Procuraduría citó a Deicy Jiménez para declarar por presuntos contratos a cambio de favores sexuales: un supervisor también deberá comparecer
La Procuraduría General de la Nación inició las diligencias dentro de la indagación previa relacionada con las denuncias sobre la presunta entrega de contratos estatales a cambio de favores sexuales durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. En el marco de esta actuación, el Ministerio Público citó a Deicy Jiménez para que entregue su declaración sobre los hechos que ha puesto en conocimiento de las autoridades.
Jiménez deberá comparecer el lunes 9 de noviembre, fecha en la que tendrá que ampliar su relato y entregar detalles sobre las circunstancias en las que, según sus señalamientos, se habrían presentado los ofrecimientos de contratación.
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La investigación también contempla la declaración de Tito Lorenzo Lobo, quien fue citado para el martes 10 de noviembre. El funcionario habría estado a cargo de supervisar el contrato que Jiménez tuvo en la Segunda Vicepresidencia del Senado, por lo que la Procuraduría busca conocer su versión sobre esa vinculación contractual.
Las dos citaciones hacen parte de las actuaciones que adelanta la Procuraduría para recopilar información sobre las denuncias relacionadas con posibles irregularidades en la asignación de contratos públicos.
La mujer ha señalado al expresidente Gustavo Petro de estar relacionado con los presuntos ofrecimientos de vinculaciones laborales con el Estado. Sus declaraciones hacen parte de una investigación que también involucra posibles irregularidades en contrataciones del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
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Por su parte, Tito Lorenzo Lobo deberá entregar información sobre el contrato que tuvo Jiménez enel Congreso y las funciones que desempeñó como supervisor. La actuación permitirá que el Ministerio Público recopile las versiones de las personas relacionadas con ese vínculo contractual, dentro de las verificaciones que adelanta sobre los hechos denunciados.
Las citaciones de la Procuraduría se conocen después de que la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenara, el mismo jueves 5 de noviembre, realizar una inspección forense al teléfono celular de Deicy Jiménez.
El dispositivo, que se encuentra en poder de la Fiscalía, contendría información que podría estar relacionada con los señalamientos sobre los presuntos ofrecimientos de contratos a cambio de favores sexuales en el Dapre durante la administración de Gustavo Petro.
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La diligencia busca establecer qué información está almacenada en el teléfono y determinar si existen elementos que tengan relación con los hechos investigados.
Adicionalmente, la Sala Especial de Instrucción ordenó una inspección judicial en la Secretaría General del Senado para recopilar información sobre los contratos que habría tenido la denunciante. De acuerdo con lo señalado por Jiménez a la revista Semana, conoció a Gustavo Petro en 2019, cuando él se desempeñaba como senador, a través de una página para adultos. Según su versión, posteriormente habría obtenido contratos con el Estado a cambio de favores sexuales.
La denunciante también aseguró que los hechos no corresponderían únicamente a su situación y manifestó que existiría una presunta red en la que estarían involucradas entre 30 y 40 mujeres que habrían recibido contratos públicos bajo esas condiciones.
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En medio de estas actuaciones, la declaración que Jiménez debía entregar ante la Fiscalía permanece suspendida. La diligencia fue aplazada luego de que su anterior abogado, Felipe Caballero, renunciara a su representación y manifestara que existían motivos de seguridad para postergar la comparecencia.
La defensa de la mujer quedó posteriormente en manos de la abogada Diana Luz Malo Andrade, quien entregó a las autoridades fotografías y un video de contenido privado con los que busca respaldar la versión de su representada sobre las supuestas reuniones y la manera en que se habría gestionado la contratación.
La nueva apoderada también solicitó medidas especiales de protección para Jiménez, al señalar que habría sido objeto de seguimientos e intimidaciones desde que su anterior abogado se apartó del caso.
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