La ONU denuncia desapariciones forzadas y muertes bajo custodia en Nicaragua
- Autor, Redacción
- Título del autor, BBC News Mundo
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Un comité de derechos humanos de la ONU acusó al gobierno de los copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, de utilizar las desapariciones forzadas como un instrumento para silenciar la disidencia y controlar a la población.
En su informe "La anatomía de la crueldad estatal", publicado este martes, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua también denuncia al menos ocho muertes en custodia de personas detenidas por motivos políticos desde 2018.
Entre ellas figuran el general retirado Humberto Ortega, hermano del presidente, y Brooklyn Rivera, líder indígena miskito, exdiputado y fundador del partido YATAMA.
El informe identifica 161 casos de desaparición forzada desde 2018 y señala que 29 personas siguen desaparecidas.
El comité de expertos de la ONU, que estudió en detalle 17 de esos casos, describe condiciones de detención "desastrosas", así como falta de acceso a atención médica, y destaca la especial vulnerabilidad de muchos de los afectados.
También sostiene que la policía, las prisiones y los tribunales están sometidos a una cadena de mando centralizada bajo Ortega y Murillo.
"Un Estado que recurre a la desaparición forzada y permite que personas mueran bajo su custodia no cumple con los estándares mínimos de derechos humanos exigidos para una gobernanza democrática creíble", declaró Jan-Michael Simon, presidente del grupo de Naciones Unidas, según recoge su comunicado.
El caso de Brooklyn Rivera
El informe aborda de forma detallada en uno de sus capítulos el caso de Brooklyn Rivera, de 73 años, detenido durante casi tres años, incluidos dos largos periodos en los que las autoridades no informaron de su paradero.
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El gobierno nicaragüense anunció la muerte del líder indígena el pasado 31 de mayo.
Fuente de la imagen, Canal Parlamentario de Nicaragua
Tras examinar cinco comunicados oficiales sobre el deterioro de su salud y su fallecimiento, así como una evaluación independiente de Physicians for Human Rights, los expertos concluyeron que las versiones eran contradictorias y médicamente incoherentes.
Señalan que la falta de autopsia y de una investigación independiente dejó sin refutar la presunción de responsabilidad del Estado por una muerte bajo custodia.
El ejecutivo de Ortega y Murillo ha afirmado que Rivera recibió atención médica y apoyo familiar durante su enfermedad. Consultado por la agencia Associated Press, no ofreció respuesta a las acusaciones.
Los expertos pidieron que los restos del represaliado sean entregados a su familia y a su comunidad para cumplir los ritos funerarios miskitos.
Ocho años de denuncias sobre derechos humanos
El grupo de expertos fue creado en 2022 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar violaciones cometidas desde 2018.
Su nuevo informe coincide con un nuevo cierre del espacio político: Ortega anunció en julio que no habría más elecciones competitivas y la Asamblea Nacional aprobó en septiembre una reforma que excluye a partidos opositores y prolonga los mandatos públicos.
Fuente de la imagen, Getty Images
El grupo de la ONU pidió al gobierno revelar de inmediato el paradero de los 29 desaparecidos, liberar a todos los detenidos por motivos políticos e investigar las muertes bajo custodia conforme al derecho internacional.
También instó a otros países a impulsar mecanismos de rendición de cuentas, incluida la cooperación judicial y el uso de jurisdicción universal.
La deriva autoritaria del régimen sandinista se agravó en abril de 2018, cuando protestas inicialmente dirigidas contra una reforma de la seguridad social se extendieron por el país.
La represión dejó más de 300 muertos, según informes de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales.
En las pasadas elecciones de 2021 Ortega no tuvo competencia real, ya que en los meses anteriores las autoridades encarcelaron a los principales líderes de los partidos opositores.
El excomandante guerrillero sandinista mantiene el poder desde 2007.
Murillo, su esposa, fue vicepresidenta desde 2017 y pasó a ser copresidenta tras una reforma constitucional aprobada en 2025, que amplió el poder del Ejecutivo.
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