La voltereta del supremo Jorge Zepeda en su criterio para conceder las rebajas de condena

Por 

La Segunda Sala de la Corte Suprema se ha transformado en la protagonista, al menos en lo que respecta a la arista judicial, de la crisis que se desató por el beneficio penitenciario de la reducción de condenas a reos que cumplen penas de cárcel por delitos sexuales contra menores de edad.

Esta es la instancia encargada de ser la última palabra en materia penal y, por lo mismo, es donde se resuelven los recursos de amparo que ingresan los reos cuando el Ministerio de Justicia o la Comisión de Rebaja de Condenas no les entregan el beneficio.

La Segunda Sala tiene cuatro supremos titulares: Manuel Valderrama, Leopoldo Llanos, María Cristina Gajardo y Jorge Zepeda. Todos ellos, en algún momento de la historia, tuvieron una posición clara respecto a este beneficio, pero a lo largo del tiempo han ido cambiando.

Sin embargo, hubo tiempo en que la sala tuvo una postura relativamente uniforme. En ese entonces la Segunda Sala del máximo tribunal interpretaba que la rebaja, al formar parte de la pena, se regía por el principio básico de la irretroactividad de la ley penal.

Eso significaba que, según la Suprema, los condenados por delitos sexuales contra menores de edad -con fallos condenatorios de antes de febrero de 2022- no podían ser excluidos de este beneficio.

Todo esto, sin importar que a inicios de 2022 haya entrado en vigencia la ley que excluía a este tipo de reos de este beneficio penitenciario. Esta jurisprudencia fue la que consideró el ministro de Justicia Fernando Rabat para cambiar el criterio del gobierno.

Sin embargo, a partir del 24 de febrero la sala comenzó a darse vuelta. La primera que lo hizo fue Gajardo. La ministra cambió su voto y se sumó a los que interpretaban que la rebaja de condenas solo es un beneficio penitenciario, por lo tanto se rige por las reglas del Derecho Administrativo, es decir, “in actum”. Bajo esa lógica, sí correspondía excluir a los condenados antes de 2022, tal como lo mandataba la ley.

A Gajardo luego se sumó Valderrama. El último en darse la voltereta fue el supremo Zepeda. En tres sentencias con fecha 10 de noviembre, el magistrado cambió su voto y argumentó a través de una breve prevención el porqué de su nueva postura.

“Que la coexistencia de decisiones divergentes, pone de relieve el deber de esta corte de procurar certeza en sus decisiones. La seguridad jurídica y la igualdad ante la ley exigen dar una respuesta consistente a casos sustancialmente análogos y motivar los cambios de criterio, especialmente en asuntos que conciernen tanto a la duración efectiva de la privación de libertad como a los derechos de la víctima”, se lee en los fallos.

De esa manera Zepeda -en una prevención a la que se sumó la abogada integrante Pía Tavolari- se sumó a los que interpretan que el beneficio rige in actum, sin importar si el condenado es de antes de 2022.

El único supremo que sigue defendiendo que en esto aplica la irretroactividad de la ley penal -la jurisprudencia a la que se sumó Rabat- es el ministro Llanos.