Departamento de Justicia de EEUU critica análisis a su lista de denuncias de voto no ciudadano

WASHINGTON (AP) — El Departamento de Justicia defendió el domingo la exactitud de una lista que, asegura, contiene los nombre de más de 20.000 presuntos extranjeros no ciudadanos que se encuentran registrados para votar en California y pidió a un juez federal que considere si un grupo defensor de los derechos de los inmigrantes y sus abogados deberían enfrentar cargos por desacato después de publicar un análisis de los nombres.

El juez federal James Boasberg permitió el viernes que la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA por su acrónimo en inglés) tuviera acceso a datos del gobierno federal sobre las 20.000 personas a las que el gobierno del presidente Donald Trump acusa de ser votantes no ciudadanos en California. Boasberg, con sede en Washington, D.C., ordenó a los demandantes que no dieran a conocer ninguno de los nombres incluidos en la lista y utilizar únicamente estos datos para sus argumentos sobre si tienen bases legales para impugnar la manera en que el gobierno federal hace uso de esta lista.

Los abogados del grupo defensor presentaron el sábado documentos judiciales en los que revelaron que, de acuerdo a su análisis, más del 40% de las personas incluidas en la lista no aparecen en los registros electorales del estado. También identificó a 22 personas que probablemente sean ciudadanos naturalizados, al tiempo que señaló que miles de ciudadanos parecían figurar en ella.

El Departamento de Justicia sostuvo el domingo en documentos judiciales que el análisis de CHIRLA no tenía nada que ver con los fundamentos legales para la demanda del grupo y, por lo tanto, era una violación a la orden de Boasberg.

“El alarde político del informe sobre supuestas imprecisiones que supuestamente afectan a los votantes de California en general, o las comparaciones entre la lista del gobierno y el ‘archivo electoral de California’ no tiene relevancia alguna para determinar si los demandantes específicos en este caso tienen fundamentos legales”, indicó.

El documento también insinuó que Boasberg debe remitir el asunto al Departamento de Justicia para que su investigación por un posible desacato penal al tribunal.

Alberto Lammers, portavoz del Proyecto de Derechos Electorales de la Universidad de California, campus Los Ángeles, que presentó el caso y analizó los datos para CHIRLA, señaló en un comunicado: “Los abogados de la parte demandante y sus expertos cumplieron plenamente con las órdenes del tribunal”.

En otro caso, el Departamento de Justicia también presentó el domingo una apelación a la decisión que la jueza federal Trina L. Thompson emitió la noche del viernes. En su fallo, la magistrada con sede en San Francisco le prohibió a la agencia que exija a las oficinas electorales del estado que retiren a posibles extranjeros no ciudadanos de los padres, separen sus papeletas o que amenace con posibles acciones legales. La dependencia sostiene que Thompson dictaminó antes de que el gobierno federal pudiera presentar sus argumentos iniciales.

Thompson programó la audiencia de apelación para el lunes.

Se trata de uno de varios casos en los que el gobierno federal ha perdido como parte de sus disputas relacionadas con presuntos extranjeros no ciudadanos registrados para votar. Un juez federal en California rechazó sus demandas para que funcionarios electorales del estado se vieran obligados a separar las boletas de estos votantes, señalando que este tipo de órdenes de último minuto podrían “sembrar el caos” en los comicios en toda la entidad. Dos jueces de apelación coincidieron con la decisión.

Los funcionarios electorales de California también sostienen que la lista está plagada de errores y que no tienen la manera de realizar el minucioso trabajo que exige la ley para retirar votantes de los padrones a pocos días de la jornada electoral. Durante el proceso de registro como votantes, las personas deben declarar que son ciudadanos de Estados Unidos, y corren el riesgo de ser procesados por un delito grave si sufragan siendo inelegibles.

El gobierno ha dicho que su lista se elaboró cuidadosamente a partir de los propios registros de votantes del estado y se comparó con registros federales de ciudadanía. El Departamento de Justicia emitió una serie de citaciones para oficinas electorales en California y advirtió a los funcionarios electorales que si permiten deliberadamente el voto de extranjeros no ciudadanos, entonces podrían enfrentar cargos penales.