Gremio encarga estudio para evaluar si es viable la libre movilidad de los afiliados entre las isapres

Desde hace más de una década que se ha hablado en Chile de que es necesario hacer una reforma al sistema de isapres, pero nada de eso ha ocurrido. Uno de los principales desafíos del sector, en el marco de este debate, es cómo lograr la libre movilidad de los afiliados dentro de las isapres.

En los últimos años son varias las propuestas que han surgido en esa línea: una de las más recurrentes es la idea de crear un Fondo de Compensación de Riesgos, con el objetivo de repartir el riesgo en salud entre los actores del sistema privado y así mitigar los efectos que hoy genera en los afiliados la práctica de la selección de riesgos. Pero no es la única herramienta posible para lograr ese objetivo.

En ese contexto, y dada la magnitud de un eventual cambio de este tipo, la Asociación de Isapres encargó un estudio técnico de factibilidad para determinar si la libre movilidad interisapres es viable y, de ser así, bajo qué condiciones podría implementarse de manera sostenible, analizando, además, los efectos de eventuales cambios en esta materia, señalan quienes han conocido detalles de la iniciativa que impulsa el gremio.

La expectativa es que dicho estudio, en base a datos, análisis, y proyecciones, determine si esta transformación es posible, técnica y financieramente, dada la realidad actual del sistema de isapres. En todo caso, es un análisis exploratorio antes de tomar decisiones y hacer cualquier propuesta, puntualizan personas con conocimiento del asunto.

En el sector reconocen que hoy no se cuenta con evidencia suficiente, desarrollada y aplicada a la realidad chilena, que permita determinar con certeza si es posible implementar algo por el estilo. Por eso se trata de un estudio exploratorio que busca aportar antecedentes técnicos y fundados a la discusión.

Con ese objetivo es que encargaron hacer este estudio a tres destacados expertos del sector, de distintas nacionalidades, para tener un análisis con diferentes puntos de vista y expertise. Ellos son el economista chileno Ricardo Bitrán, el holandés Wynand van de Ven y el estadonidense Randall P. Ellis.

Bitrán es especialista en salud, con 40 años de trayectoria como consultor, asesor de políticas públicas, investigador y académico. El doctor en Economía de la Salud de la Universidad de Boston, MBA en Finanzas y magíster en Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, ha trabajado en Estados Unidos y más de 40 países, asesorando en financiamiento y reformas de sistemas de salud, análisis del mercado sanitario, evaluación económica de nuevas tecnologías médicas y proyectos de inversión pública y privada.

Por su parte, Randall P. Ellis es uno de los economistas de la salud más reconocidos internacionalmente en las áreas de financiamiento de la salud, competencia regulada entre aseguradoras y sistemas de compensación de riesgos. Es profesor de Boston University, tiene un magíster en la London School of Economics y un doctorado en Economía en el MIT.

Ellis es uno de los principales arquitectos de los modelos de ajuste de riesgo utilizados en Estados Unidos para definir los pagos a los planes en Medicare Advantage, los planes de medicamentos Medicare Parte D y los mercados de seguros de la Affordable Care Act.

Mientras que Wynand van de Ven es considerado uno de los principales referentes mundiales en compensación de riesgos y competencia entre aseguradoras de salud. Es profesor de Erasmus University Rotterdam y obtuvo su doctorado en la Universidad de Leiden con una tesis sobre seguros de salud y econometría. Por más de 40 años ha asesorado a gobiernos y organismos como el Banco Mundial y la OMS, participando en reformas de salud en Chile, Irlanda, Israel, Nueva Zelanda, Polonia, Sudáfrica y Suecia.

Hace algunos años, Wynand van de Ven colaboró en un estudio que realizó la Superintendencia de Salud en Chile, durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, llamado “Propuesta de un Fondo de Compensación de Riesgos para Chile: modelo y resultados en el sistema privado de salud”, publicado en noviembre de 2021.

La reforma que no llegó

Las isapres sortearon la crisis por la que atravesaron tras el fallo de la Corte Suprema, por la aplicación de una nueva tabla de factores, gracias a la ley corta que se aprobó en 2024. Pero los problemas de fondo que tiene el sistema para las personas desde hace más de una década no han cambiado.

Por eso, en el marco de la ley corta de isapres, el gobierno anterior del expresidente Gabriel Boric se comprometió a ingresar un nuevo proyecto de ley para hacer mejoras al sistema. Ese proyecto buscaba eliminar las preexistencias en el sistema de isapres y establecía que las aseguradoras deberán ofrecer un plan común de salud, sin diferencias de precio por edad, sexo o condiciones preexistentes. Estas últimas son definidas por las autoridades como cualquier enfermedad, patología o condición de salud conocida por el afiliado y diagnosticada médicamente antes de firmar el contrato, las que dejarían de ser motivo para negar cobertura o restringir el acceso.

El proyecto de ley finalmente no prosperó y no ha sido reactivado durante este gobierno. Igualmente, desde las isapres estiman que esa iniciativa tenía una serie de problemas, asunto que ya habrían socializado con las nuevas autoridades, según comentan fuentes con conocimiento de las conversaciones, para que en caso de que se quiera reactivar un proyecto de este tipo, se consideren importantes cambios.

Las isapres ven al menos cinco problemas principales en esa iniciativa ingresada por el anterior gobierno al Congreso. Uno es que para que los usuarios se puedan cambiar libremente entre isapres se necesitaría un mecanismo que lo permita, como un fondo de compensación de riesgos. Como segundo punto, plantean que al menos una primera etapa debería ser solo entre isapres y no incluir a Fonasa.

En tercer lugar, creen que no es adecuado que el proyecto establezca que exista una tarifa plana independiente de la edad, ya que encarecería el precio para las personas jóvenes, lo que significaría una barrera de acceso al sistema. Como cuarto punto, argumentan que como el proyecto de ley plantea que el cambio al nuevo sistema sería voluntario, aquello generaría que solo se cambien aquellos que paguen menos y que se podrían quedar en el antiguo sistema quienes tengan los planes más caros.

Por último, mencionan que el proyecto obliga a que haya un plan único, con una sola red de prestadores por isapre, lo que disminuye la posibilidad para que cada persona elija qué plan y qué prestadores prefiere.