Adolescentes de alta peligrosidad tendrían módulos especiales: Gobierno propone reformar el sistema de responsabilidad penal juvenil
El Gobierno planteó ante el Congreso una modificación del sistema de responsabilidad penal para adolescentes que contempla un régimen diferenciado para quienes sean considerados de alta peligrosidad. La propuesta forma parte del pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo y apunta a establecer medidas específicas dentro de los centros juveniles.
La iniciativa incorpora una clasificación de los adolescentes según su edad, la gravedad de la infracción cometida y el perfil criminológico. Con este esquema, los casos vinculados con delitos graves o posibles nexos con organizaciones criminales tendrían un tratamiento distinto respecto de quienes cumplen medidas socioeducativas por infracciones de menor gravedad.
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El planteamiento también busca reducir el riesgo de que adolescentes ingresados por distintos tipos de infracciones entren en contacto con estructuras delictivas durante su permanencia en los establecimientos. Para ello, se contempla la creación de módulos especializados con mayores controles y vigilancia.
El Ejecutivo vinculó esta propuesta con la necesidad de reforzar la rehabilitación y la reinserción social. El nuevo esquema incluiría medidas de seguimiento individual y programas destinados a facilitar el acceso a educación, salud y empleo después de la salida de los centros juveniles.
La modificación propuesta al Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes establece una separación según las características de cada caso. Los adolescentes que hayan cometido infracciones graves o presenten perfiles asociados con organizaciones criminales serían derivados a espacios con medidas reforzadas de seguridad.
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El objetivo planteado por el Gobierno consiste en evitar que estos adolescentes compartan los mismos espacios con otros jóvenes que cumplen medidas socioeducativas por infracciones menores o que no registren antecedentes relacionados con actividades delictivas previas a su retención.
La clasificación propuesta también busca establecer condiciones distintas dentro de los centros juveniles de acuerdo con la situación de cada adolescente. La edad, la gravedad de la infracción y el perfil criminológico formarían parte de los criterios para determinar el régimen correspondiente.
La propuesta contempla además cambios en las medidas de rehabilitación. Entre ellos figura la aplicación obligatoria del Plan de Tratamiento Individual (PTI), diseñado a partir de las características y necesidades particulares de cada adolescente.
El documento deberá considerar también el entorno familiar, social y educativo de cada caso. De acuerdo con el planteamiento del Ejecutivo, esta herramienta permitirá orientar las intervenciones durante el periodo de permanencia en el centro juvenil.
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La iniciativa incluye un refuerzo de los programas sociolaborales. Estos mecanismos estarán vinculados con la preparación para el retorno a la sociedad y con la generación de condiciones que permitan continuar estudios o acceder a oportunidades laborales.
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, sostuvo que la modificación normativa busca mejorar la respuesta estatal frente a organizaciones criminales que utilizan a menores de edad para actividades ilícitas.
“La misión de los centros juveniles es rehabilitar y reinsertar a los adolescentes a la sociedad, pero muchas veces esto no se cumple y los menores son captados por bandas criminales, convirtiéndolos en delincuentes de alta peligrosidad. Esto tiene que parar”, indicó.
Según la propuesta, la separación de adolescentes de acuerdo con su nivel de riesgo permitiría evitar contactos que puedan favorecer procesos de captación dentro de los establecimientos. La medida forma parte del conjunto de cambios solicitados mediante las facultades legislativas.
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Las cifras citadas por el Ejecutivo corresponden al Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva (RENADESPPLE) del Ministerio Público. Entre enero y mayo de este año, el registro contabilizó 2.640 adolescentes de 14 a 17 años retenidos en flagrancia.
El mismo registro reportó 41 menores de entre 10 y 13 años intervenidos bajo medidas de protección durante ese periodo. Cerca del 90 % del total de casos correspondió a varones.
Estos datos fueron incorporados como parte del contexto para la propuesta de modificación del régimen aplicable a adolescentes en conflicto con la ley. El planteamiento legislativo también incluye medidas posteriores al egreso, con acompañamiento orientado al acceso a educación, salud y empleo.
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