Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba, debe devolver tierras de una ciénaga que es bien de uso público en el departamento

Una resolución de la ANT devolvió al Estado buena parte de tres predios del gobernador en la Ciénaga El Vidrial. Él asegura que compró de buena fe.

En la zona rural de Montería, entre potreros y caños que desembocan en el río Sinú, hay una ciénaga que desde hace casi cuatro décadas permanece en disputa. Se trata de El Vidrial, una ciénaga que tiene más de 255 hectáreas sobre la cual la Agencia Nacional de Tierras tomó reciente decisión sobre el uso que Colomba debe darle al bien. Según un acto administrativo firmado el 3 de junio de 2026, y como revela EL TIEMPO en esta publicación, buena parte de sus orillas terminó, con el paso de los años, registrada sin permiso a nombre de particulares. Entre esos nombres aparece el del actual gobernador de Córdoba, Erasmo Elías Zuleta Bechara.

Los secretos del expediente se encuentran en la resolución 202632000350876, la cual establece que la historia administrativa de la Ciénaga empieza en 1983, cuando el extinto Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) abrió un proceso de deslinde sobre ese cuerpo de agua. Cinco años después, en marzo de 1988, el mismo Incora expidió la Resolución 28, que fijó de manera definitiva los límites de la Ciénaga El Vidrial y la declaró bien de uso público. Es decir, un terreno que por su propia naturaleza no puede pertenecer a ningún particular. Esa decisión quedó en firme y, en teoría, cerraba cualquier discusión sobre a quién le pertenecía el agua y sus orillas.

El problema es que esa resolución de 1988 nunca se materializó del todo en el registro de propiedad, y hubo confusión sobre sus alcances reales con los cambios en la entidad, que luego pasaría a llamarse Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) (2003), y finalmente Agencia Nacional de Tierras (ANT) (2015). Durante años, distintos folios de matrícula inmobiliaria siguieron activos, se subdividieron, se vendieron y se heredaron como si fueran predios rurales normales, aunque en el papel siguieran superpuestos con el polígono de la ciénaga.

Solo hasta 2024 la ANT retomó el caso con series de resoluciones técnicas que reconstruyeron, con imágenes satelitales y cruces catastrales, exactamente qué parte de esos predios están dentro del agua y cuáles por fuera. La ANT, en total, analizó 66 folios de matrícula inmobiliaria activos vinculados al área. De ellos, 15 quedaron completamente dentro del polígono de la ciénaga. Es decir, el 100 % de su superficie es, jurídicamente, agua pública; otros 10 quedaron traslapados de forma parcial, con porcentajes que van desde el 17 % hasta más del 94 %; y 41 no tuvieron ningún traslape.

Sobre los primeros 15, la ANT declaró la "carencia de objeto": no hay nada que discutir, porque ya en 1988 se determinó que son bien de uso público. Sobre los 10 parciales, el trámite sigue abierto solo para la porción de tierra que queda fuera del agua.

Entre esos folios con traslape parcial aparecen tres que, según el propio texto de la resolución, están a nombre del gobernador Erasmo Elías Zuleta Bechara. El primero, identificado como folio 140-159758, tiene un traslape del 82,70 % con la ciénaga. El segundo, el 140-159759, queda cubierto en un 84,05 %. El tercero, el 140-172945, tiene una afectación menor, cercana al 18-19 % de su área total. Todo ello indica que en dos de sus lotes casi la totalidad es agua de la comunidad; y sobre el tercero, cerca de una quinta parte también es bien de uso público.

Es importante precisar qué significa esto en términos legales. La ANT no le quitó tierra a Zuleta en el sentido de expropiarlo de un predio que era legítimamente suyo. Lo que dice la entidad es que esa porción de terreno nunca debió salir del dominio del Estado, porque en 1988, mucho antes de que esos folios existieran, el Incora había determinado que hacía parte de la ciénaga. La resolución de 2026 no abre una discusión nueva sobre la propiedad. Al contrario, actualiza cuánta superficie de cada predio coincide con esa área ya definida como pública desde hace casi cuarenta años.

El caso de Zuleta no es el único. En los mismos anexos de la resolución aparecen folios a nombre de la familia Berrocal Fernández, de Luis Eduardo Berrocal Hoyos, de la sociedad El Coquito S.A.S. en liquidación, de SAR Inversiones S.A.S. y de otros propietarios o presuntos propietarios, algunos de cuyos predios también quedaron 100 % dentro del polígono. La Ciénaga El Vidrial, en otras palabras, es un caso típico de cómo un bien público terminó fragmentado entre docenas de folios privados a lo largo de varias décadas.

En julio de 2026, Noticias Uno publicó un reportaje en el que reveló que la ANT había declarado la Ciénaga El Vidrial como bien de uso público y señaló que el gobernador, su padre y su esposa figuran como propietarios de cuatro predios ubicados dentro de esa zona. La cifra de cuatro predios que menciona el noticiero coincide, al menos en parte, con los folios que el propio expediente de la ANT vincula al nombre de Zuleta, aunque el documento no detalla explícitamente cuáles de esos folios pertenecen a su padre o a su esposa.

En su momento, Zuleta salió a rechazar públicamente el reportaje y calificó lo ocurrido como "sicariato periodístico". Como parte de su respuesta, hizo públicas cuatro páginas de una solicitud formal de rectificación y aclaración que ya había enviado al medio a raíz de un informe previo, difundido el 27 de julio.

El argumento central de su defensa, en ese momento, es que el procedimiento de la ANT todavía no habría concluido y que, según su interpretación, no existiría una decisión definitiva que establezca que esos predios son bienes de uso público o baldíos. Zuleta, asimismo, ha insistido en que adquirió los terrenos de buena fe y con documentación en regla, y rechaza cualquier lectura que sugiera que se apropió irregularmente de tierras que no le correspondían.

Para los folios de traslape parcial, como los que están a nombre de Zuleta, la resolución explícitamente ordena que continúe el trámite de clarificación de la propiedad sobre el área “remanente”, es decir, sobre la porción que no coincide con la ciénaga. Eso le da pie al gobernador para sostener que, sobre sus predios en particular, no hay todavía un pronunciamiento final.

Contra esta resolución de junio procede el recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, que los interesados, incluyendo el propio gobernador del departamento, pueden presentar dentro de los diez días siguientes a su notificación. Eso significa que, jurídicamente, el capítulo administrativo del caso todavía no está cerrado. De hecho, los propietarios afectados, Zuleta incluido en cuanto a la porción de sus predios que sigue en trámite, pueden controvertir la decisión ante la propia ANT. Una entidad ahora dirigida por Lina María Garrido. Este diario se contactó con Zuleta, pero no obtuvo respuesta.

jhocot@eltiempo.com

@SebasCote95 en X

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