Prisión domiciliaria para Miguel Quintero desató ola de reacciones por corrupción en el Área Metropolitana del Valle: “Les tenemos reservada una celda”

En la tarde del viernes 2 de octubre de 2026, un juez de garantías avaló la medida de prisión domiciliaria contra Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, dentro del proceso que se adelanta por hechos relacionados con presuntas irregularidades en la contratación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).

El funcionario judicial señaló que, tras evaluar los elementos entregados por la Fiscalía, “existe inferencia razonable” sobre la posible autoría de los delitos imputados. La decisión se produjo en el proceso contra Quintero y Sebastián Ortega, quienes fueron imputados el 15 de septiembre por la fiscal 40 de Delitos contra la Administración Pública.

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Quintero fue imputado por los delitos de supuesto interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, mientras que Ortega fue imputado por peculado por apropiación. En la misma audiencia, el juez no avaló la solicitud de medida de aseguramiento contra Ortega, por lo que podrá continuar atendiendo el proceso en libertad.

El caso está relacionado con seis contratos suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí durante los años 2021 y 2022, por un valor total de $17.656 millones. Según la información expuesta durante el proceso, la Fiscalía sostiene que, de esos recursos, se habría producido un detrimento patrimonial de $2.481 millones.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reaccionó a la decisión a través de su cuenta de X y cuestionó que Quintero Calle cumpla la medida de aseguramiento en su vivienda. En su pronunciamiento hizo referencia a las acusaciones de direccionamiento de contratos y al supuesto cobro de coimas.

“Prisión domiciliaria para Miguel Quintero, el hermanito del jefe de la banda, por intervenir en la contratación y crear con sus ‘amiguitos’ un entramado para direccionar contratos y cobrar coimas del 15%”, escribió.

Gutiérrez también manifestó su desacuerdo con el lugar en el que Quintero Calle deberá cumplir la medida y se refirió a los riesgos de obstrucción a la justicia mencionados durante el proceso.

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“No estoy de acuerdo con que cumpla medida de aseguramiento en la casa que construyó con los recursos que se robaron de Medellín y que tanto les chicaneaba a sus ‘amiguitos’. Y menos porque dentro del proceso se advirtieron presiones sobre testigos y riesgos de obstrucción a la justicia. ¿Y desde la casa no puede seguir haciéndolo?”, agregó.

El alcalde señaló además que la decisión implica que existe una orden de captura contra Quintero Calle y que deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso. “Pero tampoco voy a desconocer lo que significa la decisión: hay una orden de captura contra Miguel Quintero y tendrá que responder privado de la libertad mientras avanza el proceso”, expresó.

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En su mensaje, Gutiérrez también afirmó que algunas personas que hicieron parte del supuesto entramado están colaborando con la justicia mediante la entrega de información. “El cerco se sigue cerrando”, escribió, y agregó que aún falta establecer responsabilidades y recuperar los recursos que, según su pronunciamiento, fueron sustraídos de Medellín.

Al referirse directamente a la medida adoptada por el juez, el alcalde concluyó: “La casa por cárcel no es el final, es otra escala en el camino y el camino de los ‘Hermanitos Q’ los lleva derechito al Pabellón Q de la Mega Cárcel que estamos construyendo. Les tenemos reservada una celda con vista a Medellín para que nunca se les olvide lo que le hicieron a esta ciudad”.

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El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, también se pronunció en X sobre la decisión.

“Los que se robaron a Medellín terminarán todos en la cárcel. Ya cayó el hermano, siguen los otros (sic)”, escribió.

Por su parte, el concejal de Medellín por el Movimiento Creemos recordó apartes de lo expuesto por la Fiscalía durante la audiencia. Entre ellos, citó que “fueron detectados posibles sobrecostos en los kits adquiridos durante la pandemia, pagos por servicios de transporte que no fueron prestados y recargas de telefonía celular que tampoco se realizaron”. Según el apartado citado, estas situaciones y otras anomalías habrían ocasionado el detrimento patrimonial superior a $2.481 millones.

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El concejal también reprodujo la hipótesis de la Fiscalía según la cual Quintero, pese a no ser servidor público, habría intervenido en los nombramientos de Juan David Palacio Cardona como director del AMVA y de Álvaro Villada García como subdirector Administrativo y Financiero, con el propósito de ejercer control sobre la contratación de la entidad.

Además, citó la afirmación de la Fiscalía según la cual Quintero Calle presuntamente habría ordenado direccionar seis contratos en beneficio de Misael Alberto Cadavid Jaramillo, entonces gerente y representante legal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. De acuerdo con esa hipótesis, habría exigido el 15% de los recursos desembolsados, mientras que Sebastián Ortega Urán habría sido el encargado de recibir el dinero en efectivo y entregárselo a Quintero Calle.

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La veeduría ciudadana Todos por Medellín también se refirió al proceso y recordó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en 2024. “Desde Todos por Medellín estamos haciendo seguimiento a este proceso que denunciamos en 2024 ante la Fiscalía General de la Nación”, señaló la organización.

Además, recordaron que durante las audiencias la Fiscalía mencionó los 214 días que, según su exposición, Quintero Calle permaneció fuera del país entre 2023 y 2024, así como otros elementos relacionados con posibles riesgos de obstrucción de la justicia y riesgos para la comunidad.

“Recordemos que se trata de desviación de recursos públicos relacionados con la atención de emergencias y, por eso, esclarecer qué ocurrió con ellos es un asunto de interés público”, señaló Todos por Medellín.

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