El apoyo a la democracia se recupera en América Latina mientras el Estado pierde legitimidad
Latinobarómetro cumplió 30 años monitoreando la región y sus datos de 2026 muestran un 52% de apoyo a la democracia, cifra que se mantiene estable respecto de 2024, cuando la región recuperó cuatro puntos porcentuales tras el piso histórico de entre 48% y 49% registrado entre 2018 y 2023. El informe, basado en 19.207 entrevistas cara a cara realizadas en 17 países entre el 7 de mayo y el 17 de junio de 2026, documenta una región donde la adhesión al sistema democrático convive con un rechazo creciente hacia el desempeño del Estado.
La investigación identifica siete alternancias electorales entre 2024 y 2026 —Panamá, Uruguay, Bolivia, Chile, Honduras, Perú y Colombia— que modificaron el mapa político regional en menos de dos años. Según el documento, 11 de los 18 países de la región pasaron a ser gobernados por la derecha en ese período, mientras la izquierda solo ganó en Uruguay y gobierna en cuatro países en total.
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El respaldo a la democracia varía de manera considerable según el país. Argentina encabeza la lista con 73% de apoyo, seguida por Uruguay (64%), Costa Rica y Chile (63% cada uno). Venezuela también registra 63%, un dato que el informe califica de paradójico dado que ese país vive bajo una dictadura.
En el extremo opuesto se ubica Guatemala, con apenas 35% de apoyo a la democracia, seguida por Brasil (41%), Honduras (42%) y Ecuador (43%). El documento señala que estos países registran veinte puntos porcentuales menos que los primeros de la lista, lo que lleva a cuestionar la pertinencia de hablar de “la democracia en América Latina” como un fenómeno homogéneo.
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El informe destaca además que los países donde la izquierda fue reemplazada por la extrema derecha en 2026 registraron los mayores incrementos: en Colombia el apoyo a la democracia subió 10 puntos porcentuales, en Perú 9, en Honduras 6 y en Chile 2. Son los pueblos de la región, en palabras del documento, los que “han aprendido a utilizar” la alternancia en el poder como “el instrumento de la democracia” para deshacerse de gobernantes que no cumplieron sus promesas.
Uno de los hallazgos centrales del informe es el deterioro sostenido en la percepción sobre el desempeño estatal. En 2026, solo un 26% de los latinoamericanos considera que el Estado ha hecho “mucho o algo” por ellos, frente a un 73% que sostiene lo contrario. La brecha se amplió 10 puntos porcentuales respecto de 2011, cuando el porcentaje de insatisfechos era de 63%.
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El documento vincula directamente este deterioro con el declive del respaldo democrático registrado desde la década de 2010. El Salvador es el país donde más ciudadanos perciben que el Estado ha actuado en su favor, con 52%, mientras que Panamá y Guatemala comparten el último lugar con apenas 14%.
Solo dos países mejoraron esta percepción entre 2011 y 2026: El Salvador, que pasó de 40% a 52%, y Chile, de 29% a 39%. En contraste, Uruguay perdió 20 puntos y Panamá, 36 puntos porcentuales en el mismo período, justamente los dos países donde el apoyo a la democracia cayó tras la última alternancia.
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La insatisfacción se replica en los servicios públicos concretos. La satisfacción con la educación pública cayó de 55% en 2011 a 40% en 2026. Los hospitales públicos pasaron de 46% de satisfacción en 2009 a 28% en 2026, mientras el sistema judicial se desplomó de 33% a 22% en el mismo lapso. La policía fue la institución que menos retrocedió, de 35% a 30%.
El informe mide también cuán indispensables consideran los ciudadanos a los pilares institucionales de la democracia. Las elecciones son el elemento con mayor legitimidad: un 74% de los latinoamericanos sostiene que sin ellas no puede haber democracia, muy por encima de los partidos políticos (55%), el parlamento (59%) y la oposición.
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Los partidos políticos sufrieron la mayor caída de legitimidad entre 2013 y 2023, cuando pasaron de 58% a 44% de ciudadanos que los consideraban indispensables, con una recuperación posterior a 50% en 2024 y 55% en 2026. En materia de confianza institucional, el panorama es aún más crítico: todas las instituciones medidas, con excepción de la Iglesia (63%), registran una confianza inferior al 50%. Los partidos políticos ocupan el último lugar, con apenas 15% de confianza ciudadana.
