Maricarmen llevaba 71 años en su casa y un día su alquiler pasó de 500 a 2.650 euros. El problema de fondo: la renta antigua

María del Carmen Abascal, "Maricarmen", ha sido desahuciada este miércoles de su piso de Madrid, en pleno Retiro. Ella tiene 87 años y llevaba 71 años allí. La comisión judicial ha ejecutado su desahucio tras tres intentos: este el primero contra el que ya no cabía recurso. Cientos de personas acamparon durante la noche frente a su portal y la Policía Nacional cargó desde las 7:00 horas para despejar el acceso, expulsando también a la prensa que cubría el desalojo.

El fondo Urbagestión reclamaba subirle la renta de 500 a 2.650 euros, después de ganar en el Tribunal Supremo por un tecnicismo: su discapacidad del 50% se queda quince puntos por debajo del umbral que le habría dado el derecho a quedarse de por vida. Horas antes del desalojo, la empresa rechazó también la oferta de una escritora anónima dispuesta a pagar esa diferencia de por vida. Su pensión apenas supera los 1.000 euros. Y la clave de todo: renta antigua.

Qué es la renta antigua. Los contratos firmados antes del 9 de mayo de 1985 se rigen todavía por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, con las modificaciones de la LAU de 1994. Y la madre del cordero, su rasgo distintivo, es la prórroga forzosa. Es decir, el propietario debe renovar el contrato indefinidamente mientras viva el inquilino.

La ley de 1994 limitó ese privilegio a dos subrogaciones tras la muerte del titular original. La primera, al cónyuge, sin plazo. La segunda, a un hijo que conviviera con él, dura solo dos años o hasta que cumpla 25, lo que sea posterior, salvo que tenga una discapacidad igual o superior al 65%, en cuyo caso el contrato se extingue con su muerte. El Decreto Boyer de 1985 ya había eliminado la prórroga forzosa para los contratos nuevos, pero no tocó los anteriores a esa fecha. En España quedan unos 125.000 contratos de este tipo.

Desahucios en cifras. En el primer trimestre de 2026, España registró 4.005 desahucios. Cerca de dos tercios de los desalojos (2.600 en el primer trimestre) se deben al impago del alquiler bajo la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que los derivados de impagos de hipotecas sumaron 971. Observando la última década, la curva es descendente. Por ejemplo, el CGPJ registró 6.960 lanzamientos en el segundo trimestre de 2025 en toda España, un 11,6% menos que un año antes, aunque un 76% seguían derivando de la Ley de Arrendamientos Urbanos, no de impagos de hipoteca.

El caso de Maricarmen. Su padre firmó el arrendamiento en 1956, cuando el régimen franquista no permitía a las mujeres suscribir contratos. A su muerte se subrogó la madre; al fallecer esta, en 2005, Maricarmen pasó a ser la segunda subrogada, con la renta actualizada por IPC más el IBI. Ahí está el nudo legal: tiene reconocida una discapacidad del 50%, quince puntos por debajo del umbral que le habría dado el derecho a quedarse de por vida. En 2018, la finca se vendió a Renta Corporación, uno de los grandes grupos inmobiliarios españoles. Pero esta es solo la primera parte.

En 2020 le ofrecieron comprar el piso por 250.000 euros; no pudo asumirlo con su pensión. La propiedad pasó entonces a Urbagestión Desarrollo e Inversión S. L., que a finales de ese año planteó subirle la renta a 1.650 euros, sobre una pensión de 1.450. Ella se negó y el litigio llegó a los tribunales: el juzgado de primera instancia le dio la razón, la Audiencia Provincial la revocó y el Tribunal Supremo confirmó el fallo hacia la propiedad en marzo. Hasta ayer mismo pagó 500 euros; Urbagestión reclamaba 2.650, una subida del 275%.

Quién está detrás. Urbagestión Desarrollo e Inversión S. L. está administrada por Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes, titulares de más de una docena de sociedades en los sectores agroalimentario e inmobiliario. Los pisos del bloque de Maricarmen, ya reformados, se alquilan hoy a más de 2.500 euros mensuales. La empresa defiende que la ley no permite una segunda subrogación en las mismas condiciones (el Supremo lo ratificó). El Ministerio de Vivienda reconoce que Maricarmen es una víctima de la especulación inmobiliaria y sostiene que Urbagestión aceptó antes una mediación con su abogada a la que finalmente no se presentó.

