Cambian las reglas para garantizar medicamentos y servicios de salud no financiados con la UPC: regirán desde el 7 de diciembre

El Ministerio de Salud anunció que el lunes 7 de diciembre de 2026 comenzará la aplicación integral de las nuevas reglas para gestionar medicamentos, tecnologías en salud y servicios complementarios no financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Los cambios están contemplados en la Resolución 1816 de 2026, que actualiza los procedimientos utilizados por los diferentes actores del sistema de salud.

La medida modifica las disposiciones relacionadas con el acceso, la prescripción, el suministro, la verificación, el control, el pago y el análisis de información de estas tecnologías y servicios. Su implementación involucra a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), los proveedores, los gestores farmacéuticos y los profesionales de la salud que intervienen en estos procesos.

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A menos de un mes de la entrada en vigor integral de la regulación, la cartera recordó que hasta el 6 de diciembre continuarán aplicándose los procedimientos establecidos en las Resoluciones 740 y 2622 de 2024. El periodo de transición permitirá que las entidades completen las adecuaciones necesarias para trabajar bajo las nuevas disposiciones.

La cartera de Salud también informó que realizará ajustes en la plataforma MIPRES, herramienta utilizada por los profesionales de la salud para registrar determinadas prescripciones médicas. Estas modificaciones estarán acompañadas de pruebas y capacitaciones para preparar su funcionamiento de acuerdo con los procedimientos actualizados.

Uno de los componentes centrales de la implementación será la adaptación de los sistemas de información y de los procesos internos de las entidades responsables. Las EPS y demás entidades encargadas del aseguramiento deberán preparar sus procedimientos para atender las nuevas disposiciones, mientras que las IPS y los profesionales de la salud tendrán que disponer de las condiciones técnicas y operativas para registrar las prescripciones mediante MIPRES.

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Por su parte, los proveedores y gestores farmacéuticos deberán adecuar sus procesos de suministro y reporte de información sobre las tecnologías entregadas a los usuarios. Estos ajustes buscan que los registros permitan hacer seguimiento a las prescripciones y comprobar las entregas realizadas.

Entre los cambios contemplados en la resolución 1816 también se encuentra la verificación de la capacidad económica de los afiliados del régimen contributivo en los casos de prescripción excepcional de tecnologías excluidas de la financiación con recursos públicos. Para las situaciones previstas en la norma, las EPS deberán realizar esta evaluación dentro de las condiciones y los plazos establecidos, incluido un término máximo de tres días desde el registro de la prescripción en MIPRES.

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Esta verificación hace parte de los procedimientos que deberán aplicar las entidades para gestionar las solicitudes de tecnologías que se encuentran por fuera de la financiación habitual del sistema.

Otro aspecto contemplado en la actualización normativa es la distinción entre el direccionamiento de una tecnología en salud y su suministro efectivo. Se trata de dos momentos diferentes dentro del proceso de atención: el primero corresponde a la asignación o indicación del proveedor encargado de atender la solicitud, mientras que el segundo se refiere a la entrega material del medicamento o a la prestación del servicio requerido.

Esta diferenciación tiene implicaciones en los registros de información que deben realizar los actores del sistema. La asignación de un proveedor no equivale a demostrar que el paciente recibió el medicamento o accedió al servicio prescrito. Por esa razón, los procedimientos actualizados contemplan que la información permita acreditar el suministro o la prestación efectivamente realizada.

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La regulación también comprende los mecanismos de verificación y pago, así como el análisis de los datos relacionados con las prescripciones y las entregas. Estos procedimientos permitirán fortalecer la trazabilidad de las tecnologías en salud y disponer de información para hacer seguimiento a las obligaciones de los diferentes responsables.

Mientras se completa la implementación de las nuevas disposiciones, las EPS, las IPS, los proveedores y los demás actores del sistema deberán avanzar en los ajustes tecnológicos, administrativos y operativos sin afectar la atención de los pacientes.

En su comunicación, la cartera hizo énfasis en que la transición no puede representar obstáculos para las personas que necesitan medicamentos, tecnologías en salud o servicios complementarios. Por tanto, las entidades responsables deberán mantener la prestación de los servicios y evitar que los cambios en sus procedimientos internos retrasen las atenciones.

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“El Ministerio recuerda que las EPS y demás actores del sistema deben garantizar la continuidad de los tratamientos y la atención de los pacientes durante la transición, evitando que los ajustes administrativos o tecnológicos se conviertan en barreras de acceso a los servicios de salud”, indicó la entidad.

La cartera también adelantará las adecuaciones de MIPRES y las actividades de prueba y capacitación necesarias para que la herramienta funcione bajo los parámetros de la Resolución 1816 de 2026.