Juez tumba el regreso de Silvia Gette a la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe y le ordena entregar el cargo que recuperó en abril
El fallo se conoce casi al tiempo que la orden de pagarle más de 7.500 millones de pesos y embargar a la institución.
Silvia Gette Ponce había regresado a la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe por orden judicial del 8 de abril Foto: Redes sociales
PERIODISTAActualizado:
Silvia Beatriz Gette Ponce tendrá que dejar de nuevo la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe. El Juzgado Primero Penal de Conocimiento de Barranquilla revocó en segunda instancia la decisión que en abril le había devuelto el cargo, del que estuvo apartada desde 2013, y declaró improcedente su regreso.
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La razón principal es que la universidad que Gette dirigía hace 13 años ya no existe en los mismos términos. Sus estatutos y sus órganos de gobierno cambiaron, y para el juez no es constitucional devolverlos a como estaban entonces.
La decisión llega en uno de los momentos más agitados de la institución. Hace pocas horas se conoció que el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Barranquilla le ordenó a Uniautónoma pagarle a Gette y a sus hijos 7.586 millones de pesos por las diferencias de la pensión de sobreviviente que les reconocieron, y decretó el embargo de sus cuentas hasta por 13.136 millones. Al mismo tiempo, los sindicatos denuncian que a los trabajadores les deben más de dos quincenas de salario.
Lo que dijo el juez
El despacho echó para atrás lo decidido el 8 de abril de 2026 por el Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de garantías. Ese juzgado había suspendido los efectos del acta 827 del 20 de mayo de 2013 del Consejo Directivo, la que puso a Ramsés Vargas Lamadrid en la rectoría, por considerar que estaba viciada de ilegalidad.
Mario Ceballos Jr, Silvia Gette y la abogada Bianith Bohórquez en la rueda de prensa. Foto:Leoherrera EL TIEMPO
Según recogió el portal Zona Cero, el juez de segunda instancia revocó la decisión “mediante la cual se ordenó la suspensión de los efectos producidos en las actas, decisiones proferidas en el acta número 827 del 20 de mayo del 2013 del Consejo Directivo y siguientes por estar viciadas de ilegalidad, dado que el señor Ramsés Vargas Lamadrid no ostentaba las facultades para ser rector de la Universidad Autónoma del Caribe y su nombramiento fue ilegal”.
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Con ello también se cayó el restablecimiento del derecho que había beneficiado a Gette como rectora en propiedad. El juez de abril no solo la había regresado al cargo. También había revivido la sala general, el consejo directivo y los estatutos que regían en mayo de 2013.
El juez reconoció que hay elementos para inferir que Gette fue víctima cuando la sacaron del cargo. Pero sostuvo que eso no le permite pasar por encima de la autonomía universitaria, que el Estado reconoce, ni de las reformas estatutarias que la institución aprobó en ejercicio de esa autonomía. A su juicio, la decisión de primera instancia fue desproporcionada al ignorar esos cambios.
El origen: una licencia y un rector cuestionado
La historia se remonta a 2013. Gette era la rectora en propiedad y había pedido una licencia de seis meses para atender los procesos judiciales que enfrentaba en ese momento. Según la Fiscalía, los estatutos indicaban que en su ausencia debía asumir el vicerrector, Mariano Romero Ochoa. No fue así. El Consejo Directivo se reunió y eligió a Ramsés Vargas Lamadrid, hijo de Eduardo Vargas Osorio, miembro de la junta directiva de la universidad.
Silvia Gette y Ramsés Vargas Foto:Archivo ET
Para el ente acusador, Vargas Lamadrid no era suplente ni cumplía los requisitos estatutarios para ser rector. Aun así, estuvo en el cargo hasta marzo de 2018, cuando salió en medio de investigaciones por presuntos malos manejos de los recursos de la institución.
En noviembre de 2025, la Fiscalía 32 de Patrimonio Económico imputó fraude procesal y falsedad en documento privado a quienes integraban el Consejo Directivo en 2013 por esa elección.
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En la audiencia, ante el Juzgado 16 Penal con función de control de garantías, Mariano Romero Ochoa, Paul García Visbal y Arturo González Peña no aceptaron los cargos. Vargas Lamadrid no se presentó y fue declarado en contumacia. En ese proceso Gette figura como víctima, y con base en él pidió el restablecimiento del derecho que hoy quedó sin efecto
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