Investigan venta de 33 bienes de Valledupar por $31 millones: una Toyota Prado 2013 habría sido rematada en $2'500.000 millones y equipos oficiales

La venta de 33 bienes que pertenecían al municipio de Valledupar, por un total de 31 millones de pesos, quedó bajo investigación de los organismos de control. La operación, que incluyó maquinaria pesada, camionetas oficiales y 15 motocicletas, es objeto de cuestionamientos por el valor asignado a los activos y por las condiciones en las que se adelantó el proceso contractual.

EL TIEMPO conoció que la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar contra funcionarios por establecer de la Alcaldía de Valledupar, con el propósito de esclarecer posibles irregularidades en la comercialización de los bienes públicos. Entre los aspectos que revisará están los avalúos utilizados para establecer los precios, las autorizaciones requeridas y la participación de los funcionarios responsables de las distintas etapas de la operación.

La controversia tomó fuerza luego de las denuncias del exconcejal Jhon Carpio, quien cuestionó que un lote cuyo avalúo de referencia ascendía a 3.072 millones de pesos terminara vendido por una suma equivalente a cerca del 1 por ciento de ese monto.

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Uno de los casos que concentró la atención es el de una camioneta Toyota Prado TXL modelo 2013, que, según la denuncia, fue comercializada por $ 2'500.000. Carpio sostuvo que la guía de precios de Fasecolda ubica vehículos de ese modelo en un rango de entre 126 y 184 millones de pesos.

El exconcejal también señaló que el documento de avalúo habría fijado en cero pesos el valor comercial de los 33 bienes y utilizado una fórmula de salvamento equivalente al 1 por ciento como referencia para establecer el precio base. Según su interpretación, ese cálculo no representa el valor de mercado de los activos ni permite establecer cuánto podrían obtenerse por su aprovechamiento.

La denuncia comprende, además de la camioneta, maquinaria como excavadoras, motoniveladoras, retroexcavadoras y vibrocompactadores, así como vehículos de las marcas Toyota y Nissan y 15 motocicletas.

Un solo oferente y cambios en las condiciones de participación

Los cuestionamientos del exconcejal no se limitan al precio de venta. Carpio también puso en duda las condiciones de participación en el proceso identificado como SAEB-SGR-001-2026, en el que, según su denuncia, se presentó un único oferente.

Uno de los puntos señalados tiene que ver con la visita de inspección a los bienes. De acuerdo con la versión del exconcejal, la Alcaldía respondió inicialmente que asistir a esa diligencia sería un requisito habilitante para participar. Sin embargo, una hora después habría publicado un pliego de condiciones en el que la visita aparecía como voluntaria.

Para Carpio, esa modificación habría cambiado las condiciones bajo las cuales debía evaluarse al único proponente. Su cuestionamiento consiste en que, si se hubiera mantenido la exigencia inicialmente comunicada, el participante no habría cumplido ese requisito.

Otro aspecto que pidió revisar fue la limitación de la convocatoria a microempresas del departamento del Cesar. Según la denuncia, esa condición fue solicitada por la misma empresa que terminó obteniendo la adjudicación y habría restringido la participación de interesados de otras regiones.

El exconcejal también cuestionó la experiencia acreditada por la compañía ganadora. Señaló que su registro mercantil reportaría ingresos por cero pesos y puso en duda cómo pudo demostrar la experiencia requerida y asumir el pago de los 31 millones de pesos de la operación.

Estos señalamientos hacen parte de los asuntos que deberán contrastarse con los documentos contractuales y las explicaciones de la administración. La indagación disciplinaria de la Procuraduría busca establecer si hubo actuaciones irregulares de servidores públicos y si se comprometió el cumplimiento de las normas que rigen la enajenación de bienes estatales.

La autorización del Concejo, otro frente de controversia

La oportunidad en que se tramitó la autorización del Concejo de Valledupar también generó cuestionamientos. Según Carpio, la corporación aprobó las facultades para la venta casi un mes después de que el proceso hubiera sido adjudicado.

El asunto provocó reparos entre algunos concejales. Jesús Perpiñán manifestó que los integrantes de la corporación fueron convocados a deliberar sobre una autorización sin que, según su interpretación, se les hubiera advertido que las actuaciones sometidas a consideración podrían haberse ejecutado previamente.

