Test a Alvarado, el giro de Quiroz y un “fantasma” inconfesado: Así se vivió la primera movilización contra Kast

La madrugada del martes 10 se confirmaron los peores pronósticos para La Moneda. La imagen de cientos de camiones bloqueando las principales carreteras del país por el alza de los combustibles enfrentaba al presidente José Antonio Kast a la primera protesta social en sus ocho meses de mandato.

La duda que recorrió al oficialismo era qué derrotero se seguiría.

En su trayectoria política Kast ha sido categórico en criticar el desorden público y la violencia de las manifestaciones, postura que radicalizó con motivo del estallido del 18-O y que hoy -cuando está en La Moneda- puso una nota de incertidumbre respecto a cuál sería la reacción del gobierno frente a las protestas.

“No volvamos a ese pasado donde se destruyó nuestra nación. No volvamos a permitir que alguien tenga que bajarse de un vehículo y bailar para poder pasar. Eso es inaceptable. Y nadie puede estar sometido a eso”, sostuvo en medio de los cortes de tránsito de los camioneros recordando al estallido social de 2019.

El precedente frente al alza de los combustibles era severo: en marzo, cuando se produjo el incremento de los precios internacionales del petróleo, La Moneda decidió trasladar el impacto a los bolsillos de la ciudadanía y modificar la aplicación del Mepco.

Fue una decisión que marcó a fuego el debut del nuevo gobierno y dio un inesperado protagonismo al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien impulsó esa tesis basada en el criterio fiscal.

Ocho meses después, el escenario es completamente distinto: en su peor momento en las encuestas y con preocupaciones ciudadanas concentradas en la economía -más que en la seguridad como fue al inicio del gobierno- el margen de acción era poco. La molestia del gremio de camioneros hacía sentido en una opinión pública golpeada por el costo de la vida.

La posibilidad de un efecto multiplicador inclinó la balanza para dejar a la cabeza de la solución del conflicto al biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, un político reconocido por su “muñeca negociadora”.

Alvarado -que en marzo perdió el duelo con Quiroz en el “bencinazo”- hoy aparece como el gran ganador de la crisis camionera, toda vez que se impuso en el Ejecutivo la tesis del diálogo frente a la pulsión de no abrir la billetera frente a demandas ciudadanas.

Es -en la práctica- un giro copernicano en La Moneda que celebraron particularmente en Chile Vamos donde se asocia la inclinación por una postura más rígida frente a movilizaciones al ADN republicano.

kast monitoreó directamente las negociaciones, pero fue Alvarado y luego Quiroz -quien se sumó en la recta final tras un llamado del Mandatario- quienes lideraron las tratativas que se dieron bajo el mandato de que debían solucionarse antes de que el Presidente iniciara una gira por Asia el viernes 13.

El biministro -que suma años de negociaciones en distintos tipos de conflicto durante los gobiernos de Piñera- estaba en su ambiente: montó tres mesas paralelas en La Moneda, logrando que los grandes -la Confederación Nacional del Transporte de Carga, que encabeza Sergio Pérez, y la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, a cargo de Juan Araya, no se sumaran a las movilizaciones-, mientras buscaba fórmulas para lograr que la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte, liderada por Cristián Sandoval, y Freddy Martínez, de la Confederación de Dueños de Camiones de la zona Centro-Sur, depusieran su accionar.

El acuerdo con los camioneros obligó a ceder al gobierno toda vez que se contempla una rebaja de $142 por litro de diésel, límites a las alzas de los combustibles hasta marzo de 2027 y mayores beneficios tributarios.

La imagen quedó para los registros de la historia: un abrazo entre el biministro Alvarado y el dirigente más duro del transporte de carga Cristián Sandoval simbolizó el fin del conflicto. Al lado, Quiroz aparece con gesto adusto.

