Corte Suprema aprueba política de IA: no se podrá usar para decidir casos ni valorar la prueba y, menos, fundamentar fallos

Fue el viernes cuando el pleno de la Corte Suprema culminó sus jornadas de reflexión y ese día la actividad terminó debatiendo sobre lo que será la primera política de uso de inteligencia artificial (IA) en el Poder Judicial.

Durante la mañana, la jornada de cierre contó con la exposición del académico Juan Domingo Velásquez, profesor titular del Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, quien abordó el impacto técnico y ético de estas herramientas en el ámbito judicial.

Luego de ese diálogo, los supremos deliberaron en torno a la propuesta elaborada por la Dirección de Estudios y el ministro Jean Pierre Matus, para avanzar hacia un Auto Acordado y una política institucional sobre el uso de la IA en el Poder Judicial.

Según fuentes del pleno, los ministros le dieron el visto bueno a la política de IA y prontamente la judicatura publicará el documento donde se podrá revisar la regulación al respecto. Ese lunes además se espera que la presidenta, Gloria Ana Chevesich, informe de este tema a los medios de comunicación.

La política viene a complementar la regulación inicial que está incluida en el Código de Ética Judicial que trabajó la ministra Adelita Ravanales y un oficio enviado en agosto por Matus y Chevesich a todas las jurisdicciones dando un marco “inicial que oriente la adecuada utilización de herramientas tecnológicas basadas en inteligencia artificial en el Poder Judicial”.

Quienes han visto la que será la primera política institucional de IA en la magistratura comentan que una de las novedades es que pasa de un modelo de uso individual de la IA a uno institucional.

Eso implica que tras la publicación de este documento, en el trabajo jurisdiccional y en los sistemas del Poder Judicial solo se podrán emplear los usos de IA autorizados por la Comisión de Tramitación Electrónica.

Esas autorizaciones analizarán en detalle para qué se puede usar esta herramienta, el tipo de información con la que se podrá trabajar y en qué condiciones. Más que la disponibilidad de alguna licencia o cuenta de IA, el peso estará en el uso específico que se autorice.

El documento que trabajaron los supremos define que la IA es un sistema que ayuda a inferir resultados en función de la información proporcionada. Por eso los magistrados dejaron fuera las plantillas, los modelos y, sobre todo, la automatización.

Otro de los temas que fue abordado por los supremos es la necesidad de garantizar la protección de información que no es pública. Por eso estará prohibido ingresar a herramientas de IA no autorizadas datos vinculados a proyectos de fallos o datos personales.

La política institucional también trae límites, es decir, ciertas funciones que nunca podrán ser autorizadas para hacerse con IA. Aquí viene un listado donde destaca en primer lugar que la tecnología no podrá decidir un caso, menos aún reemplazar la labor de valoración de la prueba, tampoco hacerse cargo de la fundamentación de resoluciones o sentencias.

Otro de los puntos exigidos en la política es que cualquier uso autorizado de IA siempre requerirá de revisión humana. Por eso es que lo que se permite son los usos instrumentales de apoyo a la función jurisdiccional, pero se proscriben explícitamente los usos sustitutivos. La idea es proteger que el que resuelva siempre sea el juez en base a su propio juicio.

Para evitar problemas, se ofrecerá una tabla para graduar los riesgos y un catálogo sobre los sistemas y usos autorizados.

Dado que este es un tema de constante evolución, se fijará un mecanismo de gobernanza. Para eso se instalará un Comité de IA, en el que habrá un supremo y representantes de las asociaciones gremiales. Esto irá combinado con un canal para que los integrantes del Poder Judicial propongan nuevas pruebas, usos o pilotos.