El Gobierno repone los límites a la venta de tierras para contener a sus aliados y desactivar la sesión opositora

En una jugada al filo y a menos de 24 horas de la megasesión convocada para rechazar el DNU 70/23, el oficialismo en Diputados dio marcha atrás con uno de sus postulados e incorporó un capítulo sobre la ley de tierras en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La decisión, anticipada por LA NACION, llegó tras la presión de sus aliados, que reclamaban una respuesta del Gobierno para evitar quedar en la incómoda posición de tener que bajar mañana al recinto y acompañar la ofensiva opositora. “Un manotazo de ahogado”, se quejaron desde los bloques más críticos, que ya estaban al tanto de la maniobra.

Si bien el fallo de la Corte Suprema, que suspendió temporalmente la derogación de la Ley de Tierras a través de una cautelar interina, representó un alivio para el Gobierno, La Libertad Avanza (LLA) buscó dar una señal de autonomía respecto de la decisión judicial y, al mismo tiempo, contener a sus aliados del Pro y la UCR.

Antes de la resolución judicial, ambos espacios le habían exigido al Gobierno una salida para restablecer los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros. Aunque contradice sus propios principios, para la administración libertaria se trata de una concesión meramente “funcional” y responde a un objetivo político mayor: preservar el DNU 70/23 de Javier Milei, frente al intento de la oposición de hacerlo caer en Diputados, tras la media sanción del Senado.

Así, esta tarde la tropa de Martín Menem logró reunir las 34 firmas necesarias para alcanzar un dictamen de mayoría, con la ayuda del Pro y la UCR.

El texto incorpora al proyecto, que ya cuenta con el aval del Senado, dos nuevos artículos: el 38, que “deja sin efecto el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023”, y el 39, que “restituye la plena vigencia de la Ley 26.737, de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, y sus modificatorias”.

Por su parte, el bloque de Unión por la Patria (UP) presentó un dictamen en minoría, con el apoyo de los misioneros Oscar Herrera Ahuad y Yamila Ruíz del espacio Argentina Federal, en total rechazo de la iniciativa libertaria. La bancada peronista acusó al espacio que comanda Gabriel Bornoroni de “desempolvar una media sanción que venía del Senado que se había guardado en el último cajón” y dictaminado “entre gallos y medianoche”.

En alusión directa al proyecto aprobado en la Cámara alta, donde el oficialismo debió resignar el apartado sobre extranjerización de tierras, que inicialmente eliminaba las restricciones a la venta de campos a foráneos y luego proponía elevar del 15% al 25% el límite permitido. Una derrota que le pasó factura a los libertarios en el Senado.

En tanto, representantes de Provincias Unidas presentaron un dictamen de minoría con cuatro firmas, impulsado por el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro. La propuesta también contempla la derogación del artículo 154 del DNU 70/23, pero no convalida el resto del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye la creación del Registro de la Propiedad Inmueble y un mecanismo de “desalojos exprés”.

El plenario en las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales, presedido por el libertario Nicolás Mayoraz, dejó al descubierto la tensión entre el oficialismo y la oposición. La jornada estuvo marcada por fuertes cruces, insultos y reproches por la intempestiva maniobra, a pocas horas de la convocatoria de mañana, prevista para las 14.

Detrás de buena parte de los cuestionamientos subyace la desconfianza de la bancada que conduce Germán Martínez ante la posibilidad de que un eventual veto presidencial termine por frustrar el restablecimiento de los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros.

“No se dejen engañar de que habrá un veto. No hay ningún obstáculo para que el 21 se tome la decisión de reponer la ley de tierras, que tanto aman y que sancionó Cristina Kirchner”, señaló Silvana Giudici a modo de chicana.

Por estas horas, varios legisladores impulsores de las sesión admiten que no están cerca del quorum. En un escenario favorable el “poroteo” les da entre 120 y 123 adhesiones, a seis votos de los 129 necesarios para habilitar el recinto. Hasta último momento, las miradas del Gobierno, que intenta mostrarse “tranquilo”, estarán puestas en los movimientos de los bloques provinciales del norte —Salta, Misiones, Tucumán y Catamarca— y de los diputados cordobeses de Provincias Unidas que ya dejaron entrever terminarán bajando al recinto.

De todas formas, hay otra foto política que la Casa Rosada sigue con atención: la de la Quinta Marcha Federal Universitaria. El conflicto, que ha ido escalando en las últimas semanas, sumó hoy un nuevo frente, luego de que el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 impusiera multas diarias, inicialmente de $100.000, al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por incumplir una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario.

De no abrirse mañana el recinto, los libertarios ya oficializaron la convocatoria a una sesión para el próximo 21 de octubre, que incluye un ambicioso que abarca el reciente dictamen sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada, junto con los proyectos de discapacidad, morosidad y vandalismo rural, entre otros.

Capítulo aparte será el futuro del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que esta tarde también se debatió en comisiones, pero todavía no reúne los respaldos necesarios. Es que propios y ajenos exigen “múltiples modificaciones” al texto, por lo que todo indica que su tratamiento quedará fuera del período de sesiones ordinarias.