El giro con sabor a derrota de Quiroz

“La cara de Quiroz lo decía todo”, fue el comentario obligado en La Moneda cuando se dio a conocer el acuerdo del gobierno con los gremios de camioneros que supuso un retroceso en el criterio fiscal defendido por el ministro de Hacienda en el denominado “bencinazo”.

El entendimiento fue cifrado por el propio Quiroz en aproximadamente 700 millones de dólares (ver entrevista en Pulso) , considerando este año y el próximo.

La decisión de abrir la billetera fiscal para sofocar el conflicto fue lo que puso al jefe del equipo económico en el lado de los perdedores, pese a que tuvo una activa participación en las negociaciones, las que realizó en medio de la discusión del Presupuesto 2027 que lo mantuvo “cautivo” en el Congreso en el inicio de las tratativas.

En Hacienda reconocen la “derrota” del Quiroz de inicios del gobierno, que golpeó el tablero político y económico del país con el denominado “bencinazo” (26 de marzo), que produjo un fuerte incremento de los combustibles tras la modificación del mecanismo de estabilización de precios (Mepco), bajo el argumento de que el alza internacional del petróleo no podía seguir siendo amortiguada por el Estado.

Como era de esperar, la medida produjo una inmediata caída en la popularidad del gobierno y del Presidente Kast. El escenario se fue agravando a medida que las alzas en los combustibles continuaron.

Ahora -sin embargo-, desde Teatinos 120 sostienen que varios meses en el gobierno no han pasado indemnes para el jefe económico de Kast y que diversos golpes le han hecho tomar nota de que sus decisiones también tienen que incorporar un componente político. Lo importante -refrendan- será la mirada general de su gestión -esperan- a fines del gobierno de Kast.

La oposición hizo lo propio para entorpecer la presencia del titular de Hacienda en el inicio de las tratativas del conflicto al negar la entrada director de Presupuestos (Dipres), José Pablo Gómez, a la sala de la Cámara de Diputados donde se discute el Presupuesto 2027. La decisión implicaba que Quiroz era la única autoridad autorizada para ingresar al hemiciclo.

Desde Valparaíso, Quiroz entregaba antecedentes para certificar que el acuerdo alcanzado tuviera espaldas de recursos públicos.

Cuando los días avanzaban y no se entrampaban las tratativas generando tensión en La Moneda, Kast decidió llamar a su jefe económico para que se apersonara en La Moneda. La tarde del jueves 12, el economista llegó y visó la propuesta final. Antes de que Alvarado sellara el acuerdo, Quiroz cruzó a su despacho en Hacienda para analizar con sus asesores que el compromiso tuviera respaldo fiscal y viabilidad legislativa. Cuando los números cuadraron en sus cálculos, el ministro regresó a La Moneda para dar el visto bueno a la solución.

Fue tan evidente que el ceño adusto de Quiroz en la puesta en escena que selló el acuerdo con los camioneros fue interpretada como su incomodidad ante la vía de solución elegida que la Secretaría de Comunicaciones (Secom) hizo circular una minuta entre los ministros, jefes de partidos y líderes oficialistas en el Parlamento con el objetivo de blindar al ministro.

La bajada comunicacional indicaba que por el orden -y ahorro- fiscal que ha tenido el gobierno en sus primeros ocho meses, es que, ante una situación de emergencia, se puede hacer una concesión.

“No podríamos haber llegado a esta solución si no se hubiese aplicado un plan de ordenamiento fiscal a principios de año, que fue encabezado justamente por el ministro Quiroz”, señala el senador Javier Macaya (UDI).

El fantasma del estallido social

El complejo escenario que enfrenta el gobierno, particularmente por la situación económica genera inquietud en el oficialismo y en el gabinete.

En estos meses en La Moneda, Kast ha descapitalizado buena parte del soporte ciudadano que lo instaló con holgura en La Moneda en marzo de 2026.

El temor inconfesado en las filas de gobierno es que una movilización se desborde y genere un efecto imitador que termine por poner en jaque al gobierno.

