Atlántico: plastiqueras en Galapa tenían 14 transformadores ilegales y deudas por $2.700 millones: conexiones afectan servicio de familias vulnerables
En uno de los predios se encontraron ocho transformadores cuya capacidad energética podría abastecer a 700 familias durante un mes.
Durante las inspecciones fueron identificados 14 transformadores ilegales asociados a establecimientos dedicados al procesamiento y comercialización de plásticos. Foto: Air-e

PERIODISTAActualizado:
Mientras cientos de familias de la zona rural de Galapa, en el área metropolitana de Barranquilla, enfrentan dificultades con el suministro de energía, establecimientos dedicados al procesamiento y comercialización de plásticos operaban con transformadores instalados de manera ilegal y acumulaban millonarias deudas con Air-e Intervenida.
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La situación quedó al descubierto durante un operativo realizado por la empresa de energía, con el acompañamiento de la Policía Nacional y la Alcaldía de Galapa, en el sector de Las Petronitas, donde fueron identificados 14 transformadores ilegales vinculados a establecimientos conocidos como plastiqueras.
Los resultados de la intervención, divulgados por Air-e el pasado 9 de octubre, muestran la presión que ejercen algunas actividades industriales sobre las redes eléctricas de esta zona rural, donde también residen comunidades vulnerables que dependen de una infraestructura con limitaciones para atender la creciente demanda.
Según el informe de la compañía, durante la inspección fueron revisadas 14 plastiqueras y otros negocios, entre ellos tres centros recreacionales, dos trituradoras, una tapicería de muebles, una bloquera y una rosquitería.
La empresa advirtió que la elevada demanda de electricidad de estos establecimientos, sumada a la manipulación irregular de las redes, provoca sobrecargas y aumenta el riesgo de interrupciones del servicio que terminan afectando a los hogares del sector.
Deudas por $4.400 millones y suspensión del servicio
Uno de los hallazgos del operativo fue el monto de las obligaciones pendientes de pago que acumulan los establecimientos comerciales inspeccionados.
Operarios de Air-e Intervenida en el sector rural de Las Petronitas. Foto:Air-e
Air-e informó que suspendió el suministro eléctrico a 14 plastiqueras que registraban una deuda conjunta de 2.767 millones de pesos. Esta cifra representa el 62 por ciento de la cartera identificada entre los negocios intervenidos.
En total, las obligaciones de los establecimientos inspeccionados ascienden a aproximadamente 4.400 millones de pesos, de acuerdo con los registros de la compañía.
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Entre los casos reportados aparece la plastiquera La Esperanza, ubicada en el predio Arturo Ávila, que acumula una deuda cercana a los 659 millones de pesos.
La empresa no precisó cuánto tiempo llevan vencidas estas obligaciones ni si los establecimientos afectados han iniciado acuerdos de pago o presentado reclamaciones frente a los resultados de las inspecciones.
Ocho transformadores en un solo predio: energía para 700 familias
Uno de los descubrimientos que más llamó la atención de los técnicos se produjo en un predio donde funcionaban cuatro establecimientos comerciales: tres plastiqueras y una trituradora de piedra.
En ese lugar fueron encontrados ocho transformadores que, según Air-e, estaban instalados ilegalmente.
El municipio de Galapa se encuentra en el área metropolitana de Barranquilla. Foto:Archivo/EL TIEMPO
La compañía señaló que la capacidad energética identificada en el predio, estimada en 126.000 kilovatios hora, equivale al consumo mensual que podrían registrar hasta 700 familias.
Air-e explicó que el problema adquiere mayor gravedad porque estas actividades industriales se desarrollan en una zona considerada eléctricamente subnormal, donde la infraestructura de distribución presenta condiciones particulares y requiere controles para evitar fallas.
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El agente especial de Air-e Intervenida, Ramiro Castilla Andrade, advirtió que la expansión de la infraestructura eléctrica en Galapa podría resultar insuficiente si no se controla la instalación de conexiones clandestinas y la manipulación de las redes.
"En el caso de la zona rural de Galapa, el nivel de manipulación de las redes es bastante alto. Si bien es cierto que en tiempo récord construimos el nuevo circuito Juan Mina 3 y próximamente entrará en operación el circuito Caracolí 7 para el municipio, si no se controlan las conexiones ilegales volveremos a enfrentar los mismos problemas a corto o mediano plazo", afirmó el funcionario.
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