Crisis por rebaja de penas: Rabat se defiende ante primer embate de la Cámara, pero no contiene desfonde oficialista

Luego de una hora y 40 minutos de tenso debate y constantes abucheos desde las bancadas opositoras, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, abandonó la Sala de la Cámara de Diputados, que fue citada especialmente para analizar la crisis política que generó el otorgamiento de 54 rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores y en dos causas de derechos humanos.

Rabat, quien llegó a esta sesión especial acompañado por los ministros Claudio Alvarado y José García Ruminot y los subsecretarios Luis Silva, Pablo Mira y Constanza Castillo, resolvió retirarse una vez acabada la fase de los discursos y antes de que comenzara la votación de resoluciones, que sirven de corolario de la jornada.

La retirada de los representantes del Ejecutivo, sin embargo, crispó aún más los ánimos entre los diputados.

De hecho, Daniel Manouchehri (PS) se giró y le gritó a Rabat: “¡Cobarde!“.

La comparecencia del ministro en esta sesión especial era clave para medir los ánimos y testear el piso político que tendría la inminente acusación constitucional por eventuales infracciones en el otorgamiento de estas 56 rebajas de penas.

De hecho, tras la sesión, el bloque opositor, en una decisión que ya estaba acordada desde la mañana, anunció la presentación de un libelo, por considerar que los fundamentos entregados por el titular de Justicia no fueron satisfactorios.

Sin embargo, el principal examen de la jornada, la votación de “proyectos de resolución”, no arrojó resultados categóricos en favor de la postura de la oposición, que en teoría requiere de 78 votos para aprobar una acusación (podrían ser menos, dependiendo de la mayoría de los legisladores presentes en sala).

Si bien la principal resolución opositora (presentada por el PS), que pedía la renuncia de Rabat, se aprobó, solo tuvo 68 votos a favor, mientras que 42 diputados (todos del oficialismo) se manifestaron en contra y otros 7 se abstuvieron.

La gran cantidad de ausencias, 38 diputados tanto del oficialismo como de la oposición, que simplemente se restaron de la sesión —a pesar de que algunos de esos legisladores sí estaban en la mañana—, solo acrecentó las dudas respecto del piso real que tendría un libelo o, por el contrario, una defensa efectiva de Rabat.

El resultado tampoco era satisfactorio para el Gobierno, pues un puñado de diputados de derecha no se plegó a la defensa cerrada del ministro. Incluso, a favor de la salida del titular de Justicia (lo que tampoco implica que vayan a aprobar una inminente acusación) se manifestaron los diputados Hotuiti Teao, Natalia Romero y Alejandra Valdebenito (todos miembros de la bancada UDI).

Entre las abstenciones, en tanto, aparecieron sorpresivamente el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, y la jefa de bancada del gremialismo, Flor Weisse, cuyas posturas, en todo caso, están lejos de sumarse a un libelo. Sus votos, sin embargo, eran una señal de que tampoco compartían la estrategia de La Moneda de mantener al secretario de Estado a toda costa.

Las otras resoluciones, promovidas por el oficialismo —que planteaban posturas más neutrales frente al papel del ministro y básicamente pedían acciones para remediar el problema de la rebaja de penas—, se aprobaron con apoyos transversales, incluso con algunos votos en contra de la oposición.

En su defensa, que a juicio de la oposición fue muy jurídica y poco empática con las víctimas, el secretario de Estado reiteró que actuó apegado a la legalidad, dado que en cerca de 40 de los casos que se le reprochan hubo fallos favorables del Poder Judicial que obligaban a conceder la rebaja de penas. “Compartirá esta honorable corporación con este abogado que no es posible olvidar, desechar y dejar de cumplir una sentencia de la excelentísima Corte Suprema que me ordena otorgar el beneficio de rebaja de condena”, dijo.

Y luego agregó: “Si eso es incumplir la ley, señores diputados, espero que me expliquen cómo puedo dejar de cumplir una sentencia de la excelentísima Corte Suprema sin infringir el juramento que efectué en este Congreso Pleno el 11 de marzo del año 2026”.

