El ministro Jaime Andrés Bernal pidió un debate sobre la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, tras el caso de Ana Lucía González

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán Martínez, pidió a través de sus redes sociales que Colombia retome el debate sobre la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, luego del hallazgo del cuerpo de Ana Lucía González Mendoza, de 9 años, en una alcantarilla, en el sur de Bogotá.
La menor fue encontrada sin vida el martes 15 de septiembre de 2026 en una alcantarilla del barrio Juan José Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar. De acuerdo con los primeros reportes divulgados por las autoridades, el dictamen inicial de Medicina Legal apuntó a una muerte violenta por asfixia mecánica.
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“Llegó la hora de que Colombia empiece a hablar de nuevo sobre la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños”, expresó el alto funcionario en una publicación.

Beltrán también extendió un mensaje de respaldo a los familiares de la menor y señaló que “como padre de familia es muy doloroso seguir conociendo casos tan aberrantes como el de la pequeña”.
El pronunciamiento ocurrió después de que las autoridades capturaran a Shenner José Rojas Lárez, ciudadano venezolano señalado como presunto responsable de la desaparición y muerte de la niña. La detención se produjo el miércoles 16 de septiembre, después de que investigadores reconstruyeran parte del recorrido que hizo la víctima entre el municipio de Mosquera, Cundinamarca, y Bogotá.
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La Fiscalía General de la Nación informó de manera preliminar que el detenido sería presentado ante un juez por los delitos de homicidio agravado, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años, mientras continúan las diligencias judiciales.
Tras la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de la República, se ha empezado a aclarar el panorama jurídico de las condenas perpetuas, en especial, por delitos y crímenes contra menores de edad.
El presidente, de hecho, ha sido abiertamente partidario de la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Con esa realidad, desde el Congreso ya están emergiendo propuestas. En agosto de 2026, la representante a la Cámara Nataly Vélez, de Cambio Radical, radicó un proyecto de acto legislativo que busca permitir la prisión perpetua revisable para adultos condenados por homicidio doloso y delitos sexuales graves contra menores de edad.
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La iniciativa plantea modificar el artículo 34 de la Constitución y establece que, tras 20 años de prisión efectiva, un juez deberá revisar de oficio la condena. Esa evaluación no implicaría la libertad automática del condenado, pues dependería del cumplimiento de las condiciones que fije la ley.
El proyecto responde a la Sentencia C-294 de 2021, con la que la Corte Constitucional declaró inexequible una reforma anterior sobre cadena perpetua. Vélez sostuvo que el nuevo texto busca atender las objeciones del tribunal mediante revisión judicial, control automático de la sentencia y mecanismos de resocialización.
La información recopilada por las autoridades en Colombia busca establecer los antecedentes de Rojas Lárez, tras su captura por su presunta relación con la desaparición y muerte de Ana Lucía González.
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De acuerdo con datos conocidos durante la investigación por El Tiempo, Rojas Lárez es oriundo de La Guaira, Venezuela, y residió durante un tiempo en Maicao, La Guajira, antes de trasladarse a Bogotá. Las autoridades indagan sus actividades en esas ciudades y verifican si registra procesos judiciales previos en su país de origen.

El nombre del capturado apareció en una consulta preliminar de bases de datos venezolanas asociada a un caso de hurto. Sin embargo, los investigadores aún deben determinar si ese registro corresponde al detenido o a otra persona con el mismo nombre.
También se conoció que Rojas Lárez figura en un proceso de familia relacionado con la patria potestad. Fuentes citadas por el medio indicaron que el señalado, a quien algunos allegados conocían como ‘El Negro’, tendría familiares o conocidos en Ibagué que podrían aportar información sobre su conducta antes de su llegada a Bogotá.
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