Fletero del Cártel de Sinaloa se declara culpable de traficar metanfetamina y marihuana desde ciudades fronterizas hasta EEUU

Juan Hernández Ochoa, de 51 años y originario de México, se declaró culpable del delito de conspiración para distribuir metanfetamina y marihuana con fines de importación ilegal a Estados Unidos. El anuncio lo hizo este martes 20 de octubre la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, tras un proceso que arrancó con la extradición del acusado con apoyo del Gobierno de México.
De acuerdo con documentos judiciales, Hernández Ochoa trabajó entre 2015 y 2017 como distribuidor y transportista para diversos narcotraficantes del Cártel de Sinaloa.
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A quienes cumplen esta función se les conoce coloquialmente como “fleteros”, en referencia a quien mueve carga por encargo de terceros a cambio de un pago, sin necesariamente ocupar un puesto de mando dentro de la organización. El perfil de Hernández Ochoa, según los documentos judiciales, corresponde a esta figura operativa dentro de la logística de la organización criminal.
Su sentencia quedó programada para el 2 de febrero de 2027 y enfrenta una pena máxima de cadena perpetua, que determinará un juez de un tribunal federal de distrito tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.
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Las autoridades estadounidenses no detallaron con qué facciones específicas del cártel habría trabajado Hernández Ochoa, más allá de identificarlo como distribuidor y transportista para “diversos narcotraficantes” vinculados a la organización.
Hernández Ochoa empleó una red de asociados para transportar marihuana y metanfetamina desde ciudades fronterizas mexicanas hacia Estados Unidos. Para ello utilizó aviones privados, mensajeros, túneles, camiones semirremolque y vehículos con compartimentos ocultos, según los documentos judiciales presentados en el caso.
El comunicado no precisó los puntos exactos de cruce, aunque la mención a “ciudades fronterizas mexicanas” ubica la operación en la franja entre México y Estados Unidos, zona donde confluyen los principales corredores terrestres y aéreos usados por organizaciones de narcotráfico para introducir droga al territorio estadounidense.
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Autoridades estadounidenses detallaron que el fletero también coordinó el transporte de dinero en efectivo destinado a la compra de drogas, así como su repatriación desde Estados Unidos hacia México una vez concluidas las ventas en territorio estadounidense. Esta función lo colocó como una pieza logística dentro de la estructura financiera de la organización.
Se declaró culpable de transportar cientos de kilos de metanfetamina y decenas de miles de kilos de marihuana entre ambos países durante el periodo investigado. La declaración de culpabilidad correspondió de forma específica a la conspiración para distribuir 500 gramos o más de metanfetamina y mil kilogramos o más de marihuana con el propósito de importarlos a Estados Unidos, lo que agrava la pena bajo la legislación federal estadounidense.
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El Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia, afirmó que Hernández Ochoa “ya no podrá enriquecerse inundando nuestras comunidades con veneno gracias a los fiscales involucrados en este caso y a la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional establecida por el presidente Trump”.

Duva agregó que la declaración de culpabilidad “representa otro duro golpe para el Cártel de Sinaloa y las organizaciones criminales transnacionales que se lucran con la adicción, la violencia y la muerte”. El funcionario advirtió: “Nuestro mensaje es claro: no nos detendremos hasta desmantelar estos cárteles y llevar a sus líderes ante la justicia”.
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La agente especial a cargo Rebecca Day, de la oficina del FBI en Phoenix, señaló que “combatir el crimen violento, desarticular las organizaciones de narcotráfico y exigir responsabilidades a individuos peligrosos como el señor Hernández Ochoa sigue siendo una prioridad absoluta”. Day añadió que la investigación “pone de relieve la misión del HSTF, que incluye perseguir a los líderes de organizaciones criminales transnacionales y desmantelar las redes de narcotráfico, dondequiera que operen”. La agente concluyó que su oficina “continuará trabajando con sus socios para lograr resultados reales y significativos para sus comunidades”.
La oficina del FBI en Tucson llevó la investigación del caso. Los abogados litigantes Jayce Born, Michael Lang, Richard Greene y Kirk Handrich, de la Unidad de Narcóticos y Drogas Peligrosas de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos de la División Penal, quedaron a cargo del procesamiento.
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El proceso se enmarcó en la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés), establecida por la Orden Ejecutiva 14159. La HSTF es una alianza intergubernamental dedicada a eliminar cárteles criminales, pandillas extranjeras, organizaciones criminales transnacionales y redes de tráfico y contrabando de personas que operan en Estados Unidos y en el extranjero, con énfasis en los delitos que involucran a menores.
La Unidad de Narcóticos y Drogas Peligrosas tiene como misión eliminar el lucro del crimen, erradicar los cárteles de la droga y proteger el sistema financiero estadounidense. Para ello emprende acciones penales y de recuperación de activos contra facilitadores financieros, instituciones financieras, blanqueadores de dinero internacionales y la cúpula de las organizaciones internacionales de narcotráfico.
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