Almuerzo y sesión

La tensa jornada en el Congreso comenzó con la llegada de Rabat, quien almorzó primero con los senadores del oficialismo, a partir de una invitación que hizo la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN).

A las 14.55, el ministro se retiró del comedor de la Cámara Alta y rápidamente, siempre asediado por las cámaras de TV, se trasladó hasta la otra rama del Parlamento.

A las 14.59, ya estaba sentado en la Sala de la Cámara.

En la ocasión, el secretario de Estado intervino en dos ocasiones.

En la primera, se hizo cargo de las consultas y reproches que hicieron los diputados Marcos Barraza (PC) y Lorena Fries (FA).

“Durante 15 minutos hemos escuchado solamente dos reproches: ¿en qué quedó el informe de Gendarmería y qué hizo para escuchar a las víctimas?“, planteó el secretario.

“Han sido días difíciles para este ministro de Estado”, aseguró Rabat, generando la irritación de la oposición.

“¿Y para las víctimas?”, le gritó la diputada Irací Hassler (PC).

Pese a los constantes abucheos y comentarios a viva voz de legisladores opositores, el ministro prosiguió con su defensa. “La ley reconoce dos grandes etapas, en las cuales intervienen cuatro instituciones distintas: Gendarmería de Chile, la comisión de reducción de condenas, las secretarías regionales ministeriales y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”.

En la primera etapa, continuó Rabat, “se dicta, por única vez, la resolución de calificación de la persona que va a obtener el beneficio de reducción de condena”.

En su argumento, y para enfatizar su relato, Rabat golpeaba de vez en cuando la mesa con su puño. “Es la ley, es la Corte Suprema, que fija en la comisión, el análisis, la ponderación de los antecedentes que permiten calificar el comportamiento de un condenado que accede a este beneficio de sobresaliente o de no sobresaliente”, continuó el ministro.

Y, a renglón seguido, afirmó: “Hacerlo de otra manera, exigirle a un ministro de Estado como el de Justicia que lo califique y que lo pondere, importa infringir los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, porque me estarían exigiendo actuar fuera del ámbito de mis atribuciones”.

Más adelante, el ministro señaló que, una vez que asumió en el cargo, rechazó las primeras solicitudes de rebaja de condena. Como respuesta, complementó Rabat, recibió el reproche de la Corte Suprema por “haber privado de libertad ilegalmente a un ciudadano de este país”.

Cuando le quedaban tres segundos para terminar su intervención, cuyo tiempo estaba cronometrado, los diputados de oposición aprovecharon de gritar, emulando a las populares mediciones de “gallitos”, “¡3, 2, 1, tiempo!“.

Debate

En el tiempo para las bancadas, el diputado Juan Santana (PS) acusó que “este es el gobierno de los delincuentes, el gobierno que avala abusadores sexuales y pedófilos, el gobierno que le da la espalda a los niños, con dos abogados de Pinochet en el gabinete, pinochetistas de corazón, negacionistas e inhumanos. No tenemos otra alternativa que acusarlos constitucionalmente”.

Jaime Araya (indep. PPD), en tanto, acusó que “el gobierno de Kast es el gobierno que liberó a violadores de niños, a pedófilos, abusadores sexuales infantiles, a violadores de derechos humanos y sin obligación legal”.

Desde el oficialismo, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli) cuestionó: “¿En qué momento, entre un informe, un recurso judicial y un decreto, alguien se preocupó de las víctimas? En los últimos años se han conocido 332 rebajas de condena, algunos en esta sala quieren discutir cuántas corresponden a cada gobierno, pero otros no vamos a caer en la competencia de quién se equivocó menos, porque aquí falló la institucionalidad”.

Más duro contra sus oponentes políticos fue el diputado Benjamín Moreno (Republicanos), al recriminar que “la izquierda volvió a recuperar la voz”, y acusar que durante el gobierno anterior diputadas del FA reclamaron aprovechamiento político en el caso de Manuel Monsalve.

Mario Olavarría (UDI) sostuvo que la postura de su bancada es “defender a las familias, la niñez y la adolescencia” y propuso darle una mirada distinta a esta sesión, que a su juicio estuvo “tan llena de política y argumentos, de alguna forma, agresivos”.