Asesinaron a un pasajero de un taxi y a un joven de 22 años en menos de 24 horas en Panamá


Dos homicidios perpetrados en menos de 24 horas en Ciudad Radial, corregimiento de Juan Díaz, incrementaron la preocupación por la violencia en este sector de la capital panameña, donde las autoridades investigan ataques armados en espacios públicos.
El crimen más reciente ocurrió durante la tarde del viernes 13 de noviembre, cuando un hombre que viajaba como pasajero de un taxi fue atacado a tiros, apenas unos metros después de abordar el vehículo.
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La víctima vestía un suéter azul y recibió múltiples disparos dentro del automóvil, donde quedó sin vida, mientras las autoridades iniciaron las diligencias de investigación.
El homicidio se registró menos de un día después del asesinato de Anthony David Muñoz Selles, de 22 años, quien fue atacado durante la noche del jueves en la cancha deportiva de Los Almendros.

El joven se encontraba en las instalaciones deportivas cuando fue sorprendido por sujetos armados que le dispararon en la cabeza y el tórax, provocándole la muerte en el lugar, donde fueron recolectados 11 casquillos de nueve milímetros.
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Muñoz Selles había sobrevivido a otro atentado siete meses atrás y registraba antecedentes policiales durante 2026, aunque las autoridades todavía no han establecido el móvil del homicidio.
La Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y el Ministerio Público adelantan las pesquisas para identificar a los responsables de ambos ataques, sin que hasta el momento se haya confirmado una vinculación entre los crímenes.
La violencia también se extendió a otras regiones del país durante las últimas horas, con el reporte del asesinato a tiros de un hombre en el sector de La Cuesta, cerca de la frontera entre Panamá y Costa Rica.
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En el corregimiento capitalino de Pedregal, Edgar Moscoso Alvarado falleció en el Hospital Santo Tomás, donde permaneció hospitalizado durante más de un mes tras recibir varios disparos en el sector de Santa Cruz.
El fallecimiento elevó a 21 los homicidios registrados durante 2026 en Pedregal, según reportes de medios locales, en momentos en que las autoridades mantienen operaciones policiales para capturar a personas requeridas por delitos contra la vida.
En medio de estos acontecimientos, la Policía Nacional y el Ministerio Público desarrollaron la Operación Expansión, que permitió la captura de dos hombres requeridos por investigaciones relacionadas con tentativas de homicidio en San Miguelito.
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Entre los detenidos figura un hombre conocido con el alias de “Yunito balacera”, presuntamente vinculado con un ataque perpetrado el 13 de septiembre de 2026 contra un ciudadano asiático en Santa Librada.

La agresión ocurrió dentro de un minisúper, mientras que el segundo detenido era requerido por su presunta participación en un ataque armado registrado en marzo de 2025, también en el sector de Santa Librada.
La Procuraduría General de la Nación informó que un juez ordenó la detención provisional de un hombre imputado por doble tentativa de homicidio, relacionada con un ataque ocurrido el 17 de marzo de 2025.
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Según la investigación, el imputado y otro sujeto realizaron múltiples disparos contra un grupo de personas reunidas en la segunda etapa de Santa Librada, corregimiento de Omar Torrijos, donde dos ciudadanos resultaron heridos.
La Fiscalía sustentó su solicitud de detención provisional en el peligro que representa el imputado para las víctimas y la comunidad, considerando que el ataque ocurrió en un área concurrida y la gravedad del delito investigado.
Por otra parte, la Fiscalía Metropolitana informó sobre una sentencia de 15 años de prisión contra un hombre de 34 años, declarado culpable por un jurado de conciencia del delito de homicidio doloso agravado en grado de tentativa.
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El caso guarda relación con una agresión ocurrida el 15 de febrero de 2023 en Monte Rico, corregimiento de 24 de Diciembre, donde el condenado golpeó e hirió con un arma blanca a otro hombre, provocándole graves secuelas físicas.
El Tribunal de Juicio también impuso al condenado la inhabilitación para ejercer funciones públicas durante cinco años, sanción que deberá cumplir después de finalizar la pena principal de prisión.
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