EE.UU. prohíbe la entrada a más de 60 personas de Bolivia y Colombia: incluye altos cargos, jueces y representantes

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Las autoridades de Estados Unidos anunciaron este jueves la prohibición de entrada al país de más de 60 personas, entre ellas expolíticos y altos cargos de Colombia y Bolivia, en el marco de la campaña de la Administración Trump contra la corrupción y el narcotráfico en el continente.

El Departamento de Estado estadounidense informó de la restricción de visados a 21 colombianos que “mediante actividades de corrupción o de narcotráfico, socavan los gobiernos elegidos democráticamente en nuestro hemisferio, independientemente de su afiliación política”.

Entre ellas se encuentran el expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña; el senador Wadith Alberto Manzur, cuyos vetos fueron celebrados en redes sociales por el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

También se vieron afectados por la medida la diputada Karen Manrique, quien se encuentra detenida en Colombia por el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD); los exsenadores Julio Chagui y Liliana Esther Bita, y el exdiputado José Ignacio Mesa Betancurt.

Para proteger la estabilidad regional es necesario fomentar la rendición de cuentas de los responsables de actos de corrupción. Al imponer restricciones de visado a dichos individuos, estamos apoyando los esfuerzos que se están llevando a cabo en Bolivia y Colombia para erradicar…

— Juan Pablo Segura (@WHAAsstSecty) October 22, 2026

Con el mismo objetivo, la cartera encabezada por Marco Rubio extendió estas restricciones a otras 40 personas, esta vez en Bolivia, entre las que se encuentran los exfiscales Juan Lanchipa, Félix Balderas y Armando Rojas, así como el magistrado Julio César Porras, quien encabeza la Unidad de Sustancias Controladas en Santa Cruz.

Estos dos últimos funcionarios fueron destituidos del cargo junto a otros 58 funcionarios del Ministerio Público boliviano.

Asimismo fueron vetados el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Quezada, y el juez Julio Alba, a quienes ya se les pidió la renuncia.

El presidente del Tribunal Supremo del país altiplánico, Romer Saucedo, solicitó que ambos den un paso atrás y que se sometan a ”la investigación pertinente, sin gozar de ningún privilegio por su condición de servidores judiciales”, en un mensaje en sus redes sociales.

La lista de afectados la completan los diputados Rafael López y Rolando Pacheco, el comandante de la Policía de Tarija, Freddy Pereira; el director del Servicio General de Identificación Personal, Óscar Ortiz; la exdirectora general de Migración, Katherine Calderón, y el exjefe de Seguridad Aeroportuaria de la Fuerza Especial para Combatir el Narcotráfico (FELCN) en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, Fernando Velasco.