Minería ilegal y violencia en Ucayali: Esta es la advertencia de un senador tras fuerte mensaje que dio el Papa León XIV

Jorge Velázquez, senador de Fuerza Popular y exgobernador de Ucayali, afirmó que una nueva norma para la pequeña minería solo podrá contener la actividad ilegal si el Estado dispone controles efectivos, sanciones y decisión política para ejecutar la ley. El legislador vinculó el debate sobre la formalización minera con el mensaje del papa León XIV en la Amazonía peruana, donde reclamó protección ambiental, paz y justicia para las comunidades afectadas por delitos vinculados con economías ilegales.
Durante la visita del pontífice, más de 100.000 personas participaron en una misa en Ucayali, según sostuvo Velázquez. El senador señaló que León XIV pidió resguardar los recursos de la Amazonía, promover una convivencia sin violencia y asumir responsabilidades frente a la degradación ambiental. Para el exgobernador, esas advertencias se relacionan con problemas que afectan a comunidades indígenas y poblaciones alejadas de los centros urbanos.
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Velázquez destacó que el papa condenó la minería ilegal y los asesinatos de dirigentes indígenas que defienden sus territorios. También mencionó un sillón utilizado por el pontífice durante la ceremonia, elaborado por internos de un penal de Ucayali. El legislador presentó ese objeto como una muestra de las capacidades productivas que, según planteó, deben recibir respaldo en la región.
El senador afirmó que representantes indígenas han expresado su descontento ante la falta de respuesta judicial frente a los asesinatos y amenazas que enfrentan quienes protegen sus territorios. “Él ha reclamado eso, que se llegue prontamente a una justicia”, dijo Velázquez al referirse a la posición expuesta por el papa León XIV durante su paso por la Amazonía peruana.
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La falta de presencia estatal en zonas distantes también fue uno de los puntos de la entrevista. Velázquez sostuvo que esa ausencia facilita delitos contra mujeres, niñas y adolescentes en áreas atravesadas por actividades ilegales. Atribuyó al Ministerio de la Mujer, al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo la responsabilidad de atender las denuncias y sancionar a los responsables.
El legislador planteó que las instituciones deben ampliar su capacidad de intervención en comunidades de difícil acceso, donde las economías ilegales pueden imponer condiciones de control territorial. Según dijo, las denuncias por violencia sexual requieren una respuesta que no se limite a recibir declaraciones, porque las demoras en las investigaciones dejan a las víctimas expuestas a nuevas agresiones.
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La discusión sobre el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y una eventual ley para la minería artesanal ocupó una parte central de sus declaraciones. Velázquez evitó precisar qué herramienta permitiría diferenciar una nueva norma de los mecanismos que no lograron detener el crecimiento de la minería ilegal. Aun así, sostuvo que el punto decisivo no está únicamente en el texto de una ley.
“El problema, más allá de la norma, está en la decisión política”, afirmó el senador. A su juicio, una regulación pierde eficacia cuando su ejecución queda sujeta a cálculos políticos o intereses particulares. Por ese motivo, reclamó una actuación coordinada del Ministerio Público, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
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Velázquez propuso que la futura regulación combine mecanismos de formalización, generación de empleo, crecimiento económico y protección ambiental. También planteó que quienes se nieguen a ingresar a un programa de legalidad sometido a controles estatales enfrenten sanciones. Para el legislador, el Estado debe distinguir entre quienes buscan regularizar su actividad y quienes utilizan ese proceso como cobertura para continuar fuera de la ley.

Consultado por los cuestionamientos a Fuerza Popular por su respaldo a normas relacionadas con la ampliación del Reinfo, Velázquez respondió que su bancada buscará “poner orden” mediante fiscalización. Señaló que esa posición se ajusta a la línea que, según indicó, expresó Keiko Fujimori sobre la necesidad de enfrentar la informalidad y las actividades ilegales.
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Antes de definir una estrategia, añadió, las autoridades deben establecer en qué lugares operan las organizaciones ilegales, quiénes participan y si sus integrantes pertenecen a las comunidades locales o llegaron desde otras zonas. Velázquez describió a Ucayali como la segunda región más extensa del Perú y sostuvo que allí confluyen problemas asociados con el narcotráfico y la minería ilegal.
El exgobernador afirmó que las fronteras regionales cuentan con 28 hitos sin control. Mencionó intervenciones de la Marina de Guerra en zonas cercanas, como Puerto Inca y Pichis, aunque aclaró que esos puntos pertenecen a regiones vecinas. La extensión territorial y la falta de vigilancia, según indicó, dificultan las tareas de prevención y persecución del delito.
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Velázquez aseguró que, durante su gestión como gobernador regional de Ucayali, entre 2007 y 2014, no existían operaciones de minería ilegal con maquinaria pesada como las que hoy afectan a comunidades indígenas. Situó el aumento de esas actividades entre 2016 y 2017, cuando, de acuerdo con su versión, comenzaron a llegar personas procedentes de Madre de Dios y de otras regiones.
El senador reconoció que la actividad ya mostraba señales de expansión en ese período, aunque sostuvo que la mayor concentración estaba entonces en Madre de Dios. “No había esas máquinas gigantes. Ahora sí lo hay”, afirmó al describir el avance de equipos pesados y sus efectos sobre el ambiente y las poblaciones cercanas a los ríos y bosques amazónicos.
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Sobre su paso por el gobierno regional, Velázquez señaló que las competencias y los recursos disponibles eran limitados. Indicó que su administración impulsó acciones vinculadas con cultivos alternativos, salud y educación. También sostuvo que el actual Gobierno, que lleva 100 días, recién comienza a preparar políticas para enfrentar los problemas relacionados con la minería ilegal, el narcotráfico y la ausencia estatal en zonas rurales.

La entrevista incluyó referencias a la investigación por el alquiler del hotel Petitas 2, en Pucallpa, para el funcionamiento de oficinas del gobierno regional. Velázquez negó tener una sentencia vigente y afirmó que las indagaciones fueron archivadas porque no reunieron elementos suficientes para iniciar un proceso penal en su contra.
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El legislador señaló que el caso se prolongó durante 13 años sin que se acreditara su responsabilidad por un delito. Según manifestó, esa situación demuestra las dificultades que enfrentan las investigaciones cuando las entidades no disponen de personal suficiente para tomar declaraciones y realizar diligencias dentro de plazos razonables.

Velázquez insistió en que el combate contra la minería ilegal exige una presencia estatal sostenida y capacidad para aplicar las normas vigentes. Su planteo coloca el foco en la fiscalización, las sanciones y el acceso a justicia en una región donde los reclamos de comunidades indígenas coinciden con las advertencias formuladas por el papa León XIV sobre la violencia y la devastación ambiental.
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