Creg propone agilizar la conexión de estaciones de carga eléctrica con plazos definidos y trámites digitales

La instalación de puntos públicos para cargar vehículos eléctricos e híbridos enchufables podría contar con un procedimiento más organizado para acceder a las redes de distribución de energía. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) puso sobre la mesa una propuesta que busca establecer rutas de evaluación, tiempos de respuesta y herramientas digitales para gestionar este tipo de solicitudes.

La iniciativa está contenida en el proyecto de resolución 701 153 de 2026, que fue publicado para consulta pública durante 15 días hábiles, contados desde el día siguiente a su divulgación en la página web de la entidad. En ese periodo, empresas, usuarios, autoridades y demás interesados podrán enviar observaciones antes de que se adopte una decisión definitiva.

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El alcance incluye tanto las nuevas conexiones como las peticiones para aumentar la capacidad de instalaciones existentes. Para facilitar estos trámites, los operadores de red deberán disponer de plataformas digitales que permitan entregar documentos, consultar información y hacer seguimiento a cada solicitud

Dos procedimientos según la demanda de energía

Uno de los puntos centrales del proyecto es la clasificación de las solicitudes de acuerdo con la potencia máxima que la infraestructura necesita tomar de la red en el punto de conexión. La propuesta fija como referencia los 100 kilovatios (kW), aunque las condiciones técnicas de cada caso también determinarán el camino que debe seguirse.

El procedimiento tipo 1 se aplicaría cuando la potencia requerida sea igual o inferior a 100 kW y las características de la conexión no hagan necesario un estudio simplificado adicional. En estas condiciones, el operador podrá evaluar la solicitud sin exigir ese análisis. La ruta tipo 2 corresponderá a los proyectos que superen los 100 kW o que, por sus condiciones técnicas, requieran un estudio de conexión, incluso si están por debajo de ese límite. Para esta modalidad, el solicitante contará con un plazo máximo de cinco meses para preparar y entregar el documento.

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El proyecto distribuye los tiempos de evaluación en varias etapas. La revisión inicial deberá completarse en dos días hábiles. Si la documentación está incompleta, el interesado tendrá cinco días hábiles para corregirla y el operador dispondrá de otros dos días para verificar los ajustes.

En el procedimiento tipo 1, la evaluación técnica tendrá un plazo de cinco días hábiles. Cuando se soliciten aclaraciones, el interesado contará con cinco días para responder y el operador tendrá tres días adicionales para revisar la información.

Para el tipo 2, el operador deberá entregar la información técnica en cinco días hábiles. Después, la evaluación del estudio de conexión tendrá un límite de 20 días hábiles. Si se requieren aclaraciones, el solicitante dispondrá de diez días para responder y el operador tendrá cinco días hábiles para concluir la revisión. El tiempo que tome el interesado en atender los requerimientos suspenderá el conteo del plazo de evaluación.

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La propuesta contempla que los operadores publiquen información actualizada y de fácil acceso sobre los requisitos, formatos, niveles de tensión disponibles, criterios para asignar cada procedimiento y lineamientos para elaborar los estudios de conexión.

También deberán divulgar datos indicativos sobre la capacidad que podría atender la red en diferentes ubicaciones. Sin embargo, consultar esa información no garantizará la disponibilidad de energía ni reservará un espacio para el proyecto. La viabilidad dependerá de la evaluación técnica y de las condiciones específicas del punto solicitado.

Los trámites se gestionarían a través de sistemas de información para proyectos de clase 2, adaptados a las necesidades de las estaciones públicas de carga. Estas plataformas deberán permitir la radicación en línea, el envío de archivos, la recepción de notificaciones y la consulta del estado de cada proceso, incluidas las decisiones adoptadas.

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La iniciativa plantea, además, evitar que los operadores soliciten repetidamente documentos que ya estén en el expediente, salvo que cambien las características del proyecto o exista una razón para actualizarlos. Cuando no sea posible asignar la capacidad solicitada, deberán explicar los motivos técnicos y proponer alternativas cuando existan opciones viables.

La aplicación de los cambios requerirá una etapa de preparación. Los operadores de red tendrán 90 días hábiles para adecuar sus sistemas y herramientas, contados desde la publicación de la circular de la Creg que defina los criterios técnicos. Durante ese periodo, las solicitudes continuarán bajo las reglas vigentes.