No necesitamos jueces infalibles, sino independientes y probos

La Corte Suprema de Justicia de la Nación acaba de propinar una de las descalificaciones más severas que puede recibir un tribunal de segunda instancia. Al revocar un fallo de la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que favorecía a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), no se limitó a señalar errores de interpretación ni a expresar una discrepancia jurídica. Afirmó que la sentencia padecía defectos de fundamentación de tal gravedad que correspondía descalificarla como acto jurisdiccional válido.
En otras palabras, lo que tres camaristas habían presentado como una sentencia judicial no reunía siquiera las condiciones necesarias para ser considerada jurídicamente como tal.
Es difícil imaginar un reproche más contundente a quienes tienen la responsabilidad de administrar justicia. No se trataba de jueces principiantes ni de una cuestión que exigiera resolver un intrincado problema jurídico sin precedentes. Se trataba de magistrados de un tribunal de apelaciones, cuya función consiste precisamente en corregir los errores de otros jueces.
La cuestión sometida a su decisión era determinar si la AFA podía sustraerse a la fiscalización de la Inspección General de Justicia mediante un cambio de domicilio a la provincia de Buenos Aires, sin completar previamente los trámites exigidos por la normativa vigente. En los hechos, había que establecer si era lícito que la AFA abandonara su sede tradicional de la calle Viamonte para mudarse a un baldío en Pilar y eludir así el control sobre sus cuentas.
La independencia judicial no consiste solamente en resistir las presiones del poder político. También exige mantenerse a distancia de los intereses económicos, las relaciones personales y los favores de quienes pueden terminar sometidos a la decisión de los tribunales
La respuesta surgía de las propias disposiciones registrales, de precedentes de la Corte Suprema y hasta de la resolución del organismo provincial que había aceptado la inscripción. Sin embargo, la Cámara prescindió de elementos decisivos y construyó una fundamentación que el máximo tribunal consideró jurídicamente inadmisible. No fue una simple diferencia de criterios. Fue el fracaso de una función judicial elemental. Y cuando una decisión semejante beneficia a una institución cuyos dirigentes enfrentan investigaciones por presuntas irregularidades, la gravedad institucional se multiplica.
El fallo de la Cámara no resolvía esas investigaciones. Pero tenía una consecuencia de enorme importancia, ya que dificultaba la actuación del organismo encargado de fiscalizar a la AFA. En ese contexto, la sentencia no podía dejar de despertar sospechas. Y esas sospechas se agravan ante las denuncias públicas sobre viajes, entradas a espectáculos deportivos y otros privilegios que habrían sido otorgados a personas vinculadas con distintos ámbitos de poder.
No sabemos si alguno de esos beneficios alcanzó a quienes intervinieron en este expediente. Sería irresponsable afirmarlo sin pruebas. Pero sería igualmente irresponsable ignorar que semejantes denuncias exigen investigaciones serias y transparentes.
La independencia judicial no consiste solamente en resistir las presiones del poder político. También exige mantenerse a distancia de los intereses económicos, las relaciones personales y los favores de quienes pueden terminar sometidos a la decisión de los tribunales.
La Justicia no puede limitarse a corregir sus errores y luego lavarse las manos
La Corte Suprema ha cumplido su función al corregir una sentencia arbitraria. Pero no debería ser necesario llegar hasta el máximo tribunal del país para que se respeten reglas elementales del funcionamiento de los registros públicos y de la fiscalización societaria.
Cada recurso extraordinario que debe prosperar por errores judiciales tan graves representa años de litigio, gastos innecesarios y un deterioro adicional de la confianza pública.
La cuestión tampoco termina con la revocación. La Corte ordenó dictar un nuevo pronunciamiento. Corresponde ahora que las autoridades competentes puedan ejercer efectivamente sus funciones de control y que las investigaciones sobre la administración de los fondos de la AFA avancen sin interferencias indebidas.
También sería saludable que los mecanismos institucionales de evaluación de la conducta judicial examinaran las circunstancias de una sentencia que mereció una descalificación tan terminante. La revocación de un fallo no prueba, por sí sola, una falta disciplinaria. Pero tampoco debe convertirse en una excusa para desentenderse de errores que afectan gravemente la credibilidad de la Justicia.
La pregunta ya no es solamente cómo pudo dictarse una sentencia semejante, sino cómo es posible que quienes la dictaron continúen administrando justicia sin que tamaña descalificación provoque, al menos, un examen institucional de su actuación.
La Argentina no necesita jueces infalibles. Necesita jueces independientes, competentes y conscientes de la responsabilidad que implica administrar justicia. Porque cuando los tribunales llamados a controlar la legalidad terminan facilitando que otros eludan sus controles, el problema deja de ser exclusivamente jurídico para convertirse en una cuestión de salud institucional.
La corrupción es devastadora, pero una Justicia que, por incompetencia o complacencia, le despeja el camino resulta todavía más peligrosa.
La Corte Suprema corrigió una sentencia que, por sus gravísimos defectos, ni siquiera merecía ser considerada como tal. Sin embargo, la cuestión no termina allí. Si una decisión judicial facilita que una institución bajo sospecha eluda los controles del Estado, no basta con revocarla. También hay que revisar actuaciones y preguntarse cómo y por qué fue dictada. La Justicia no puede limitarse a corregir sus errores y luego lavarse las manos.
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