La Liga de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios se suma a denuncias jurídicas elevadas por Distrito de Cartagena contra medidas de la CREG
La medida de la CREG busca desincentivar el consumo eléctrico estableciendo metas individuales basadas en historiales de uso.
Cartagena de Indias, barrio Crespo Foto: John Montaño/ EL TIEMPO
PERIODISTAActualizado:
La ofensiva institucional y social contra las recientes regulaciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) sumó un respaldo clave.
La Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios anunció su adhesión a la demanda de nulidad simple presentada ante el Consejo de Estado por el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, en contra de la Resolución CREG 101 126 del 21 de agosto de 2026, normativa que busca desincentivar el consumo eléctrico en el marco del fenómeno de El Niño mediante penalizaciones tarifarias.
El Distrito de Cartagena había elevado el pasado lunes una demanda de nulidad ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado contra dicha Resolución de la CREG.
La medida de la CREG busca desincentivar el consumo eléctrico estableciendo metas individuales basadas en historiales de uso. Quienes superen su tope en más del 10 por ciento asumen penalizaciones financieras sobre el excedente, mientras que aquellos con ahorros equivalentes reciben incentivos.
El consumo de energía no es un lujo, ni un desperdicio ni una conducta irresponsable: es una necesidad para ventilar a un recién nacido, conservar alimentos y garantizar condiciones mínimas de bienestar
Dumek TurbayAlcalde de Cartagena.
El pronunciamiento de la organización de usuarios unifica el malestar de mandatarios, gremios y parlamentarios de la Costa Caribe, entre ellos los gobernadores de Bolívar, Cesar y Atlántico, así como los alcaldes de Barranquilla y Cartagena, quienes han calificado las medidas sancionatorias de la CREG como una arbitrariedad que desconoce las realidades térmicas de la región.
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Castillo de San Felipe de Barajas en Cartagena de Indias Foto:Distrito de Cartagena
Para el Distrito de Cartagena, lo propuesto por la CREG sería "una fórmula abstracta que ignora las realidades bioclimáticas de la costa". La demanda busca frenar de inmediato la aplicación del decreto en la ciudad, argumentando que castiga con sobrecostos la subsistencia básica frente a las severas olas de calor y los estragos del fenómeno de El Niño.
Desde la dirección de la Liga de Usuarios se enfatizó en que la regulación expedida por la CREG carece de "criterios de ponderación", al no establecer diferencias entre el consumo habitual y el incremento inevitable de la demanda que provocan las olas de calor en los municipios ubicados por debajo de los mil metros sobre el nivel del mar.
Tensión regulatoria y brecha bioclimática
El argumento central del litigio radica en el principio de igualdad material (artículo 13 de la Constitución Política).
La administración distrital sostiene que tratar como iguales a quienes habitan territorios con condiciones ambientales diametralmente opuestas constituye una inequidad constitucional.
“No se puede confundir el consumo que puede evitarse con el consumo que el clima hace inevitable. La CREG debe entender que hay realidades humanas detrás de cada porcentaje... No podemos convertir una necesidad climática en una sanción económica”, aseveró Dumek Turbay.
Turbay Paz recalcó que en el Caribe la refrigeración y la ventilación no representan lujos, sino requisitos mínimos de habitabilidad para proteger a poblaciones vulnerables como recién nacidos, adultos mayores y enfermos.
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La Calle del Colegio es otra de las zonas afectadas. Foto:Fundación Somos Centro Histórico
“Aquí entran en competencia el hábito de consumo con la necesidad del consumo, y es lógico que prime la necesidad. Es una arbitrariedad establecer sanciones sin definir diferencias”, sostuvo por su parte Javier Gaviria, presidente nacional de la Liga de Usuarios, al señalar que en la Región Caribe el uso de refrigeradores, ventiladores y aire acondicionado responde a condiciones mínimas de habitabilidad y no al derroche.
El dirigente cuestionó además la fórmula empleada por la CREG para determinar qué se considera un consumo excesivo. Al tomar como línea de base el promedio de los últimos doce meses, el esquema incluye periodos de menores temperaturas, lo que distorsiona el cálculo y provoca que la mayoría de los usuarios terminen penalizados en lugar de beneficiados por incentivos.
Por su parte, el equipo legal del Distrito de Cartagena fundamenta su pretensión en dos fisuras clave de la resolución demandada:
Excepciones territoriales previas: La misma CREG modificó el programa tras el sismo del 10 de agosto de 2026 para exceptuar a municipios en desastre nacional. La demanda cuestiona por qué la CREG reconoce excepciones por coyunturas de desastre, pero ignora factores territoriales permanentes como las altas temperaturas del Caribe.
Vulneración de la justicia tarifaria: El recurso invoca los artículos 365, 367 y 370 de la Carta Magna, sumados a las leyes 142 y 143 de 1994, al considerar que la sanción carece de proporcionalidad frente a la rigidez de la demanda energética en zonas costeras.
Es ‘ahora o nunca’ para que en unidad resolvamos la crisis energética y tarifaria en el Caribe con un Gobierno Nacional diametralmente diferente al anterior; y así podamos dar buenas noticias sobre un tema que durante tantos años ha sido una pesadilla para nuestra gente
dumek turbayalcalde de Cartagena.
Además del fallo de fondo, Cartagena solicitó una medida cautelar de urgencia para congelar de inmediato los efectos económicos de la norma en la ciudad mientras el Consejo de Estado delibera.
El Palacio de la Aduana enfatizó que esta acción no busca la exención del deber de ahorrar energía, sino la estructuración de políticas públicas proporcionales ajustadas a la evidencia climática regional.
La decisión queda ahora en manos de los magistrados del máximo tribunal de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Documental de la periodista Jineth Bedoya. Foto:
Cartagena
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