En los cuatro días en los que se mantuvo el conflicto en La Moneda comenzaban a monitorear con creciente preocupación la cobertura en TV de las movilizaciones

Fue el propio Presidente Kast quien verbalizó esta preocupación el jueves 12 cuando sin nombrar el “estallido social”, de 2019 aludió a “un pasado donde se destruyó nuestra nación”, asegurando que la actual situación debe enfrentarse “entre todos, no contra algunos”.

En esa línea, Alvarado reivindicó la fórmula del “diálogo” al sellar el acuerdo horas después.

Es la mezcla entre la fragilidad de la actual situación del Ejecutivo con niveles de popularidad a la baja y con un ministro acusado constitucionalmente y la pulsión de Kast por no temer a posiciones duras aún cuando se polaricen los escenarios es que no pocos en el oficialismo respiraron aliviados cuando se impuso el estilo del biministro Claudio Alvarado en el rumbo de las negociaciones.

La atomización del movimiento camionero

Desde hace varios meses, el gobierno estaba en conversaciones con las dos principales confederaciones históricas del transporte de carga del país y sus respectivos líderes. Estas son la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), presidida por Sergio Pérez, y la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), presidida por Juan Araya.

La Moneda parecía tener controlada la molestia -por el alza sostenido de los combustibles- en ambos grupos que, en el papel, aparecían con un sello afín al gobierno.

El error del Ejecutivo fue no advertir la actual atomización del gremio y el paulatino descuelgue de las dos grandes confederaciones, representados principalmente por las organizaciones Fuerza del Norte y Centro-Sur, que cuestionan la representatividad de las entidades históricas y que fueron las que encendieron la mecha de la movilización.

Fue este escenario el que obligó a La Moneda a dividir las negociaciones en tres mesas de conversación que se habilitaron en el gobierno.

La atomización del movimiento de transportistas de carga fue una de las enseñanzas de La Moneda en esta, su primera manifestación callejera. Y una clara señal -reflejada en la política y en el Parlamento- de la situación actual de los movimientos sindicales y sociales, lo cual complejiza enfrentar futuras negociaciones.

Desde la recuperación de la democracia, los gobiernos de la Concertación y los subsiguientes enfrentaron los conflictos sociales -y las respectivas negociaciones- con una sola, a los más dos, contrapartes. Estaba la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el Colegio de Profesores, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscalesl (Anef), entre otras grandes agrupaciones de trabajadores. Hoy hay cientos de organizaciones.

Por de pronto, la coordinadora nacional No+AFP convocó a una marcha en Plaza Italia para el sábado 28 de noviembre, insistiendo en su consigna de -“recuperar los ahorros para pagar pensiones dignas”- a la cual ya se han sumado una veintena de agrupaciones sindicales y sociales. Entre ellas, la Confederación Bancaria, la Anef, los profesionales universitarios de la Salud, los funcionarios de la U. de Chile y la Coordinadora 8M.

Falta de libreto

Los primeros días de la paralización fueron al menos cuatro los ministros que comentaron las protestas de los camioneros en tonos muy disímiles. Mientras el titular de Agricultura, Jaime Campos, señaló que el paro era “deplorable y antipatriótico”, su par de Economía y Mineria, Daniel Mas, hacía un llamado al diálogo.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, en tanto, subrayaba que las manifestaciones no debían afectar el derecho de libre tránsito de la ciudadanía, y el titular de Transportes y Obras Públicas, Louis De Grange, destacaba el permanente diálogo con los transportistas desde el inicio del gobierno.

El desorden del gabinete contrastó con las vocerías en una sola línea de los dirigentes de camiones y otros movimientos como No+Tag que eran reproducidas en matinales y noticieros de televisión.

A principios de la semana, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, fue la figura de gobierno más visible en terreno. Sin embargo, el exalcalde de Puente Alto no tenía respuestas ante muchas dudas relacionadas con atribuciones de otras carteras.

Hay coincidencia en que este fue uno de los factores que dificultaron la contención temprana del conflicto entre el gobierno y los gremios movilizados.