a favor de terceros.
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La Fiscalía también señaló que Quintero Calle habría participado en un acuerdo económico que, según el expediente, “se concretó en junio del año 2020 en las mismas instalaciones del Área Metropolitana del Valle Aburrá en la ciudad de Medellín, entre (Álvaro) Villada, Vanessa Álvarez y Misael Cadavid”.
El exsubdirector administrativo y financiero del Área y la exasesora jurídica también son investigados por estos hechos, mientras que Cadavid suscribió un principio de oportunidad con la Fiscalía y pasó a colaborar con la investigación como testigo.
Durante la misma audiencia, el juez 27 penal municipal con función de control de garantías resolvió la situación jurídica de Sebastián de Dios Ortega Urán, quien había sido imputado por peculado por apropiación en favor de terceros agravado.
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Ortega Urán es señalado por la Fiscalía de haber participado en el entramado relacionado con los contratos del Área Metropolitana y los Bomberos de Itagüí. Sin embargo, el procesado rechazó los señalamientos formulados en su contra. El juez determinó que Ortega Urán quedara sin una medida privativa de la libertad, por lo que no deberá permanecer recluido mientras avanza el proceso judicial.
La decisión adoptada frente a Miguel Quintero Calle no pone fin al proceso. La Fiscalía y la abogada del Área Metropolitana anunciaron que apelarán la determinación del juez, por lo que la medida impuesta al hermano del exalcalde será revisada por una instancia superior.
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Mientras se resuelve la apelación anunciada por la Fiscalía y el Área Metropolitana, Miguel Quintero Calle deberá cumplir la medida de detención domiciliaria impuesta por el juez 27 penal municipal de Medellín. El proceso continuará mientras las autoridades judiciales determinan las responsabilidades individuales de los involucrados en los hechos investigados.
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