Peña detenido y custodiado por su propia guardia, con la cárcel de Tacumbú en el horizonte

ASUNCIÓN (Enviado especial).– Poco antes de la medianoche del viernes, Santiago Peña cruzó el portón del Regimiento Escolta Presidencial (REP). No llegaba como comandante en jefe sino como detenido. Horas antes, tras la destitución votada en el Senado, los fiscales le habían notificado en su casa la orden de arresto y lo habían dejado ahí, bajo vigilancia policial. El esquema duró poco. Frente a la vivienda se juntó una multitud que pedía para él una celda común.

Con el cerco desbordado, tres camionetas lo sacaron entre insultos y objetos arrojados rumbo al Regimiento. La primera paradoja: las horas más gloriosas y las más lúgubres de la vida de Peña las pasó con estos uniformados que portan en la faena diaria un traje militar camuflado y una boina que cae sobre la derecha.

El REP es una guardia que depende del Ejército, funciona en Asunción y existe para una sola tarea: proteger al presidente y a los suyos. Durante tres años, ese presidente fue Peña, que en su gestión puso en funciones a uno de sus comandantes y encabezó sus festejos de aniversario. Desde el viernes, los hombres que le cuidaban las espaldas tienen una orden muy distinta: que no se escape.

La mudanza se explicó por razones de seguridad, pero dejó huecos legales. Nadie aclaró todavía con qué figura un civil detenido queda alojado en una instalación militar ni quién firmó el cambio de lugar.

LA NACION recorrió las inmediaciones del lugar cuando el juez, en horas de la tarde, le dictó la prisión preventiva y decidió que ese era el lugar de detención. A esa hora, no había nadie en ninguno de los tres portones de acceso que tiene el predio de unas dos manzanas. Está ubicado en un barrio residencial y rodeado con otras reparticiones del Ejército.

El lugar es una construcción militar típica, con varias casas y cuarteles en el interior de una planta. Pero, en una esquina muy transitada ya que se cruzan dos avenidas, está el Club de Oficiales, un edificio de dos plantas que es frecuentado por los cargos más altos del ejército. Según un conocedor del lugar con el que dialogó LA NACION, ahí se hospedaría Peña, ya que en el segundo piso hay varios cuartos que suelen ser el alojamiento de los jefes de la fuerza.

No es la primera vez que ese cuartel aloja a un ex mandatario. En diciembre de 2006 entró por el mismo portón Luis Ángel González Macchi, que había gobernado entre 1999 y 2003, recién condenado a ocho años por enriquecimiento ilícito y declaración falsa.

El caso giraba en torno a la concesión de la quiniela y a una cuenta en Suiza, y los jueces temían que huyera. Pasó 25 días entre esas paredes, hasta que pagó una caución y se fue a su casa. En mayo de 2007, la Cámara anuló la condena y lo sobreseyó.

Desde entonces, ningún expresidente había vuelto a quedar privado de libertad. La diferencia entre ambos es de etapa: González Macchi llegó con una sentencia de primera instancia; Peña, con una orden de detención preventiva.

La cárcel que él mismo intervino

Pero, lo que la calle pide es otra dirección: Tacumbú. Durante décadas, ese nombre resumió la decadencia carcelaria paraguaya. El edificio, previsto para unos 1500 presos, llegó a albergar cerca de 4500, y un pabellón entero respondía al clan Rotela, la organización que desde adentro manejaba la venta de droga al menudeo y que en octubre de 2023 quemó y tomó parte del penal.

LA NACION llegó al penal en la tarde de este sábado. Si bien la entrada está construida a nuevo, el edificio guarda, dentro de los muros de alrededor de siete metros, historias de decadencia y muerte. “Era el momento de las visitas privadas”, informó un guardia a este cronista. Unas diez personas hacían fila, todas con una bolsa de comida, una torta o alguna bebida. Quienes ingresaban tienen autorización para quedarse hasta mañana las seis.

Recuperarlo fue la gran bandera de seguridad de Peña. El 18 de diciembre de 2023, más de 2000 policías y militares iniciaron la Operación Veneratio. En las celdas aparecieron explosivos y fusiles; el enfrentamiento dejó una docena de internos muertos y, fuera de los muros, se cobró la vida del suboficial Martín Mendoza, del grupo de comandos Lince.

Más de 700 presos fueron repartidos por el país, y Armando Javier Rotela, que se había refugiado armado en el espacio religioso del penal, terminó aislado en la prisión militar de Viñas Cué. Al cumplirse un año, Peña exhibió el operativo como la prueba de que el Estado había vuelto a mandar.

En mayo de este año, el gobierno fue más allá y le quitó hasta el nombre. Tacumbú pasó a ser el Centro Nacional de Prevenidos, reservado para quienes esperan juicio sin condena. Después de dos traslados masivos, la población quedó en torno a 1100 internos, la más baja de la que haya registro, según el Ministerio de Justicia. Ahí están ahora los cuatro exdirectivos varones de Ueno Bank, enviados con prisión preventiva. Las dos exdirectoras esperan en sus casas, con tobillera electrónica.

El juez de garantías decidió que, por ahora, el REP será el lugar donde se aloje Peña. Si finalmente termina en la cárcel, el círculo se cerraría solo. Un imputado sin condena encaja justo en el perfil para el que el gobierno de Peña rediseñó Tacumbú. Sería la segunda paradoja.