La desconfianza en el sistema de partidos tiene su correlato en la representación parlamentaria. En 2015, un 70% de los latinoamericanos declaraba no sentirse representado por el parlamento; en 2026 esa cifra trepó a 76%. El país donde mejor se percibe esta representación es El Salvador, que de todos modos no supera el 35%.
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Corrupción y candidatos con causas judiciales
El informe subraya que las acusaciones y condenas por corrupción dejaron de ser un obstáculo para acceder a la presidencia en varios países de la región. Los casos de Panamá, Perú y Honduras ejemplifican este fenómeno, según el documento, que además precisa que la percepción de avance en el combate a la corrupción se mantiene estable “con vaivenes” en aproximadamente un tercio de la población a lo largo de tres décadas.
El texto menciona el caso de Keiko Fujimori, investigada por corrupción durante años y con juicio oral abierto desde 2024, cuyo caso fue sobreseído por el Poder Judicial peruano en junio de 2026, casi al mismo tiempo que se celebraba la segunda vuelta electoral del 7 de junio, en la que resultó electa presidenta con una diferencia de apenas 49.000 votos sobre un universo de 18 millones de votantes.
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En Argentina, el informe recuerda que la oposición de Cristina Fernández, condenada a seis años de prisión por corrupción bajo la modalidad de arresto domiciliario, constituye “quizá el caso más excepcional de la región”, en momentos en que ella continúa saludando a sus partidarios desde el balcón de su residencia.
El documento advierte que el fenómeno revela un patrón regional: “los pueblos quieren al menos tener la ilusión de que la soberanía reside en ellos” a través de elecciones, incluso cuando desconfían de los partidos y las instituciones que las organizan. Esa demanda explica, según el informe, la reacción generalizada ante el anuncio de Daniel Ortega, dictador de Nicaragua, quien declaró en junio de 2026: “Aquí no volverá a haber elecciones”.
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El informe identifica un crecimiento sostenido de las actitudes favorables a gobiernos no democráticos si estos resuelven problemas concretos. La proporción de latinoamericanos que afirma que “no importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si resuelve los problemas” pasó de 44% a 52% entre 2002 y 2026.
Nueve países superan el 50% en esta medición. Paraguay encabeza el listado con 71%, seguido por Honduras (69%) y El Salvador (62%). El documento precisa que estos son, precisamente, los países donde el apoyo a la democracia registra las mayores caídas.
Cerca de un tercio de los ciudadanos de la región considera que la democracia puede funcionar sin partidos políticos ni congreso, mientras que solo un 22% sostiene que puede prescindir de elecciones. El informe atribuye las mayores debilidades democráticas a los países de Centroamérica.
Uno de los hallazgos más singulares del informe es la falta de consenso ciudadano sobre la naturaleza de ciertos regímenes. Un 41% de los latinoamericanos califica a Estados Unidos como una dictadura o régimen autoritario, una cifra que el documento considera “sorprendente” dado que ese país cuenta con instituciones como la Corte Suprema capaces de contradecir decisiones del Poder Ejecutivo.
Los países que menos califican a Estados Unidos como democracia son gobernados por la izquierda: México (31%) y Brasil (39%). En cambio, quienes más lo consideran una democracia son Venezuela (67%) y República Dominicana (61%). El informe interpreta estas respuestas como un posicionamiento ideológico frente al gobierno de Donald Trump, antes que una evaluación institucional objetiva.
El documento también señala que existe ambigüedad similar respecto de El Salvador, calificado como “la dictadura más joven de la región”, lo que indica que “la agenda no lo califica como tal unánimemente” y que la información que reciben los ciudadanos sobre la naturaleza de ese régimen “no es inequívoca”.
El informe registra una disminución general en la percepción de la presencia del crimen organizado donde viven los encuestados: de 35% en 2020 a 29% en 2026. Sin embargo, el comportamiento no es uniforme entre países.
En Ecuador, Bolivia, Panamá, Perú, Paraguay, Honduras y República Dominicana —integrantes de lo que el documento denomina “El Escudo de las Américas”— la mención a la presencia de crimen organizado aumentó entre 2020 y 2026. En cambio, disminuyó en Colombia, Costa Rica, Chile, Argentina y El Salvador, país donde la caída fue la más pronunciada: de 41% en 2020 a apenas 9% en 2026.
La preocupación ciudadana por ser víctima de un delito, que había caído hasta un mínimo de 55% en 2020, repuntó a 60% en 2026, según los datos del informe.
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