Vivir en la sombra de la informalidad: una de cada cinco viviendas en Medellín no tiene títulos legales

Un Proyecto de Acuerdo en el Concejo prioriza 50.000 inmuebles para otorgar escrituras, permitir el acceso a créditos y aliviar cargas tributarias.

El Concejo de Medellín comenzó la discusión del Proyecto de Acuerdo 103 de 2026, una iniciativa que busca acelerar la legalización de asentamientos irregulares y la titulación de propiedades en la capital antioqueña.

De las aproximadamente 1.020.000 unidades habitacionales que existen en la ciudad, cerca de 205.000 carecen de formalización.

El objetivo prioritario de este proyecto es sanear la situación jurídica de una cuarta parte de esos inmuebles (alrededor de 50.000 viviendas), amparándose en el marco legal de las leyes 2044 de 2020 y 1561 de 2012.

Desde la perspectiva económica, el proyecto proyecta un impacto sustancial para el desarrollo local. El experto inmobiliario Jorge Castaño enfatizó que la formalización permitirá a cada familia constituir un patrimonio formal mínimo estimado en $70 millones, lo que incorporaría cerca de $5 billones a la economía del distrito.

Además, la obtención de escrituras abre el acceso al sistema bancario para créditos hipotecarios entre $10 millones y $20 millones destinados a mejoras locativas o educación, reduciendo la dependencia de modalidades de crédito informal como el 'pagadiario' y aportando potencialmente un incremento de hasta 1,5 % al PIB de la ciudad.

La propuesta incluye un mecanismo de concertación que contempla una indemnización del 10 % para los propietarios originales de los terrenos invadidos, aclarando que este rubro no se trasladará como un nuevo impuesto a las familias ocupantes.

Sin embargo, durante el debate surgieron posturas encontradas. Mientras los ciudadanos del sector solicitaron suspender el cobro de servicios públicos en inmuebles demolidos y frenar nuevas demoliciones, los dueños de los lotes expresaron que el 10 % resulta insuficiente frente al perjuicio sufrido y criticaron tener que seguir pagando el impuesto predial sobre predios que no pueden usar ni administrar.

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Ante estas inquietudes, los concejales ponentes —liderados por Andrés Rodríguez— y la Administración Distrital manifestaron que ajustarán el texto en sus aspectos jurídicos, técnicos y financieros.

Por su parte, Óscar Cardona, director de Isvimed, confirmó que las dependencias competentes avanzan en la revisión integral del articulado para asegurar que sea viable fiscalmente, se articule de manera responsable con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y cumpla estrictamente con las normas del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

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