Desmarque de timonel de la UDI de reformas constitucionales en seguridad profundiza diferencias en la derecha

Con la megarreforma ya lista para ser ley, el plan del gobierno de José Antonio Kast es avanzar a paso firme con su agenda de seguridad. Pero con lo que no contaban en La Moneda era con el desmarque protagonizado por uno de los presidentes de partido de la alianza oficialista.
Este domingo, en entrevista con La Tercera, el timonel de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, sinceró que no está de acuerdo con avanzar en algunas modificaciones a la Constitución incluidas en un borrador elaborado por La Moneda, dado a conocer por este medio la semana pasada. “En las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”, dijo.
Las palabras de Ramírez en referencia a ese borrador, constituyen la primera gran diferencia entre el gobierno y la UDI, colectividad que se ha autoimpuesto el sello de ser la más leal dentro de la alianza de partidos que sustentan a la administración Kast.
“El problema está en establecer excepciones a la regla general en la Constitución, cuando esos son temas de la Ley Orgánica Constitucional. (En el borrador) se establece que no se entenderá como arbitrario los distintos regímenes carcelarios que puedan decretarse para los miembros del crimen organizado. Si tú pones eso en la Constitución, lo que estás haciendo es establecer un criterio que es legal en la Constitución y que transforma a la Constitución en un elemento extremadamente vulnerable”, justificó Ramírez.
Frente a la postura del diputado, el biministro Claudio Alvarado, quien también es militante UDI, respondió: “El debate es siempre bienvenido, pero estoy convencido que el dilema no es si tenemos que elegir entre seguridad e institucionalidad, lo que en realidad necesitamos es seguridad con institucionalidad”.
En ese sentido, el titular de Interior y de la Secretaría General de Gobierno agregó: “La reforma constitucional, precisamente, forma parte de la preocupación de seguridad del Ejecutivo, preocupación que es demandada y apoyada por la ciudadanía. Nuestra invitación desde el gobierno, entonces, es a debatir en torno a cómo construimos una política de seguridad eficaz, duradera y constitucionalmente sólida. Chile necesita recuperar con decisión la seguridad y darle al Estado mejores herramientas para enfrentar al crimen organizado. En eso no existen dos opiniones”.

Para más complejidad del asunto, no todos en el gremialismo respaldan la postura del timonel del partido. El vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI), enfatizó que “un borrador es solo un borrador. No generemos una polémica cuando no conocemos el detalle de la reforma y de las leyes que se implementarán en Chile con respecto a la seguridad”.
“No generemos, sobre todo en el oficialismo, una situación de esta naturaleza (...). Tenemos que estar unidos en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Lo que hay que hacer es que el proyecto llegue a la sala”, añadió el senador.

Por su parte, el diputado de la misma tienda política, Eduardo Cretton, intentó aclarar los dichos de Ramírez. Planteó que “la UDI ha sido el partido que más ha colaborado con sacar adelante la agenda legislativa del gobierno (...). Lo que ha planteado el presidente del partido es que hay legítimas dudas respecto del borrador de reforma constitucional que se ha conocido, sobre todo en temas de discriminación arbitraria”.
Y sostuvo: “Esas dudas no surgen de un capricho, surgen del compromiso que ha tenido la UDI con la Constitución vigente y con la institucionalidad. A mí no me cabe ninguna duda que el ministro (Martín) Arrau va a recoger esas inquietudes y vamos a construir una buena reforma”.
Pese a las aclaraciones desde la UDI, en el Partido Republicano hubo críticas hacia la postura de Ramírez. El presidente de esta colectividad, Arturo Squella, defendió la idea de que “este es el momento de enfrentarlo (al crimen organizado) con toda la fuerza del Estado”.
En tanto, el diputado Agustín Romero, también de esa colectividad, manifestó: “Me cuesta entender que quienes después del 4 de septiembre (de 2022) estuvieron dispuestos a reformar la Constitución para abrir un segundo proceso para reemplazarla completamente, y que además apoyaron bajar los quórums constitucionales, hoy sostengan que reformar la Constitución para fortalecer la seguridad y dar herramientas al Estado frente al crimen organizado pone en riesgo la institucionalidad”.
“Si la Constitución podía reformarse para reemplazarla completa por segunda vez, ¿cómo se le explica a la gente que no pueda reformarse para defender a los chilenos del crimen organizado y el terrorismo?”, indicó Romero.
Y Squella hizo un llamado a que “derechas, izquierdas y ambidiestros” se comprometan con “Chile y su futuro”. “Para combatir el crimen organizado, necesitamos toda la fuerza del Estado (...). Se deben tomar medidas drásticas”, enfatizó.
Las dudas del presidente de la UDI sirvieron para que desde la oposición tuvieran un argumento más para criticar la agenda de seguridad del gobierno de Kast. “Ir a reformar la Constitución ya levantó las críticas de la oposición, e incluso de la UDI. O sea, esto está mal hecho”, afirmó el senador Juan Luis Castro (Partido Socialista).

Mejor recepción
Donde las palabras del presidente de la UDI tuvieron una mejor recepción fue en los sectores más cercanos al centro del oficialismo. Por ejemplo, el senador independiente Matías Walker planteó que “establecer excepciones a derechos constitucionales, como la prohibición de discriminaciones arbitrarias y la protección de la esencia de los derechos, en la propia Constitución, genera un precedente nefasto”.
La semana pasada, Walker -quien integra la bancada de Evópoli y es uno de los votos clave del gobierno en el Senado- ya se había mostrado crítico de la reforma de La Moneda. “Es demencial lo que se está proponiendo”, cuestionó, lo que lo llevó a enfrentarse públicamente con Squella.
En tanto, la presidenta de RN, la senadora Andrea Balladares, señaló que “respaldamos con mucha fuerza la agenda de seguridad del gobierno y compartimos plenamente el objetivo: darle al Estado todas las herramientas necesarias para enfrentar al crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo. Pero una reforma constitucional tiene que hacerse bien. La Constitución no puede transformarse en un catálogo de medidas ni modificarse cada vez que enfrentamos un problema de política pública”.
“Justamente porque queremos que estas herramientas perduren, tenemos que construir normas sólidas, jurídicamente bien diseñadas y capaces de reunir una mayoría amplia. En seguridad necesitamos eficacia, no maximalismos. Firmeza contra los delincuentes y responsabilidad con nuestras instituciones”, agregó la timonel.
Desde RN, sin embargo, algunos tomaron distancia de los dichos del timonel de la UDI. El diputado Mauro González, quien integra la Comisión de Seguridad de la Cámara, dijo: “Como bancada le hemos hecho observaciones a la agenda de seguridad, pero esas observaciones se hacen de manera interna. Por ningún motivo abrir un flanco que dañe una agenda que es tan importante para el país”.
Mientras que desde el comité de senadores UDI, Gustavo Sanhueza se alineó con Ramírez y manifestó que “habría que hacer una revisión de los borradores, porque cualquier cambio debe hacerse con la máxima precisión para no provocar un debilitamiento constitucional”.
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