Ley de Sometimiento bajo la lupa: la asociación campesina del Catatumbo advierte riesgos de impunidad por rebajas de penas a grupos armados

Los beneficios judiciales previstos para los grupos armados y las garantías de las víctimas concentran las críticas de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) a la Ley de Sometimiento. La organización pidió a la Corte Constitucional revisar el contenido de la norma y el procedimiento que permitió su aprobación.

Junior Maldonado, integrante de Ascamcat, advirtió que algunos artículos podrían reducir considerablemente el tiempo de prisión para miembros de estructuras ilegales y afectar las garantías de las comunidades victimizadas. En entrevista con Caracol Radio, cuestionó que el proyecto hubiera tenido suficiente discusión legislativa y pidió examinar su trámite.

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“Hay cuestionamientos al trámite y vicios que se dieron para la aprobación de esta ley. Es una ley que en tiempo exprés no tuvo los debates necesarios para poderlo pasar y que hoy se sanciona y que va a entrar a control constitucional debido a los posibles trámites de vicios que se generaron”, afirmó.

A la asociación le preocupa que quienes se sometan a la justicia reciban una reducción del 50% de sus penas y accedan a subrogados penales, combinación que, según Maldonado, podría acortar notablemente la reclusión efectiva.

“Hay una situación en un articulado que señala primero la reducción del 50 % de las penas a las personas o grupos armados o bandas criminales que se acojan a este proceso. Significa darle lo que se ha dicho popularmente, gabelas, a las diferentes organizaciones armadas para que tengan una reducción de penas. Y con los subrogados penales, pues prácticamente una persona que tenga posiblemente condenas de 40 años o a 50 años, podría estar pagando lo que podría decir cuatro o cinco años con los subrogados penales”, manifestó.

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El reclamo de la asociación reúne dos discusiones que, para sus integrantes, no pueden separarse: las condiciones jurídicas que recibirían quienes decidan someterse y la protección que debe ofrecerse a las personas afectadas por sus actuaciones. Maldonado insistió en que el análisis de la norma debe considerar el impacto real de las rebajas y de los mecanismos que sustituyen o modifican la privación de la libertad.

A su juicio, el hecho de que una estructura armada manifieste su voluntad de acogerse al proceso no puede convertirse en una razón para dejar sin respuesta los hechos que cometió. Por eso, pidió que el control constitucional tenga en cuenta tanto las garantías procesales como los derechos de las comunidades que han sufrido la violencia.

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Ascamcat sostiene que el sometimiento debe garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas. Maldonado considera que la norma deja en segundo plano a las personas afectadas y puede debilitar el esclarecimiento de los hechos y la reparación.

“Si un grupo armado cometió una serie de hechos victimizantes, las víctimas no están en el centro de esta ley. Precisamente va a haber un manto de impunidad para las víctimas que pudieron ser afectadas por alguna estructura armada o banda criminal que se acoja a este proceso”, advirtió Maldonado.

También cuestionó la falta de espacios para que las víctimas y las comunidades campesinas expusieran sus observaciones durante el trámite legislativo.

“Yo creo que lo primero que hay que hacer es precisamente por el trámite de vicio que hubo, porque no hubo debates o en el Congreso pasaron a esta ley a pupitrazo, como se dice popularmente, pues ahí no hubo participación de las víctimas para dar su opinión”, señaló.

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El integrante de Ascamcat pidió que la Corte examine además los efectos de los beneficios en casos de violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Su petición busca que esos casos puedan revisarse y que el sometimiento de los responsables no impida a las víctimas reclamar sus derechos. La organización insiste en que cualquier mecanismo de acercamiento a la justicia debe contemplar las garantías de quienes padecieron la violencia.

“Yo creo que las víctimas lo que viene es que la Corte revise también los casos donde se hayan infringido, por ejemplo, violaciones al derecho internacional humanitario, donde se hayan infringido derechos humanos, pues que se pueda contemplar la revisión de esos casos para que no haya impunidad para las víctimas que tanto vienen exigiendo en el país”, concluyó.