La CIDH otorga medidas cautelares diez exiliados nicaragüenses en Costa Rica

San José, 24 sep (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó este jueves que otorgó medidas cautelares a favor de 10 exiliados nicaragüenses en Costa Rica, entre ellos al ambientalista Amaru Ruiz, y al director de la plataforma Darío Medios, Aníbal Enrique Toruño Jirón.

En su resolución, la CIDH explicó que decidió otorgar medidas cautelares en beneficio de los 10 exiliados nicaragüenses "tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable Costa Rica".

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Los beneficiados con esas medidas son el ambientalista Ruiz, Toruño Jirón y su familia, los periodistas Hanssel Manuel Vásquez Ruiz y Tania Jeanneth López Rodríguez, el político opositor Eliseo Fabio Núñez Morales junto a su núcleo familiar, y otro periodista nicaragüense con identidad reservada, quienes, según la CIDH, "se hallan en una situación de gravedad y urgencia de sufrir un daño irreparable a sus derechos".

Ruiz dirige la ONG ambientalista Fundación del Río, que en julio pasado presentó en Costa Rica un atlas en el que documenta que el Gobierno de Nicaragua ha cedido más del 10 % del territorio nicaragüense a empresas mineras chinas, incluyendo áreas protegidas, indígenas y/o afrodescendientes, para la exploración y explotación de minerales metálicos.

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Según la solicitud recibida por la CIDH, los beneficiados son nicaragüenses exiliados en Costa Rica que enfrentarían una situación de riesgo derivada de una alerta de seguridad sobre sus vidas, así como de amenazas y otros actos de violencia relacionados con la represión transnacional atribuida al Gobierno de Nicaragua.

Por su parte, el Estado de Costa Rica manifestó su respeto hacia el mecanismo de medidas cautelares y reconoció su función preventiva, anotó la Comisión.

Al respecto, la CIDH consideró que la información disponible refleja una actuación diligente, continua y de buena fe por parte de las autoridades costarricenses, así como la existencia de recursos institucionales efectivos para la atención de las situaciones planteadas.

Tras analizar las alegaciones, la Comisión estimó que los derechos a la vida e integridad personal de las personas beneficiarias están en grave riesgo en la medida que, sin dejar de valorar las acciones del Estado y la existencia de mecanismos institucionales de protección disponibles, no se tienen elementos que permitan confirmar que el riesgo haya sido efectivamente mitigado.

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Pese a la disponibilidad de mecanismos institucionales de protección, los beneficiados continúan enfrentando un riesgo que requiere la adopción de medidas de protección adecuadas a sus circunstancias particulares, agregó.

Por consiguiente, la CIDH solicitó a Costa Rica que realice una evaluación integral e individualizada del riesgo que tome en consideración las circunstancias particulares de cada beneficiado, las causas generadoras y las labores que desempeñan, a fin de definir los mecanismos de protección más adecuados, asegurando que dichas medidas sean eficaces e idóneas, de conformidad con los estándares internacionales aplicables.

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En ese sentido, concierte las medidas con los beneficiados, quienes deberán brindar su colaboración; y adopte, según corresponda y con base en la evaluación individualizada del riesgo, las medidas necesarias para garantizar que esas personas puedan seguir desempeñando sus labores en condiciones de seguridad en el país, recomendó.

Finalmente, informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución, y así evitar su repetición. EFE