Por su parte, el concejal Jorge Luis Arzuaga cuestionó el procedimiento y calificó lo ocurrido como una novatada y una muestra de desenfreno administrativo.

Frente a esos señalamientos, el secretario General de Valledupar, Eudes José Orozco aseguró que el trámite se desarrolló dentro de los tiempos legales. Su explicación es que la adjudicación se produjo antes, pero la firma del contrato quedó supeditada a que el Concejo otorgara las facultades correspondientes.

El secretario agregó que el proyecto de acuerdo presentado a los corporados contemplaba la formalización contractual de los bienes que ya habían sido dados de baja. Por esa razón, considera que la diferencia está en la interpretación del alcance y el momento de la autorización.

“El proceso se adjudicó, pero solo se firmó hasta tanto el Concejo entregara las facultades”, sostuvo Orozco.

La discusión deberá establecer si la autorización otorgada por la corporación cumplió los requisitos legales y si fue suficiente para respaldar la operación en los términos en que se desarrolló.

Contraloría, Procuraduría y Fiscalía, ante el caso

La controversia también llegó a otros escenarios de control. Carpio anunció que presentaría los hallazgos ante la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, además de radicar un derecho de petición para solicitar explicaciones sobre el procedimiento.

La Procuraduría ya abrió una indagación preliminar para establecer quiénes participaron en las decisiones relacionadas con la venta y si existen elementos que permitan determinar eventuales responsabilidades disciplinarias.

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La revisión incluye la legalidad de los avalúos, las autorizaciones administrativas y las actuaciones de los funcionarios que intervinieron en la comercialización de los 33 activos. El organismo deberá establecer si hubo una falta disciplinaria y, de ser así, identificar a los posibles responsables.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación ya había iniciado una investigación penal por estos hechos, según la información divulgada sobre el caso. Esta actuación busca establecer si las circunstancias de la venta podrían tener relevancia desde el punto de vista penal.

En paralelo, el debate sobre un eventual detrimento patrimonial dependerá de la valoración técnica de los bienes, las condiciones en que fueron entregados y el precio efectivamente recibido por el municipio.

Uno de los puntos centrales será determinar si la metodología de salvamento utilizada era adecuada para el estado real de los activos y si el procedimiento garantizó condiciones de transparencia, pluralidad y protección de los recursos públicos.

Por ahora, la Alcaldía sostiene que la venta se ajustó a la normativa y que el precio correspondió al valor residual de bienes retirados del servicio. Los organismos de control deberán establecer si esa explicación tiene respaldo en los documentos técnicos, administrativos y contractuales o si existieron irregularidades en la disposición de los activos municipales.

La Alcaldía defiende el avalúo y habla de vehículos sin aseguramiento

Ante los cuestionamientos, el secretario General de Valledupar, Eudes José Orozco, defendió la legalidad de la operación y explicó que los bienes habían sido retirados del servicio porque no podían continuar amparados por las compañías aseguradoras.

El funcionario sostuvo que la antigüedad de los automotores, los daños estructurales y las modificaciones no autorizadas pueden impedir que una aseguradora expida o mantenga una póliza. En esas circunstancias, explicó, la administración debe adelantar el procedimiento correspondiente para dar de baja los vehículos y disponer de ellos.

La Alcaldía fundamenta el precio de la operación en el concepto de salvamento. Según Orozco, el hecho de que los bienes tengan un valor institucional de cero pesos para el municipio no significa que carezcan de cualquier posibilidad de aprovechamiento económico.

“El avaluador manifiesta que si bien el precio institucional de los bienes para el municipio es de cero pesos, no significa que no pueda tener un precio operativo de salvamento”, explicó el secretario.

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De acuerdo con su versión, el valor residual se calculó tomando como referencia el 1 por ciento del valor comercial. Esa metodología, según el funcionario, responde a las condiciones de los activos dados de baja y al riesgo que asumiría un comprador particular al adquirir vehículos que ya no podían circular bajo las condiciones de aseguramiento exigidas al municipio.

Orozco también defendió que la administración no podía mantener en operación automotores sin cobertura de seguros, debido a los riesgos que esa situación representaba para la entidad.

La explicación de la Alcaldía contrasta con el cuestionamiento central de Carpio: si los bienes fueron valorados bajo una metodología de salvamento, debe establecerse si el procedimiento y el precio resultante se ajustaron a las condiciones técnicas y jurídicas aplicables a la disposición de patrimonio público.

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