La oferta. Horas antes del último intento, una escritora que prefiere mantener el anonimato se ofreció a cubrir la diferencia entre los 500 euros que pagaba Maricarmen y los 2.650 que reclamaba la propiedad, de por vida. Esto, al parecer, lo trasladó el Sindicato de Inquilinas de Madrid al abogado de Urbagestión, que ya se había desentendido antes de un intento del Ministerio de Vivienda por comprar el piso a través de Casa 47. La empresa rechazó también esta oferta y "cualquier otra negociación", según denunció el sindicato horas después.

Ya en el portal, la abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, pidió sin éxito un plazo de entre quince días y un mes para dejar la vivienda “de forma digna”, y que al menos, ya iniciado el lanzamiento, dieran una hora para recoger pertenencias: la propiedad respondió que solo podía llevarse lo personal, y que el resto se lo enviaría a la dirección que indiquen. Pero ella no puede facilitar esa dirección porque aún no tiene dónde ir. También le han ofrecido un albergue y, viendo que no tiene dónde dormir esta misma noche, un primo se ha ofrecido a acogerla durante unos días.

Implicados. El primer lanzamiento se frenó por movilización vecinal; el segundo y el tercero, por recursos legales sobre los plazos del artículo 704 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que exige un mes de margen cuando el inmueble es vivienda habitual. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU pidió suspender el desalojo hasta encontrar una alternativa habitacional; el juzgado no accedió. Por la concentración de esta madrugada pasaron Ana Belén, Juan Diego Botto, Carlos Bardem, Marwán e Inés Hernand. 

Con más de 300 personas en la calle según el Sindicato de Inquilinas de Madrid, la Policía Nacional cargó para despejar el portal desde primera hora y apartó también a la prensa; el sindicato denunció empujones y golpes durante la intervención. La comisión judicial llegó a las 9:30 y ejecutó el desalojo una hora después. El Ayuntamiento de Madrid sostiene que Maricarmen rechazó las alternativas habitacionales que le ofrecieron. El sindicato lo contradice y responde que ninguna administración proporcionó una salida digna.

Dónde se producen los lanzamientos. Cataluña, Andalucía, la Comunidad Valenciana y Madrid concentran la mayoría. De hecho, un juzgado madrileño admitió por primera vez una querella colectiva contra Elix Rental Housing, por presunto acoso inmobiliario a los vecinos de Tribulete 7, en Lavapiés; el mismo fondo amenaza ahora con desahuciar a la cooperativa Ecosol. En Chamberí, los vecinos de Gaztambide 37 se enfrentan al fondo Palau y Manfredi. En Barcelona, Blanca, una mujer de 78 años, fue desahuciada por una deuda de 88 euros pese a la moratoria vigente para personas vulnerables. Y en Torremolinos, uno de los municipios andaluces con más lanzamientos, la presión de un desahucio se relacionó este año con el suicidio de un vecino octogenario.

Y ahora qué. En lo judicial, la vía ordinaria está agotada: tras el fallo del Supremo solo queda el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, con un argumento que empieza a circular entre sus defensores: que el desahucio naciera dela citada ley franquista que impedía a las mujeres firmar contratos es la razón de que su madre nunca constara como titular original. En paralelo, cabe volver al Comité DESC de la ONU o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque ninguno frena un desalojo ejecutado.

El Ayuntamiento le ofreció plazas de alojamiento de emergencia a través de Servicios Sociales, que ella rechazó porque no suponen quedarse en su barrio, sino a unos 30 km en una residencia, por aproximadamente 1.400 euros al mes y respetando los plazos de la lista de espera. Entretanto, el Sindicato de Inquilinas lleva desde octubre pidiendo una reforma que blinde los casos de renta antigua que sobreviven en España, sin respuesta ni de la Comunidad de Madrid ni del Ayuntamiento. Urbagestión, mientras tanto, amenazó con querellarse contra el propio sindicato por la defensa pública del caso.

Imágenes | Pexels (Antonio Filigno, Leandro Paes Leme)

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