Red de Veedurías pidió a la Corte Suprema desempolvar proceso por corrupción contra exgobernadora de Quindío: de qué se trata
La Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia solicitó formalmente a la Corte Suprema de Justicia revisar e informar el estado actual del proceso penal que se adelanta contra la exgobernadora del Quindío Sandra Paola Hurtado por presuntos hechos de corrupción cometidos durante su administración departamental entre 2012 y 2015.
El presidente de la organización de control social, Pablo Bustos Sánchez, radicó un derecho de petición ante la Sala de Casación Penal y la Sala Especial de Primera Instancia del alto tribunal para indagar por la falta de avances en un expediente judicial que lleva más de siete años sin que se conozca el inicio o la culminación del juicio oral.
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A través de sus canales oficiales y acciones jurídicas, la red de veedurías cuestionó la inactividad de la justicia frente al proceso e indicó que la exgobernadora adelanta apariciones públicas en el departamento del Quindío afirmando que no tiene cuentas pendientes con las autoridades judiciales.
Veeduría pide a la Corte Suprema certificar el estado del proceso contra Sandra Paola Hurtado
“La Red de Veedurías de Colombia le pone lupa a la exgobernadora del Quindío Sandra Paola Hurtado y esto para indagar sobre el alcance de la afirmación pública respecto de una absolución que le habría proferido la Corte Suprema de Justicia por el delito de prevaricato, aduciendo que se encuentra exenta de toda culpa y responsabilidad y cualquier llamado judicial, sea en juicio o en sede de investigación o acusación”, afirmó el presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos Sánchez.
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El dirigente del organismo de control ciudadano enfatizó que la exmandataria estaría omitiendo información sobre otros expedientes judiciales activos en las altas cortes por delitos contra la administración pública.
“Por el contrario, al parecer existiría otra investigación en su contra, de la cual ella misma no da cuenta, e indagamos por ello a la Corte Suprema de Justicia. Se trata por punibles de corrupción, como es el contrato sin el lleno de los requisitos legales y un peculado por apropiación, por el cual habría sido acusada formalmente por la Fiscalía General de la Nación ante la Corte Suprema de Justicia”, dijo Bustos en su denuncia.
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Y agregó que: “Queremos saber qué ha pasado con ese proceso, cuál es su estado, si en realidad todavía existe esa acción penal y, en últimas, dar cuenta a la ciudadanía de cuál es el alcance de la situación jurídica de la muy cuestionada exgobernadora del Quindío”.
El origen de este proceso penal se remonta al 30 de julio de 2019, fecha en la que una Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia presentó escrito de acusación formal contra Sandra Paola Hurtado Palacio por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
Las investigaciones de la Fiscalía señalan que la exmandataria habría tramitado y celebrado de manera irregular cuatro contratos de obra pública en 2015 por un valor total superior a los $20.774 millones.
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Según la acusación oficial, los procesos contractuales identificados como SID 001, SID 002, SID 003 y SID 004 estaban destinados a la construcción de infraestructura de acueducto, mantenimiento de vías terciarias y desarrollo de centros infantiles en varios municipios del Quindío.
El ente investigador sostiene que los pliegos de condiciones fueron diseñados de manera dirigida para favorecer a las estructuras empresariales integradas por la firma Inalcon S.A.S. y que el valor de las obras registraba presuntos sobrecostos para beneficiar a terceros.
Pese a que la audiencia de imputación de cargos se realizó en mayo de 2019 ante el Tribunal Superior de Bogotá, el caso fue remitido al alto tribunal debido al fuero constitucional de la exfuncionaria.
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La veeduría ciudadana advirtió que Hurtado difundió videos en redes sociales atribuyendo un fallo absolutorio por prevaricato como si se tratara de una exención total de responsabilidad penal sobre el resto de los señalamientos presentados por la Fiscalía.
Frente a esta situación, la solicitud radicada ante la Corte Suprema pide certificar formalmente si existe una sentencia absolutoria, condena o declaratoria de prescripción de la acción penal, además de fijar la fecha para la audiencia de juicio oral o la lectura de fallo correspondiente.
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