El ministro de Justicia, Iván Cancino, denunció que recibió la cartera con sistemas hackeados: la Fiscalía ya tiene las pruebas

Los trámites relacionados con sustancias controladas, las licencias de cannabis y algunas comunicaciones con las comisarías de familia estuvieron entre las actividades afectadas por los problemas informáticos que encontró Iván Cancino al asumir el Ministerio de Justicia. Para evitar que la operación de la entidad se detuviera, el equipo tuvo que acudir a procedimientos manuales y al trabajo desde casa.

El ministro aseguró que la cartera recibió sus sistemas hackeados y que las dificultades no habían comenzado pocos días antes de su llegada. Según explicó, existían advertencias desde enero que no recibieron la atención necesaria. La situación, afirmó, todavía persiste, pese a las medidas adoptadas para enfrentarla.

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Cancino se refirió al caso en una entrevista incluida en la serie ‘Protagonistas de la Patria Milagro’, presentada por la Presidencia de la República. Allí sostuvo que el ataque limitó el acceso a herramientas y servicios del Ministerio y que las autoridades ya pusieron el caso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

“Con un Ministerio hackeado no tenía acceso a muchas cosas. Y lo más preocupante era que las noticias venían de tiempo atrás, no como habían dicho que había sido solamente unos días antes. Había unas advertencias que venían desde principio del año, desde enero y que por no darle la trascendencia y la importancia llegamos a tener un problema muy serio, que además todavía persiste aunque ya tomamos todas las medidas, toda la colaboración, y ese hecho tiene alguna posible connotación delictiva”, declaró el ministro en la entrevista.

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Entre las áreas que registraron dificultades, Cancino mencionó la Dirección de Política de Drogas, encargada de expedir licencias para empresas que requieren determinadas sustancias en sus actividades. También señaló afectaciones en los trámites de licencias de cannabis y en algunas líneas de comunicación con las comisarías de familia.

La falta de acceso a distintos sistemas obligó a buscar mecanismos alternativos para sostener las tareas habituales. Según el ministro, el trabajo manual y remoto permitió que las funciones continuaran y que el Ministerio no suspendiera su operación mientras atendía la contingencia. “Ya se denunció y la Fiscalía ya recaudó toda la evidencia y esperemos que en próximos días dé resultado de qué fue lo que pasó porque fue de mucha gravedad”.

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Cancino sostuvo que el episodio podría tener implicaciones penales. Por esa razón, explicó, se presentó la denuncia y se entregaron los elementos disponibles para que la Fiscalía establezca qué ocurrió y determine si hubo responsables.

El ciberataque contra el Ministerio de Justicia se hizo público el 3 de agosto, durante los últimos días del gobierno de Gustavo Petro. En ese momento, la entidad confirmó que había sido víctima de un ataque con un virus tipo ransomware, que comprometió parte de su infraestructura tecnológica y afectó la disponibilidad de varios servicios digitales.

La explicación de Cancino se conoce mientras se divulgan denuncias sobre presuntas irregularidades en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante la administración anterior. Entre los señalamientos figuran posibles actividades de espionaje a expresidentes e intentos de interferir en procesos electorales, además de cuestionamientos por contrataciones tecnológicas.

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El pasado fin de semana fue capturado Carlos Andrés Oyola Tovar, funcionario de esa entidad durante el gobierno anterior. Su detención se suma a las denuncias sobre posibles malos manejos en la DNI, expuestas en un expediente de 26 páginas elaborado en julio de 2026 y conocido por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol.

En ese documento, una fuente mencionada planteó que la entidad habría participado en posibles planes de espionaje a exmandatarios, intentos de interferencia en procesos electorales y contrataciones tecnológicas irregulares. Esos señalamientos deberán ser esclarecidos por las autoridades.

El expediente también recogió versiones sobre el alcance de esas supuestas actuaciones y describió posibles decisiones internas que habrían comprometido el uso de recursos y herramientas de la entidad. La información fue conocida por el medio citado a partir del documento fechado en julio. Por ahora, los hechos mencionados allí se mantienen como denuncias y señalamientos, no como responsabilidades establecidas judicialmente en contra de funcionarios.