Indultos: 64% rechaza beneficiar a exuniformados condenados por violaciones a los DD.HH.

La facultad del Presidente de la República para conceder indultos vuelve a instalarse en el debate público. De acuerdo con la última encuesta Plaza Pública de Cadem, correspondiente a la tercera semana de octubre, un 60% de los consultados está a favor de eliminar esta atribución, dos puntos porcentuales más que en julio. En contraste, un 33% prefiere mantenerla.

El sondeo también abordó las opiniones sobre la posibilidad de que personas condenadas por distintos delitos accedan a este mecanismo, en medio de la discusión sobre eventuales beneficios para exuniformados sentenciados por violaciones a los derechos humanos y el tratamiento de quienes enfrentan enfermedades terminales.

Ante la posibilidad de que personas condenadas con una enfermedad terminal terminen de cumplir sus penas en sus domicilios, un 59% se manifestó en desacuerdo, mientras que un 33% respaldó esa alternativa.

La consulta también consignó el caso de Juan Aliste Vega, exintegrante del Movimiento Lautaro, que fue condenado a más de 40 años de cárcel por el asesinato del cabo de Carabineros Luis Moyano, ocurrido en 2007. El exlautarista murió el pasado 11 de octubre mientras cumplía su condena, luego de recibir un diagnóstico de cáncer terminal y solicitar un indulto presidencial por razones humanitarias.

Al preguntar si habría correspondido concederle el beneficio para que pasara sus últimos días en su hogar junto a sus familiares, un 59% respondió que habría estado en desacuerdo, frente a un 29% que habría respaldado la medida.

Rechazo a beneficios para condenados por violaciones a los DD.HH.

Otro de los escenarios considerados por Cadem fue la posibilidad de que el Mandatario indulte a exuniformados condenados por violaciones a los derechos humanos que tengan más de 80 años y padezcan enfermedades. En este caso, un 64% se manifestó en contra de concederles el beneficio, mientras que un 29% estuvo de acuerdo.

La encuesta también consultó por eventuales indultos a exuniformados condenados por delitos perpetrados durante el estallido social. Un 55% rechazó esa posibilidad, cuatro puntos porcentuales más que en la medición del 1 de julio. Por su parte, un 36% se mostró favorable a otorgarles el beneficio.

Esto, en un contexto en que el gobierno del Presidente José Antonio Kast ha abierto la discusión sobre la aplicación de esta atribución a condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Después del 11 de septiembre, el Mandatario manifestó que no descartaba conceder beneficios a cerca de un centenar de condenados, cuyas solicitudes, según explicó, estaban siendo examinadas “caso a caso”.

El tema también ha tenido repercusiones en el Congreso. En julio, el Partido Nacional Libertario, con respaldo republicano, anunció una iniciativa de indulto general.

Tribunales o Presidente: quién debería resolver

Más allá de la continuidad de la atribución presidencial, Cadem preguntó qué institución debería decidir si una persona condenada que padece una enfermedad terminal puede terminar de cumplir su pena en su hogar.

Un 40% consideró que esa determinación debería quedar en manos de los tribunales de justicia, mediante un procedimiento regulado por ley. En tanto, un 39% opinó que el indulto debería desaparecer, mientras que un 17% respaldó que la decisión continuara en manos del Presidente de la República a través de esta facultad.

Cabe recordar que desde el retorno a la democracia, los seis presidentes que han ejercido el cargo han recurrido al indulto presidencial, herramienta que permite remitir o conmutar una pena en los términos establecidos por la legislación.