Comerciar no es tomar partido

Cuarenta empresarios de las Islas Malvinas llegaron a Punta Arenas a comprar alimentos, vino y materiales de construcción, y Buenos Aires respondió amenazando con sanciones y recordándole a Chile que debe “respetar los tratados”. Los isleños solo quieren abastecerse desde Magallanes, como hasta 2010, a la mitad de los 2.000 kilómetros que hoy los separan de Montevideo.

Chile apoya el reclamo argentino de soberanía, y nada de esto lo altera. Pero respaldar un reclamo no significa hacer propias las normas internas de otro país. El decreto argentino 256/2010, que exige permiso a los buques que naveguen hacia las islas, es derecho interno y no obliga a terceros Estados. El Tratado de 1881 garantiza la libre navegación del Estrecho, y la Convención del Mar permite a cualquier barco cruzar la zona económica exclusiva sin pedir permiso.

Buenos Aires invoca la declaración Kast-Milei, pero esta se refiere a no consolidar actividades unilaterales de exploración y explotación de hidrocarburos y pesca. Venderles lechugas, vino o cemento a los isleños no es eso. Estirar ese compromiso al comercio civil convertiría una disputa entre Buenos Aires y Londres en un bloqueo económico contra Magallanes.

Además, hay una doble vara. Las islas se abastecen hoy desde Montevideo y Argentina no le reclama nada a Uruguay, que también apoya su causa. Si lo que se le tolera a Uruguay se le reprocha a Chile, el argumento ya no es jurídico, sino político.

Chile cumple sus tratados en su letra y en su espíritu. Por eso mismo puede exigir que nadie lea en ellos obligaciones que no contienen, ni pretenda decidir desde fuera con quién comercian sus ciudades.

Francisco Castañeda

Investigador Centro de Política Internacional, U. Central